El objetivo principal es Chavarry, no Keiko

Para las audiencias públicas, el mediático fiscal José Domingo Pérez ha montado una estrategia de desprestigio en contra de Fuerza Popular (FP) y sus integrantes con la anuencia del juez Richard Concepción. Ha dejado de lado el supuesto delito de lavado de activos —materia de investigación y acusación— que habrían cometido los dirigentes de FP. Tan grave es el actuar de ambos magistrados que pone en duda —una vez más— la calidad de magistrados que conforman el sector justicia y la manera en que FP se ha ganado ese desprestigio generalizado.

Ese plan de desprestigio bien organizado y estudiado al milímetro pretende desmantelar a FP. Con el encarcelamiento de sus principales dirigentes y el desbande de congresistas que lo integran, una nueva mayoría conformada en el Legislativo puede retirar del cargo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Así, sin Chávarry, se intentará detener las investigaciones del caso Lava Jato, en el que estarían implicados los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Asimismo, poderosos intereses relacionados con las constructoras consorciadas con las empresas brasileñas, bufetes de abogados y propietarios de ciertos medios de comunicación.

La estupidez no es un delito, tampoco el carácter prepotente y el talante obstruccionista que asumió FP en el Legislativo. El fiscal Pérez —jugando en pared con el juez Concepción— pretende castigar el comportamiento político de FP. La donación recibida por FP y la simulación de aportes (común en los partidos políticos) reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se caerían en un proceso judicial justo. Los delitos están relacionados con la trasgresión de las leyes y las normas, y son punibles. Mientras que las conductas están vinculadas con la ética, el comportamiento y los valores humanos. Y en política son sancionados con el voto popular.

Pérez no está focalizado en el supuesto delito de lavado de activos que habría cometido Keiko Fujimori y otros dirigentes de FP. Su dichos contaminan los hechos y no tienen nada que ver con la materia de la investigación y acusación. Los mensajes de WhatsApp de La Botica, de esperpentos jugando a la política, no son delitos.

FP no es una organización criminal, es una organización de incompetentes en cuestiones políticas. Se dejó ganar por el ojo hinchado producto de la derrota de las elecciones del 2016. Traicionó a la derecha popular que votó por ellos por creer que sería innovadora, reformista y vanguardista. Se ganó a pulso el desprestigio ahora generalizado. FP es una confederación de independientes genuflexos, desleales, timoratos y cacasenos sin norte. Unos huyen y se alían con el vencedor del día, y otros, salvando el pellejo por la amenaza de una injusta cárcel, delatan supuestos crímenes cometidos en FP. No logran entender —porque nunca trajinaron la política pura y dura— que en política la cárcel puede ser una corona. FP, con una mayoría abrumadora de ¡73 congresistas!, no supo apreciar el inmenso poder que tuvo en sus manos. Todo para nada.

FP está cosechando su impericia política. ¿Cómo se le ocurre volver a contratar en el Congreso al coronel Walter Jibaja, después de haberse cancelado su contrato como jefe de seguridad del Congreso? ¿Cómo la congresista Leyla Chihuán da pie a severas críticas por decir que su sueldo no le alcanza? Su sueldo, sin contar sus beneficios, es mucho más de diez veces del promedio nacional.

El tinglado armado, más los errores garrafales de FP, haría que Chávarry deje el puesto de fiscal de la Nación. Así se detendrían los procesos judiciales en contra de la corrupción más grande en el país, dando pie a la extrema izquierda frente a tantas traiciones.