Giovanna Priale

El caso de Fiori: todos o nadie

Municipalidad y Ministerio de Transportes son responsables

El caso de Fiori: todos o nadie
Giovanna Priale
04 de abril del 2019

 

Imposible no conmoverse con la desgracia ocurrida en Fiori, que ocasionó la muerte de cerca de 20 personas, entre ellas varios niños, debido al incendio de uno de los buses que operaba en un terminal informal. Claramente esto es un urgente llamado de atención sobre la informalidad e ilegalidad que vienen avanzando en nuestro país sin que seamos capaces de enfrentar estos flagelos de manera radical.

Es cierto que parte de la responsabilidad es del individuo, que accede a comprar un boleto “más barato” sin pensar el alto riesgo en el que coloca a su familia. Pero si seguimos la teoría de Thaler sobre la importancia de la economía conductual, la falta de un Estado articulado —a nivel de municipalidades y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)— se convierte en el peor escenario, para que el individuo pueda ejercer su libertad de elección.

Para que el individuo puede optar de manera responsable a adquirir un servicio, hace falta que la institucionalidad (siguiendo a North Douglas) garantice que el escenario en el que este toma decisiones incluya empresas que funcionan de manera legal y formal, de acuerdo con el marco normativo vigente.

En ese sentido, resulta evidente que el Estado falló. Y dentro de esa falta de diligencia, el MTC tiene responsabilidad en el otorgamiento de la autorización para las operaciones del terminal; pero la municipalidad es la encargada de supervisar que existan las condiciones mínimas para garantizar la seguridad del servicio. Es injustificable que un terminal clausurado unos días antes no haya sido tapiado o que no se haya puesto personal de la policía para impedir el ingreso de los usuarios para subir a los buses, que seguramente no contaban con las autorizaciones correspondientes para operar.

Sin embargo, más allá de la noticia y de los videos, resulta crítica la poca capacidad para articular una acción de política pública que posibilite atender las necesidades de la población en un espacio de seguridad. Un espacio en el que los usuarios puedan tomar la decisión de adquirir un servicio con la tranquilidad de saber que: i) el bus está en perfectas condiciones, ii) el terminal cuenta con todos los criterios de seguridad necesarios, incluyendo los detectores y mitigadores de incendio necesarios y iii) el SOAT está vigente.

Hace falta aprender de las desgracias. Ojalá esto no se quede como una anécdota, que el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos nos sirva para —como sociedad— exigir que cada una de las autoridades cumpla con el rol que les corresponde. Es lo mínimo que requerimos como país: instituciones públicas sólidas que fiscalicen el funcionamiento de los mercados en los que el individuo pueda acceder a un servicio de calidad.

 

Giovanna Priale
04 de abril del 2019

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