Berit Knudsen
El Tiempo es ahora
Es momento de tomar cartas en los temas del país
Lima alberga a peruanos de todos los rincones desde las migraciones, intensificadas en los años sesenta –luego del fracaso de la Reforma Agraria–, un proceso que continúa debido a la desigualdad de oportunidades. La zona rural en los años sesenta representaba el 60% de la población peruana, pero hoy ese sector está reducido al 20%. Muchos inmigrantes se convirtieron en emprendedores; pero la pandemia afectó a la población vulnerable de Lima, incrementando la pobreza en 11%; más que en las zonas rurales, en las que aumentó 4.9%.
El miedo y la inseguridad causó nuevos éxodos masivos en los años del terrorismo. Entre 1981 y 1993 sufrimos 26,618 atentados en todo el Perú, y un promedio de seis ataques aterrorizaban a la población diariamente, según informes del Ministerio del Interior. Sobre todo en la sierra rural más pobre, que sufrió el 55% de los atentados (10% en la costa, 4% en la selva y 31% en Lima).
La Comisión de la Verdad CVR lo denominó conflicto armado; pero eso fue terrorismo. Tiempos en los que la población vivía atemorizada por esas guerrillas vestidas de civil, niños soldados armados, financiados por el narcotráfico, concentrados en áreas de difícil acceso en la selva, sin un campo de batalla definido, con armas proporcionadas por sus aliados y concientizando con propaganda a las poblaciones pobres, que ellos mismos aterrorizaron, sojuzgaron y asesinaron. Esa guerrilla asimétrica, preparada durante 10 años por Abimael Guzmán y sus seguidores, rompió los esquemas de las fuerzas militares profesionales, que tuvieron que luchar contra milicias sin uniforme, mimetizadas con los pobladores.
Ese terrorismo no ha terminado. Sendero Luminoso se dividió en dos facciones en 1993, con la captura de Abimael Guzmán y el acuerdo de paz. La “Nueva Facción Roja” (NFR), a través de sus grupos generados, ente ellos el Movadef, defienden el “pensamiento Gonzalo” y justifican en sus publicaciones el terrorismo que asesinó a 70,000 peruanos. En la última edición de su pasquín “Amnistía Internacional”, apelan a la CIDH y la OEA para defender sus derechos. Cuestionan la ley contra la de apología del terrorismo (Ley N° 30660), olvidando que 10 años antes de iniciar sus guerrillas hicieron justamente eso, apología para luego desatar el terrorismo. Reclaman por sus derechos humanos y la violación de esa Constitución que pretenden abolir. Exigen la derogatoria de la Ley N° 31352 por la cremación del cadáver de su líder y se autodenominan luchadores sociales.
Mientras tanto, en las zonas de Vizcatán, Canayre y Llochegua (en el VRAEM), además de la violencia con la que se sigue asesinando impunemente –con víctimas no habidas, que la naturaleza se encarga de desaparecer–, se han intensificado el número de comunicados. El Militarizado Partido Comunista MPCP amenaza a los que llaman la “Comaca”, que incluye a las Fuerzas Armadas, la Dircote, Diviac, Ministerio Público, Congreso y los partidos Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Se pronuncian convocando a la población y buscando alianzas con militares de bajo rango y reservistas. Por ello la importancia de la intervención de las Fuerzas Armadas y sus operativos.
El último comunicado del MPCP indica que Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido “van a dar un golpe de Estado financiado con dinero del narcotráfico”. Aun así, no podemos olvidar la investigación pendiente por filiación terrorista (a Sendero Luminoso) a Cerrón, Bermejo y Bellido, un proceso abierto en la Fiscalía y el Poder Judicial. Tampoco olvidemos la peligrosa asociación de Castillo con Antauro Humala, asesino de policías, ni a los infiltrados de la inteligencia cubana.
De cualquier forma, es hora de proteger a los defensores de nuestra libertad, a la Fiscalía de la Nación, a la prensa que denuncia el abuso y la corrupción, y a esos personajes cuya valentía los convierte en blanco del terrorismo que no tiene cuando terminar: los generales Oscar Arriola, Manuel Gómez de la Torre y Luis Vera Llerena; el coronel Harvey Colchado y el fiscal Juan Manuel Ríos, entre otros amenazados.
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