J. Eduardo Ponce Vivanco
Diplomacia profesional e interés nacional
El apego al orden jurídico internacional y a los tratados en vigor
El interés nacional es el valor y el criterio primordial de la diplomacia peruana. Al asumir el cargo de Canciller, Néstor Popolizio lo reiteró enfáticamente como colofón de un discurso inaugural que la concurrencia, de pie, premió con un prolongado aplauso. Un diplomático bien formado tiene en sus manos la conducción de la política exterior y la delicada responsabilidad de ilustrar al Jefe de Estado, al Premier y al Consejo de Ministros sobre una temática que demanda un conocimiento especializado y objetivo de circunstancias cada día más diversas y complejas.
En una nación con una historia problemática y un futuro promisorio, el Canciller debe identificar el interés nacional en cada coyuntura, colocándolo por encima de emociones o percepciones subjetivas sobre controversias fronterizas definitivamente superadas. Aprovechar las oportunidades que la globalización y la interdependencia ofrecen al Perú, impone la necesidad de privilegiar la vecindad, la integración y la cooperación internacional en todos sus niveles.
Es una política cimentada en un principio tan fundamental como el respeto a los tratados porque ellos son la principal fuente del orden jurídico entre los Estados. No hace mucho, esa conducta nos permitió resolver favorablemente problemas fronterizos en el norte y el sur. Pero en el siglo XIX, esa misma fidelidad a la palabra empeñada nos llevó a participar en un conflicto que no provocamos, y que derivó en pérdidas territoriales sustantivas (y una ominosa ocupación).
La permanente vigencia de ese principio rector de nuestra política externa exige, por tanto, mantener una actitud de impecable prudencia y discreción frente a litigios como el originado en la demanda de Bolivia contra Chile en la Corte de La Haya, cuyo Estatuto (artículo 38) establece la preeminencia de los tratados internacionales como la primera de sus fuentes para dirimir las controversias que los Estados someten a su jurisdicción.
La vecindad con Bolivia impone relaciones de cooperación bilateral que están sobradamente evidenciadas de nuestra parte, particularmente en lo referente al otorgamiento de facilidades para acceder al mar a través de Ilo. Así se ilustra en el reciente y prolijo artículo publicado por la BBC de Londres (28.3.2018), bajo el título de “Bolivia Mar, la playa que Perú le cedió a Bolivia y que lleva 26 años en abandono”*, en el que la enviada especial Stefania Gozzer pormenoriza e ilustra gráficamente la situación de la valiosa y desairada concesión que Bolivia recibió del Perú en 1992.
Nuestro apego al orden jurídico internacional y a los tratados en vigor contrasta dramáticamente con la anomia y desacato a la ley que priman en el ámbito interno. La crisis que hemos superado mediante la sucesión presidencial que la Constitución establece plantea una urgente reflexión colectiva sobre la imperiosa necesidad de respetar la frondosa y burlada normatividad “vigente”. Es una tarea vital que debe comenzar por el respeto a la Constitución, y que demanda una relación de efectiva y sincera colaboración entre los poderes públicos. Es lo que los ciudadanos exigimos de los políticos, especialmente de aquellos que conducen el Ejecutivo y el Congreso que, esperamos, hayan comprendido cabalmente las preocupantes lecciones que nos deja el funesto período de confrontación y acrimonia que el Perú no soportaría una vez más.
Un compromiso o pacto político por la gobernabilidad es la carta fianza que deberíamos presentar en la Cumbre de las Américas en la que, como país anfitrión, el Perú tiene que ser considerado un Estado que, internamente, puede ser merecedor de la misma credibilidad que ostenta en el escenario internacional.
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