El pueblo contra Tierra y Libertad

Sobre el accionar de radicales de izquierda contra el gasoducto del sur

Quellouno es uno de los distritos de La Convención por los que pasará el Gasoducto Sur Peruano. Su alcalde, Roberto Quecaño, y las organizaciones sociales del distrito han firmado un convenio de cooperación con la empresa Odebrecht, constructora del ducto.

Los acuerdos son: 1) contratación de mano de obra local con los beneficios señalados por la ley; 2) inversión en programas de desarrollo social y contratación de bienes y servicios; 3) Implementación de un plan ambiental monitoreado por las  organizaciones sociales del distrito.

Estos compromisos se lograron luego de una tensa negociación entre la empresa y la población de Quellouno. El gobierno regional y el MEM están al margen de la inversión más importante para el sur peruano.

Los “presidenciables” Marco Arana y Verónika Mendoza, del  “Frente Amplio”, sostienen que el Perú no debe explotar sus ricos recursos naturales (minería, pesca, gas, petróleo, etc.) y que el crecimiento económico debe organizarse en torno a la agricultura y la ganadería, pero resulta que solamente el 18.5% del territorio es apto para la actividad agropecuaria. Insuficiente para alimentar a los peruanos.

Arana y Mendoza se oponen a toda inversión pública o privada vinculada a recursos naturales. Para esto desarrollan varios frentes: el académico, en el que hacen una crítica fanática a la explotación de los recursos naturales; y el político, en el que su estrategia consiste en  acusar de corrupta a toda inversión, y en difundir, a través de su partido-ONG, que la explotación de recursos naturales “contamina el agua y daña el medio ambiente”.

Los operadores de esta prédica son los dirigentes llamados “sociales” y conocidos como “los lentejeros”.  Pepe Julio Gutiérrez -militante del Frente Amplio- extorsionaba con “medio millón de lentejas” para “no incendiar Troya” (Cocachacra).

En Quellouno, los representantes de Tierra y Libertad son Henry Centeno (candidato a alcalde en Quellouno) y Dante Quispe, (señalado como corrupto por los dirigentes sociales de Quellouno, Quillabamba y Vilcabamba). Hace 12 días, ellos han tomado el Puente Carmelo, en el centro poblado de Palma Real, Echarati,  impidiendo el tránsito de los vehículos de Odebrecht.

El Frente Amplio se esconde detrás del Comité de Riego de Campanayoc-Merdesniyoc y de una plataforma “exótica”.  Cobardemente, se escudan con mujeres, ancianos y niños ante las amenazas de los ciudadanos de Quellouno de desalojarlos. En La Convención no existen autoridades de ningún tipo. Es una tierra en la que gobierna el más fuerte.

La empresa se ha retirado de Quellouno. Han sido despedidos cientos de trabajadores, y se han cancelado contratos de servicios (hoteles, restaurantes y otros) por falta de seguridad. Miles de agricultores viven con miedo a la violencia.

Marco Arana y Verónika Mendoza, que pontifican contra el “modelo primario-exportador”, no saben que el GSP es imprescindible para la diversificación de la economía en la macro región sur peruana. Tienen un doble discurso, hablan de fomentar las inversiones público-privadas, pero en los hechos sabotean soterradamente  las mismas con argumentos pueriles.

Las organizaciones sociales, el alcalde distrital, los alcaldes de los centros poblados, el Comité de Lucha de la Convención, la Fepcacyl, y el alcalde provincial de La Convención, acordaron convocar al Gobierno Regional, al MEM y a Odebrecht a dialogar para lograr mayores beneficios a las comunidades y despejar dudas del estudio de impacto ambiental.

Este diálogo es saboteado por Tierra y Libertad por órdenes de Marco Arana, como afirman en la Convención. Los trabajadores despedidos y las organizaciones sociales se organizan para enfrentarse violentamente a los dirigentes de Tierra y Libertad.

Lima, está al margen del Perú, que camina lentamente a la violencia política.

Por Tino Santander Joo