Emergencia política nacional

El Embajador del Uruguay ha acogido al Presidente García en su residencia y ha elevado a su Gobierno la solicitud de asilo político, que ha justificado en la extensa carta que le ha dirigido. El caso se estudia en el marco de la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Venezuela (marzo 1954).  El dictador Pérez Jiménez acababa de ser designado Presidente Constitucional por una asamblea constituyente. Odría, Rojas Pinilla, Stroessner, Trujillo, Somoza, Batista, Duvalier y otros autócratas nos oprimían, mientras Haya de la Torre pasaba años asilado en la Embajada de Colombia en Lima. Ese era el contexto en que se aprobó el tratado que regula la situación del ex presidente. Uno de sus artículos (VI) estipula que “Se entiende como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades”.  Después de lo ocurrido con Alva Castro (76 años), del descontrol de los piquetes anti y pro AGP frente a la sede uruguaya, y de que el colectivo Disolver convocara una marcha para “sacar al ex presidente” ¿no es probable que el Embajador considere invocar esa norma para recomendar el asilo?

El predicamento más grave que el Perú enfrenta ahora es político. Es la degradación de su imagen internacional y el prestigio del Estado de Derecho en que reposa la seguridad jurídica de la que dependen la inversión y el crecimiento económico. Si el asilo fuera otorgado, es posible que la percepción externa no coincida con la interna (contraria a García). Y si no lo fuese, la incertidumbre y la suspicacia seguirían flotando como espadas de Damocles sobre la prosperidad de los peruanos.

La democracia, reafirmada en cinco elecciones consecutivas, y la prevalencia del Derecho son vitales para el Perú y para su frustrado desarrollo como la nación pujante que quiere y puede ser.  El Presidente Vizcarra lo destacó en su inspirador discurso inaugural de hace nueve meses, ofreciéndonos una agenda positiva. Lo inició diciendo: “…lo que ha sucedido (vacancia de PPK) debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”.  Políticos y autoridades “tenemos la obligación de dar respuestas a las muchas necesidades, demandas y aspiraciones de cada uno de los peruanos, y no enredarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un grave daño al Perú”. Al plantear la refundación institucional señaló: “Sabemos que nuestro país debe ser más competitivo y generar empleo de calidad para todos (…) Por eso fomentaremos la inversión privada, la iniciativa de los emprendedores y apoyaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas. La construcción de infraestructura sostenible también será un pilar de nuestra gestión”. Esta fue vinculada enfáticamente al objetivo de que el país sea “más competitivo  y económicamente más justo en la distribución regional”. Y recordando el desastre del Norte, dijo “tenemos una reconstrucción pendiente, que es urgente emprender”.

La polarización maniquea y la crispación que bloquean el diálogo político están muy lejos de esos propósitos convocantes y alentadores, que han sido enterrados por los escándalos de corrupción y la debacle partidaria que han abierto el campo a enfrentamientos sin cuartel, a la justicia por TV, a las prisiones preventivas en serie y a fiscales y jueces que emulan al héroe de la judicatura brasileña Sergio Moro.

Vivimos un predicamento tan serio y amenazante para la nación que solo podría ser superado por el compromiso del Primer Mandatario. No tiene que innovar. Le bastaría invertir el valioso capital político que ha acumulado en la decidida renovación de su inspiradora agenda inaugural. Bien podría vivificar de nuevo la unidad y la reconciliación, que hoy parecen inalcanzables.