Elecciones empañadas e incertidumbre

Los resultados de esta primera vuelta electoral no han definido la conducción del Poder Ejecutivo, debido a que ningún candidato ha alcanzado más del 50 % de los votos. Por tanto, se requiere una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados para determinar quién ocupará la Presidencia de la República. Sin embargo, esta primera jornada sí ha definido la composición del Congreso de la República y del Parlamento Andino. En esa línea, solo resta que concluya el conteo oficial y se publiquen los resultados definitivos. Un hecho grave, ocurrido el 12 de abril —día de la votación—, es que, según fuentes oficiales de la ONPE, 63.300 ciudadanos no pudieron emitir su voto debido a que los materiales electorales no llegaron a sus centros de votación.

Resulta evidente que esta falencia acarrea responsabilidades no solo constitucionales, sino también penales, civiles y administrativas. Asimismo, podría haber alterado los resultados electorales, afectando de manera diferenciada a los candidatos según su distribución territorial de apoyo. La omisión habría perjudicado a aquellos con mayor respaldo en Lima Metropolitana y, en contrapartida, habría favorecido a quienes cuentan con mayor votación en regiones, especialmente en la sierra centro y sur. Este tipo de situaciones ya fue objeto de cuestionamientos en el proceso electoral de 2021, cuando se denunciaron anulaciones de votos en centros de votación de Lima Metropolitana. En aquella ocasión, el reclamo no prosperó debido a que la normativa vigente disponía la destrucción del material electoral. En el actual proceso, en cambio, la ley establece la conservación de los votos para eventuales verificaciones, lo que representa un avance normativo. No obstante, la imposibilidad de votar de 63.300 electores, nuevamente en Lima Metropolitana, plantea interrogantes sobre la reiteración de problemas similares.

A diferencia de lo ocurrido en 2021, en esta ocasión las reacciones ciudadanas y las acciones institucionales han sido más inmediatas. El Jurado Nacional de Elecciones dispuso la continuidad del proceso el 13 de abril de 2026 en aquellos locales donde no se pudo votar, ubicados en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, así como en dos circunscripciones electorales en el extranjero. Sin embargo, el impacto de esta decisión genera cuestionamientos. Los electores que votaron el día siguiente lo hicieron con conocimiento previo de los resultados a boca de urna y del conteo rápido, lo que podría haber influido en sus decisiones, tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria, bajo fenómenos conocidos como “voto útil” o “voto estratégico”.

En ese sentido, se pueden identificar varias implicancias. En primer lugar, los votantes del 12 y del 13 de abril no se encontraban en condiciones equivalentes: mientras los primeros sufragaron sin información previa consolidada, los segundos lo hicieron con mayores elementos de juicio, lo que podría afectar el principio de igualdad del voto y la simultaneidad del proceso electoral. En segundo lugar, esta situación podría haber tenido efectos en la composición del Congreso y del Parlamento Andino, así como en el desempeño de los partidos respecto de la valla electoral. En tercer lugar, no se advierte una reacción preventiva eficaz que hubiera evitado la contingencia, como auditorías logísticas el mismo día de la elección o la implementación de planes alternativos en zonas de riesgo, eventualmente con apoyo de las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, si la crisis logística fue detectada el mismo día, cabría preguntarse por qué no se adoptaron medidas como la suspensión temporal de la difusión de resultados hasta asegurar la instalación total de las mesas. La ausencia de tales acciones sugiere la falta de un plan de contingencia adecuado.

Persisten, por tanto, dudas respecto de si lo ocurrido responde a un error logístico o a un patrón reiterado de fallas que podrían beneficiar indirectamente a determinados actores políticos. Entre los elementos que alimentan estas interrogantes se encuentran, en primer lugar, la coincidencia geográfica de los problemas en distritos de Lima Metropolitana, ya observada en procesos anteriores. En segundo lugar, el hecho de que la empresa encargada de la logística en dichas zonas haya sido sancionada previamente por incumplimientos similares. En tercer lugar, la continuidad de autoridades responsables de procesos electorales anteriores cuestionados. Finalmente, resulta pertinente subrayar que el análisis de estas situaciones debe mantenerse al margen de alineamientos ideológicos: las irregularidades electorales constituyen un problema institucional que trasciende posiciones políticas.

Los hechos ocurridos los días 12 y 13 de abril de 2026 evidencian una tensión en el sistema democrático, en la medida en que afectan la confianza ciudadana en el proceso electoral. La alteración —ya sea por acción, omisión o negligencia— de las condiciones del sufragio incide directamente en la legitimidad de los resultados. En consecuencia, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de fiscalización, establecer con claridad las responsabilidades correspondientes en los ámbitos administrativo, civil, penal y constitucional, y aplicar las sanciones que correspondan. La preservación de la integridad del voto constituye un elemento esencial para la estabilidad democrática.