Dinastía Ortega en Nicaragua

El autoritarismo nicaragüense se agrava con los profundos cambios que está haciendo en las estructuras de poder, a través de reformas constitucionales. El mandato de Daniel Ortega, con 17 años consecutivos controlando al país y 28 años en dos etapas, está marcado por violaciones de derechos humanos y ausencia de libertades; pero hoy ensaya una continuidad dinástica con la figura de copresidente y copresidenta, proyectando a su hijo, Laureano Ortega Murillo, como sucesor.

Las manifestaciones de 2018 se transformaron en movimientos por la democracia y derechos humanos, pero la respuesta del régimen fue represión violenta, con cientos de muertos y heridos documentados por organismos internacionales. Y también graves violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas.

En 2021 las elecciones fueron cuestionadas por falta de transparencia, represión de la oposición política que fue detenida, inhabilitada, enviándolos al exilio, privándolos de la nacionalidad para eliminar la competencia electoral y perpetuar el poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Las enmiendas constitucionales con mayoría del FSLN en el congreso profundizan la concentración de poder. La extensión del período presidencial de cinco a seis años y la figura de copresidenta que eleva a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, al mismo nivel del presidente les permite nombrar a su hijo como sucesor. Tienen la facultad de controlar todos los poderes del Estado, aludidos no como “poderes” sino como “órganos coordinados” por la presidencia.

La creación de la Policía Voluntaria oficializa a grupos paramilitares acusados de reprimir manifestaciones y cometer violaciones de derechos humanos, sumado a las restricciones a la libertad de expresión genera limitaciones adicionales al ejercicio periodístico, prohibiendo críticas al gobierno argumentando protección del orden público. La inclusión de la bandera del FSLN como símbolo patrio consolida el control sobre la sociedad nicaragüense.

Estas enmiendas, sumadas a reformas anteriores llevan a Nicaragua hacia un sistema de partido único similar al de Cuba; con un régimen autoritario que concentra el poder familiar. Daniel Ortega justifica sus acciones exigiendo el "respeto a la soberanía", discurso alineado con el concepto de "civilización global" promovido por el presidente chino Xi Jinping, rechazando las críticas y recomendaciones de organismos internacionales, pero una Nicaragua aislada en el escenario internacional recibe el apoyo del autoritarismo.

Las alianzas con China, Rusia e Irán, así como Cuba y Venezuela influyen en la política interna. Estas naciones brindan soporte económico y político a Ortega, fortaleciendo su posición con relaciones que consolidan el totalitarismo, generando frustración entre los ciudadanos que anhelan el retorno a la democracia. Además, este acercamiento a países con cuestionables antecedentes sigue alejando a Nicaragua de los derechos humanos. Proyectos como el canal interoceánico, con financiamiento chino, son controversiales por falta de transparencia, impactos ambientales y sociales. 

La negativa del gobierno a permitir observación electoral independiente y dialogar con la oposición cierra espacios para la mediación, exacerbando tensiones internas. Las sanciones internacionales, como la Ley NICA Act de Estados Unidos, han sido una de las pocas presiones, pero afecta la economía y al pueblo nicaragüense.

Nicaragua sigue socavando la democracia y el Estado de derecho, concentrando el poder en la élite gobernante. La figura de la copresidencia y sucesión dinástica refleja la preocupante tendencia de estos regímenes autoritarios con una sed de poder y opresión sin límites. Actúan en bloque protegidos por peligrosas potencias, haciendo cada vez más difícil su caída.