Giancarlo Peralta
El totalitarismo del terror
La ciudadanía está defendiéndose a través de sus Fuerzas Armadas

Los países desarrollados basan su crecimiento y bienestar en tres principios básicos: i) libertad de culto, ii) libertad Económica, iii) seguridad interna y externa.
En cambio, en los países totalitarios –como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Corea del Norte– los gobiernos se oponen a que sus ciudadanos profesen libremente su creencia en un ser superior porque su “nuevo” ente superior es el Estado, cuyos recursos sus dirigentes administran. Págale al “nuevo Dios” que sus dirigentes “comunistas” sabrán qué hacer por ti y por el conjunto de la sociedad a la cual perteneces. Finalmente, cuando toman el control del aparato estatal infiltran sus instituciones mediante el soborno o cohecho pasivo, tal como venía ocurriendo con el dirigente del Fenatep, fachada del Movadef y del maoísmo.
En los países que disfrutan de libertades los dirigentes valoran la libre iniciativa de sus ciudadanos para crear, creer y crecer. Además, son sociedades más evolucionadas, porque al creer en un ser superior, Dios, sus conductas se alinean en búsqueda de la perfección. Y cuentan con un referente valorativo que la ética teológica ubica en primer lugar.
Algunos opinan que no requieren de un Dios para ejercer una vida plena y acorde a las normas éticas, lo cual es cierto. Sin embargo, la creencia en un ser superior se constituye en un referente que históricamente ha servido para promover encuentros antes que conflictos. En el Perú, los cultos al Señor de Los Milagros, a la Virgen de Chapi, a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, entre muchos otros, constituyen una muestra de fe y religiosidad con manifestaciones públicas enormes que forman parte de la cultura de un pueblo devoto.
Por otro lado, la informalidad –que abarca al 80% de la actividad económica– demuestra que la mayoría de ciudadanos optan por la libertad más allá de las exigencias de la formalidad. Empero, en ningún caso se inclinan a favor de la violencia y menos el terror como mecanismo para imponer sus puntos de vista. Cuando en días pasados, los comerciantes de los emporios comerciales de Gamarra y Mesa Redonda –en Lima– corren a palos a los “manifestantes” de las huestes de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, adscritas a “Perú Libre”, lo que están comunicando es: “déjennos trabajar honrada y honestamente. ¡Ustedes no son el pueblo del Perú!”. Y, efectivamente, así es.
Pretender boicotear la campaña navideña, perjudicando a un trabajador informal o un microempresario puede representar la privación de los ingresos del día, que es con los que subsiste él y sus respectivas familias. Ante este atentado, los comerciantes defienden su derecho al trabajo que el terror intenta vulnerar. En los años ochenta Hernando de Soto tuvo éxito con su libro El otro sendero, porque interpretó el sentir de la población que trabaja en este sector. Y evidenció que nunca estuvieron a favor de los grupos terroristas que se atribuyen erróneamente la representación de la ciudadanía.
En consecuencia, los grupos subversivos que operan en el país –con diferentes caretas, membretes o fachadas– carecen de respaldo popular, y la única posibilidad que tienen de capturar el poder es ejerciendo la mentira, organizando fraudes electorales. Por eso capturan los organismos electorales con representantes afines a sus planteamientos, y distorsionan la verdad histórica. Como lo han hecho respecto a las muertes de más de 70,000 humildes personas en el período de violencia que ellos iniciaron y pretendieron imponer.
En esta guerra del terror, que busca imponer una única mirada del mundo, sin Dios y sin fe, ellos suelen repetir incesantemente que se están vulnerando los Derechos Humanos de los protestantes, lo cual es absolutamente falso. La ciudadanía está defendiéndose a través de sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La presidente Boluarte hace bien en delegar en las fuerzas del Estado la defensa de la ciudadanía. Y debe ser consciente de que la pérdida de vidas humanas –que lamentablemente ha ocurrido– son consecuencia de los violentistas y no de la acción del Estado.
Si por un minuto, las Fuerzas Armadas hubiesen respaldado a la familia delincuencial encabezada por Pedro Castillo, en la actualidad en el Perú no se hablaría de algunos muertos, sino de miles de personas pacíficas asesinadas por expresar su opinión públicamente. Hemos olvidado que en una manifestación pacífica de ciudadanos en la avenida Abancay, la caballería recibió la orden de avanzar en contra de los ciudadanos y atropellarlos. Ese es el talante de un gobierno que sustenta su poder en el terror y en la ideología comunista, desfasada y retrógrada.
Asimismo, debe ser consciente la presidente que para los grupos de izquierda alzados en armas la pérdida de vidas humanas tan solo significa el “costo social de su revolución”. Así que, Doña Dina, no se atemorice. Los Derechos Humanos son de todos los ciudadanos, inclusive de los delincuentes –efectivamente–, pero quien desea asumir una función de estadista tiene que optar entre quienes representan un peligro para la inmensa mayoría de ciudadanos y la ínfima minoría de quienes decidieron engrosar las filas del terror.
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