El ABC de las constituciones peruanas

El que mucho abarca, poco aprieta. Enfocar a las Constituciones Políticas del Perú –a las que preferiría etiquetar como constituciones económicas, por su enorme importancia en este plano– es una tarea apasionante y fructífera. Enfocarlas, con el debido cuidado, nos permite enfocar las barreras que nos han impedido hacernos ricos. O lo que es lo mismo, también nos permite descubrir los planos institucionales internos por los que somos tan pobres.

Para entender esto es menester develar uno de los secretos mejor guardados en la discusión pública nacional. Que las llamadas Constituciones Políticas constituyen una poderosa herramienta de política económica. Introducen reglas e incentivos que pueden tener una vigencia inversamente relacionada a su longitud y detalle. Es decir, a los niveles de opresión política y económica que esconden todos sus capítulos. 

La literatura económica sobre la importancia de las constituciones es abundante, aunque recurrente. En fin, revisarla nos descubre que las constituciones detallistas y largas son un desastre porque esconden opresión política y económica, así como regalitos (wish lists) y desgobiernos fiscales y monetarios. Estas resultan básicamente reflejo de pócimas socialistas y mercantilistas en diferentes intensidades. Y fracasan –se buscan cambiar– siempre por su sesgo ideológico socialista y/o mercantilista, y obviamente por su –no siempre discreto– tránsito hacia ellos.

Usando las cifras accesibles (Banco Mundial, BCRP e INEI) enfocaremos aquí la performance económica a lo largo de sus vigencias en el último siglo (periodo 1922-2023). Aquilataremos esta performance por sus asociaciones promedio con variables macroeconómicas fundamentales, de las últimas cuatro Constituciones Políticas y sus dos Periodos de Alteración Institucional (ver tabla única).

Las Constituciones Políticas, estimado lector, envejecen. Cuanto mayor sea el grado de torpeza de sus ideas –léase: cuanto más intensos resulten los niveles de opresión política y económica con las que han sido construidas–, o más lejanas resulten a la moda ideológica del momento, más rápidamente resultarán atacadas.

En estas líneas destacaremos hasta dos Periodos de Alteración Institucional. A mitad de la muestra analizada, desagregaremos la fusión entre la Constitución Política Sanchecerrista de 1933 y la opresora institucionalidad del régimen socialista-mercantilista de Velasco y sus colaboradores. Al final de la muestra enfocaremos la fusión entre la Constitución Fujimorista de 1993 y la avalancha de pócimas de izquierda caviar ingresadas desde el 2023 a la fecha.

Y sí, estos periodos sellados por la influencia izquierdista u opresora, como se lo contrasta con nitidez la primera figura de estas líneas, traen estancamiento e inestabilidad. Es decir, alimentan flagrantemente la pobreza y la corrupción institucional de la nación (ver Gráfico Uno).

En este ABC solo pretenderé enfocar lo importante. Es decir, lo básico. En esta tarea, en primer lugar, vale tener en cuenta que cambiar una Constitución puede ser algo aconsejable (todo documento es perfectible). Pero usualmente, en medio de los intereses y las cegueras de turno, puede terminar siendo algo económicamente tóxico y conllevar a una pérdida de décadas (ver Gráfico Dos).

La comparación –adjunta– de una nación con un marco (EE UU) y otra de seis marcos (Perú) no puede ser más meridiana. Recordemos que una Constitución con ideas sensatas subsiste en el tiempo.

En segundo lugar, encontramos que, estirando lo que sostenía Ho Chi Min, en materias económicas mis amiguitos de izquierda usualmente están equivocados. Que el mito arraigado popularmente por los llamados tecnócratas de izquierda limeña es consistentemente falso. Que los precios externos no explican mayormente nuestra suerte económica… las malas Constituciones sí (ver Gráfico Tres). 

Por un lado, la correlación de marcos y niveles de riqueza promedio por habitante a lo largo del siglo analizado es negativa. En cambio, los crecimientos de los precios externos deflactados (términos de intercambio) y los del producto real por persona, se asocian positivamente. Léase; las reglas importan, los términos de intercambio, menos.

Y tercero, notemos que, si existe una variable estable a lo largo de este siglo, éste es el coeficiente –del promedio por periodo constitucional– del PBI por persona como porcentaje de su similar estadounidense. Es decir, que en el lapso 1922-2023, bajo los seis marcos institucionales analizados, no avanzamos significativamente en términos de Desarrollo Económico Relativo (Ver Gráfico Cuatro).

A modo de corolario recordemos una idea fuerza. Las Constituciones Políticas importan mucho económicamente. No nos dejemos avasallar. No solo importan sus capítulos o regímenes económicos. Importa cada línea. Cuanto más se reduzca la libertad ésta –económica y sobre todo políticamente– más pobres, atrasados y burocráticamente corruptos seremos. En ámbitos constitucionales no hay cuerdas separadas.