Desde el Estado se soslaya la amenaza criminal

Este año 2025 se inicia en el Perú mostrando niveles nunca antes conocidos de la acción violenta de organizaciones criminales armadas. Es un eufemismo cruel denominar a ese fenómeno «inseguridad ciudadana» porque es mucho más grave, es una amenaza activa y crítica contra la seguridad nacional que es, a fin de cuentas, no sólo la seguridad de todos los ciudadanos de la nación; es un ataque persistente contra el bienestar social y el orden del estado de derecho, contra la marcha de la economía legal y contra la gobernabilidad del país. 

No entender que se trata de una agresión contra la seguridad nacional del Perú es escamotear la naturaleza del fenómeno, su evolución y sus consecuencias. Nos ubica en un escenario similar al de nuestro país en los primeros años de 1980, cuando desde el poder político, desde los aparatos de seguridad del estado e incluso desde los medios intelectuales se minimizaba la agresión subversiva que muy rápido asoló el país por más de un decenio antes de ser debelada.

La enorme gravedad de la amenaza criminal está registrada por encuestas de opinión y estadísticas oficiales. Las primeras datan el aumento de la población que declara haber sido víctima de un hecho delictivo en el último año, y su atemorizada expectativa de ser todavía más vulnerable a la criminalidad el año siguiente. Asaltos a mano armada no sólo en las calles sino en establecimientos de servicios son noticia diaria, como lo son los asesinatos cometidos por sicarios y el auge imparable de las extorsiones a una variedad creciente de negocios y a toda suerte de emprendimientos familiares. 

Además, el Sinadef (Sistema Informático Nacional de Defunciones) informa que, del 1 al 19 de enero, en sólo 20 días, se han registrado 106 homicidios a nivel nacional, una cantidad superior a la de todos los años desde el 2017 en el mismo período de tiempo: en promedio exacto 5,57 homicidios por día. Todo eso muestra que está ocurriendo un grave ataque criminal contra la población que es víctima, más allá de la ocurrencia de «ajustes de cuentas» y actos similares entre delincuentes.

Sucede en el marco de la expansión de las llamadas economías criminales (minería ilegal, tráfico de tierras, narcotráfico, extorsión, contrabando, trata de personas, tala ilegal y otras) que se desarrollan en determinados espacios del territorio nacional como negocios al margen de la ley, con pingües crecimientos, aportando recursos económicos que sirven para corromper autoridades locales, o bien para ejercer sobre ellas coerción y, si es el caso, también violencia activa. Esto afecta a esas autoridades, tanto políticas como operadoras de justicia, y favorece la implantación de un régimen coercitivo sobre la población de dichos espacios con amenazas y sembrando el desaliento y la resignación, que pueden ser agravados con acciones de violencia activa (bombardeo con explosivos, disparos de armas de fuego contra locales, sicariato), con el objetivo de ganar espacio para establecer una suerte de gobernanza criminal, es decir, imponer sus «reglas de juego» en la vida económica y social, sometiendo a la voluntad social y doblegando a las autoridades, para llegar incluso a obtener poder político en la elección de autoridades locales y regionales.

Más grave es todavía que se está manifestando la tendencia a la «constelación de economías criminales», como en el caso de minería ilegal asociada al tráfico de tierras o la ocupación ilegal, sumadas a la extorsión, el sicariato y la trata de personas; lo que determina la creciente complejidad de las economías criminales articuladas o en simbiosis y, por tanto el aumento de la complejidad de las estructuras de las organizaciones criminales que se dotan de «brazos legales» (grupos de abogados para su patrocinio y defensa), «brazos armados» (sicarios, matones, asaltantes/ocupantes) y de «brazos políticos» (autoridades y operadores de justicia corruptos). En perspectiva, el problema apunta a que las organizaciones criminales aumentan su poder económico expandiendo y diversificando sus economías criminales, con lo que ganan presencia e influencia social con prácticas prebendistas (incluso auspiciando fiestas populares) y coercitivas por medio de amenazas hasta conquistar extremos de gobernanza sobre el territorio de su dominio.

La territorialización y la formación de constelaciones de la criminalidad organizada son fenómenos que muestran dos dimensiones todavía poco estudiadas. 

Una es que, en la actualidad, en el Perú ya no se trata sólo de «enclaves criminales» como el del narcotráfico en el VRAEM o de la minería ilegal del oro en las alturas de Puno, sino de la extensa difusión de la criminalidad en coexistencia con el aparato del Estado y la sociedad no criminalizada, al punto que en nuestro país han empezado a surgir «narrativas» que justifican y promueven la coexistencia social con diversas formas de criminalidad. 

Otra es que la territorialización es un fenómeno plagado de violencia letal generada por la contienda entre dos o más organizaciones criminales por dominar un espacio determinado, someter a la población del mismo y lucrar de su poder, como ahora en La Libertad. 

La sucesión cada vez más frecuente de casos en que las víctimas de hechos delictivos son atacadas letalmente con armas no obstante no oponer resistencia; de casos en los que viandantes son heridos o muertos por balaceras en las calles; o del uso de explosivos contra instalaciones y locales, con fines de extorsión o amedrentamiento, ya han escalado la cota de la acción terrorista en su propósito de sembrar temor constante e inseguridad en la población.

Frente a la creciente y muy grave amenaza criminal, hay señales claras de la absoluta ineficacia del gobierno y de su administración en los sectores responsables, y también de que existe una elusión o una declinación de responsabilidades por parte de las instituciones constitucionalmente obligadas para imponer la paz interna y el orden violado con dicha agresión criminal.

Es recurrente en la presidente Boluarte su expresión de «mano dura contra la amenaza criminal» que, sin embargo, no se traduce, en ningún momento, en decisiones políticas de su gobierno para enfrentarla con oportunidad y efectividad. La mandataria repite su alocución cada vez que menciona la instauración o prórroga de estados de emergencia realmente inocuos, pero en ningún momento el gobierno actúa con la energía y la resolución necesarias emitiendo las medidas efectivas para combatir en forma concluyente a la criminalidad.

Las declaraciones y los anuncios tan enfáticos como hueros son también del presidente del Consejo de Ministros, quien luego de ocurrido el atentado con explosivos contra la sede trujillana del Ministerio Público, tras una reunión con autoridades regionales y locales, declaró, muy suelto de huesos: «hemos hecho un mea culpa (…) los responsables somos todos». Una forma rústica de elusión diluyendo las propias responsabilidades.

Por su parte, el ministro del Interior que actúa en forma errática y evidentemente lastrado por compromisos personales con la presidente y por fricciones con sus pares en el gobierno, no puede evitar que los hechos informen sobre la corrupción en su sector y respecto del penoso estado de desarme y carencia de equipamiento y de medios para las actividades de la Policía Nacional, cayendo en el desvarío de cuestionar la información del Sinadef sobre el grave aumento de los homicidios, así como escamotea información sobre el crecimiento exponencial de las extorsiones. Ante la violencia criminal propiamente terrorista en Trujillo anuncia que un centenar de efectivos policiales «que tengan referencias disciplinarias de estar vinculados con organizaciones criminales bajo cualquier concepto», van a ser cambiados de colocación, como si eso fuese una medida realmente efectiva y no un gesto puramente efectista que no conseguirá frenar la corrupción policial, una situación existente en la PNP de la región La Libertad desde el año 2004 cuando menos. 

En tanto, el ministro de Defensa anuncia el «despliegue» de FF.AA. contra la amenaza criminal, una monserga que repite en cada ocasión que se trata el tema de los estados de excepción, de tanto en cuando dispuestos o reiterados por el gobierno en diversas regiones del país, y siempre con resultados perfectos de inutilidad. Cabe recordar que cuando el 2024 el gobierno decretó estado de emergencia en Pataz y entregó el control del orden interno a las FF.AA. con apoyo de la PNP, no hubo ninguna actividad significativa al respecto, más bien una absoluta inefectividad, y luego de 30 días del anuncio de despliegue de efectivos del Ejército y de la visita al lugar del titular del ministerio de Defensa y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el gobierno prorrogó el inútil estado de emergencia entregando el control del orden interno a la PNP, mientras fue replegado sin resultados el contingente militar.

Está clarísimo que la Policía Nacional no cuenta con los medios suficientes para combatir la amenaza criminal en las ciudades y menos en ámbitos rurales, por lo que el estado de la situación exige la intervención de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interior enfrentando a grupos hostiles armados y violentos, colaborando con la fuerza policial.

La posición de que «las Fuerzas Armadas están entrenados y preparados para otras funciones (...) La solución al problema de inseguridad ciudadana parte por el fortalecimiento de la Policía Nacional. Si faltan policías hay que formar más policías, si falta equipamientos hay que dotarlos», varias veces expresada por el ministro de Defensa es una clara y anticipada sustracción de responsabilidad de la conducción política de la fuerza militar respecto de la acción estatal contra la amenaza de la criminalidad organizada, armada y violenta.

Eso, porque existe en el ámbito militar un temperamento de renuencia a asumir actividades que implican el empleo de la fuerza en tareas de seguridad interior, en la lucha contra la amenaza criminal, por considerar que no existe un marco legal normativo que brinde protección legal a los efectivos militares; hay demasiada experiencia de la persecución fiscal y judicial contra militares que han enfrentado ataques subversivos o criminales. Pero no deberían esperar la decisión política que las misione a combatir la amenaza criminal, sin esa protección legal. Parece inconcebible que el Comando Conjunto de las FF.AA. y los institutos militares se abstengan de ejercer sus capacidades de «poder fáctico» (¿acaso no lo son?) para imponer ante el Ejecutivo y el Legislativo la agenda aprobatoria de ese tan necesario y urgente blindaje legal. 

Pero tal vez se revele, como en 1982, cuando las FF.AA. recibieron la orden de combatir a la subversión comunista, que ahora tampoco poseen las herramientas –inteligencia estratégica y planeamiento estratégico–apropiadas (las incapacidades del Sistema Nacional de Inteligencia son un tópico aparte), ni la instrucción apropiada para el empleo de la fuerza, ni tengan el concurso de sus asesores jurídico operacionales que es un estándar militar global hoy en día.

En el momento actual, la existencia de unas Fuerzas Armadas prestas para la defensa nacional tiene por justificación el compromiso ineludible de actuar contra el enemigo no estatal de las fuerzas criminales. Y sin embargo a lo largo y ancho del Perú hay una muy desconfiada expectativa respecto de los posicionamientos puramente declarativos del Mindef y del CC.FF.AA. acerca de eventos de despliegue militar contra la amenaza criminal; lo que está afectando la imagen institucional de las FF.AA. 

Pareciera que en las esferas de los altos mandos no se tenga conciencia de que el crecimiento imparable del poder económico, social y hasta político de las organizaciones criminales sostenidas por economías criminales, apunta a causar la destrucción del estado de derecho y del orden social en el país; que la agresión criminal no se expande para luego dejarse reprimir o para negociar cuotas parciales de control territorial; está creciendo en extensión y en poder para desvirtuar, doblegar y controlar la sociedad, incluyendo a sus fuerzas de seguridad, lo que reclama la acción de las instituciones responsables de la defensa nacional.