El Congreso y el Reinfo

El Congreso de la República cuenta con representantes de diferentes organizaciones políticas y cada uno de ellos actúa en defensa de ciertos intereses. Ocurre los mismo en otros países, sí, pero lo paradójico en el Perú es que la informalidad cuenta con representantes explícitos, conocidos, cuando no partícipes de actividades que suelen ser objeto de cuestionamientos; en tanto que, las actividades económicas formales han abandonado el foro nacional donde se debaten y aprueban las normas que deben regir los destinos del país.

Si las actividades formales actúan de manera esquiva frente a los debates legislativos en el seno congresal, lo que sucede es que otros lo ocupan con el riesgo que ello representa. En el pasado, el Poder Legislativo ha tenido congresistas que decían representar a los cocaleros, cuando todos saben que más del 98% de la producción de hoja de coca se destina al narcotráfico y que el 2% o menos es empleado para las prácticas culturales ancestrales. Sin embargo, los parlamentarios cocaleros siempre usaron como excusa la “defensa de los productores de la hoja de coca”.

Con la minería ilegal ocurre algo similar, un porcentaje mínimo de quienes están dedicados a esta actividad acudió al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero nunca completó el proceso, simplemente lo emplearon con la finalidad de expresar a todos aquellos que denunciaban el mal uso del Reinfo que ya habían iniciado un proceso y que los dejen trabajar.

En la práctica, la inmensa mayoría de los mineros ilegales actúan como el padre de familia que acude al Registro Civil a inscribir a un menor al cual no piensa brindarle ninguna protección, alimentación o cuidado de la salud, y poco o nada le interesa si la criatura recibe o no educación. Esa es la figura frente al Reinfo, “ya me registré, ahora, no me exijas cumplir con la ley”. Tengamos presente que el proceso de formalización minera se inició en el 2022 -hace 22 años- cuando se promulgó la Ley 27651 y que 10 años después se complementó con el decreto legislativo 1105 del 2012. Según el Reinfo, hay 86,976 mineros registrados, de los cuales 65 mil se encuentran en condición de suspendidos; es decir, no cumplían o no quieren cumplir con el proceso de formalización.

No obstante, sus operadores en el Congreso han activado sus redes de contacto –quizás de financiamiento– para lograr, una vez más, otra prórroga del Reinfo que vence el 31 de diciembre del presente año. Así lo ha manifestado Máximo Franco, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), quien señaló que está coordinado con la Comisión de Energía y Minas del Congreso para aprobar la ampliación de plazo del Reinfo, lo que no ha precisado es que su intención es que la ampliación sea per secula seculorum.

A pesar de todos los cuestionamientos, debidamente sustentados por quienes forman parte de las actividades económicas formales, el desaguisado ha avanzado en el Congreso, donde los mineros ilegales han logrado que se presenten hasta cinco proyectos de ley que los favorecerían al autorizarse la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026. Más allá de “exigencias nuevas” que podrían resultar en otro saludo a la bandera.

La sociedad debe estar informada de los riesgos acerca de lo que representan las actividades delictivas como la minería ilegal, tanto en términos ambientales como sociales. No implementan medidas ambientales, sus trabajadores están desprotegidos y no aportan económicamente al país al eludir el pago de impuestos; por consiguiente, no hay canon ni regalía. Además, algunos de los mineros ilegales han invadido o pretenden invadir denuncios de empresas mineras que cumplen con la ley y, en el extremo, desean capturarlas para tomar el control de sus operaciones.

La delincuencia nunca tendrá una visión integral de desarrollo del Perú, por eso hay que detenerla.