El silencio que crece como un cáncer

Resulta que el Gobierno no ha tenido participación alguna en la acertada decisión de detener por fin a los asesores y dirigentes por sus desmanes contra la mayor mina del Perú, de la que vive el país. La decisión ha sido del Poder Judicial, a pedido de la Fiscalía. Y ha sorprendido al Gobierno. Ante los hechos, el Gobierno hace mucho que debió pedir públicamente la detención. Si no lo hacía, tarde o temprano la Fiscalía iba a verse obligada a pedirlo al Poder Judicial. Es lo que ha ocurrido.

La detención es preliminar, por 15 días. El bloqueo de la carretera y la extorsión a la mina (por S/ 100 millones a cambio de levantarlo) son delitos, uno sobre el otro. El allanamiento de doce inmuebles en Abancay ha arrojado cartuchos de dinamita, pólvora y cacerinas. De Fuerabamba han sido expulsados 120 comuneros por tener restaurantes, hospedajes, o prestar servicios de transporte o mantenimiento de vía a la empresa.

Pero los gobernadores regionales, de lenguaje ambiguo, no denuncian ni el bloqueo ni la extorsión. Nada de eso, más bien apoyan implícitamente el condicionamiento del diálogo a la liberación del detenido. Y el viceministro de la PCM a cargo del diálogo, preocupado por los derechos del dirigente, anuncia muy por el contrario que el Ministerio de Justicia ha intercedido para que su situación se “encamine lo más pronto posible”. Agrega también que el propósito del Gobierno es “recuperar la situación de paz” que es “un compromiso que todos debemos asumir”.

¿Es ese el mensaje a los jueces y los fiscales que han hecho lo que debían, que correctamente decidieron la detención de quienes hace 50 días mantienen bloqueada la carretera de salida de la primera mina del Perú y extorsionan a la empresa para levantar el bloqueo?

El Ministerio de Transportes ha iniciado un estudio técnico para determinar el monto que corresponde pagar a las comunidades. Es un mal chiste. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? La mina de Las Bambas genera más de S/ 26 millones mensuales en beneficio del gobierno regional de Apurímac y de 83 municipalidades de la región. El pago está suspendido desde el bloqueo en febrero. ¿Y todos estos también enmudecieron 50 días? ¿Qué clase de terror político puede explicar este silencio que crece como un cáncer?

Al Gobierno le ha reventado el petardo en las manos por haber callado a toda costa durante meses. Años, en realidad. ¿Y ahora trata de restablecer la autoridad enviando por un lado al funcionario preocupado por el diálogo y por otro un contingente policial a reabrir la vía bloqueada? ¿Ahora quiere hablar suave con un palo en la mano?

El efecto de demostración funciona. El mal se ha contagiado. ¿Cómo se llama, por ejemplo, lo que hace el gobernador regional de Moquegua —firmante de la protesta contra la detención— al exigirle a Southern S/ 2,000 millones para darle la licencia social a Tía María?

No son solo las empresas mineras las víctimas de la extorsión que se disemina como la metástasis silenciosa de un cáncer. Es el Perú el que lo sufre.