Desconfianza y hartazgo: ¿salto al vacío?

La sociedad peruana se ha caracterizado, en particular, en los últimos cuatro años por una constante crisis e inestabilidad política. El 15 de diciembre del 2017 se produjo una seria inflexión política, con el pedido de vacancia presidencial que promovió el Congreso de la República en contra de Pedro Pablo Kuczynski Godard. 

Si bien dicha iniciativa no logró su cometido, un segundo intento de vacancia, el 15 de marzo de 2018, bajo la figura de “permanente incapacidad moral”, tuvo como desenlace su renuncia mediante una carta pública. Esta vez el sustento fue la revelación de las negociaciones entre ministros de Estado, diversos operadores del gobierno y un congresista de oposición para la realización de obras en su región, a cambio de obtener su voto en contra de la vacancia.  En dicho contexto, Martín Vizcarra Cornejo, entonces primer vicepresidente y embajador en Canadá, asumió la presidencia el 23 de marzo de 2018. Su gobierno desde el inicio se caracterizó por mantener una relación de confrontación con el Congreso, que terminó con la disolución de este el 30 de septiembre de 2019, tras habérsele negado una cuestión de confianza con respecto a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

El colofón de esta relación conflictiva fueron los dos procesos de vacancia promovidos en su contra. El primero iniciado el 10 de septiembre del 2020, nuevamente bajo la figura de “permanente incapacidad moral” a raíz de la publicación de diversos audios que revelaban la obstrucción de la investigación realizada por el Congreso y el Ministerio público por la contratación irregular de servicios de personal en el Ministerio de Cultura. El segundo, el 20 de octubre y que significó su vacancia definitiva.

En este escenario el parlamentario y presidente del Congreso Manuel Merino de Lama asume la presidencia el 10 de noviembre de 2020, aunque la misma culminó cinco días después, el 15 de noviembre, al renunciar irrevocablemente frente a la movilización, presión social y mediática a raíz de la represión policial y muerte de dos ciudadanos durante las marchas a nivel nacional, en rechazo a su autonombramiento como mandatario. Finalmente, y tras diversas contramarchas en el Congreso el 17 de noviembre del 2020 Francisco Rafael Sagasti Hochhausler asume la presidencia del país, en un contexto particularmente difícil en medio de la pandemia del Covid-19 y la inminencia de una segunda ola. Una de las primeras medidas del gobierno fue evaluar y suscribir los acuerdos iniciados por la gestión anterior para la compra de vacunas. Para ese propósito se designó a los ministerios de Salud, Economía y Finanzas, Justicia y Relaciones exteriores la labor de acercamiento y negociación con los laboratorios productores de estas. 

La embajadora Esther Astete Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores, y la doctora Pilar Mazzetti Soler, ministra de Salud, designadas ambas desde el 18 de noviembre del 2020, fueron las principales voceras del avance de las negociaciones detallando, a inicios de año, que al asumir sus carteras encontraron dos acuerdos suscritos, uno con Covax Facility y otro con el laboratorio Pfizer, cuyo contrato final no se logró concretar.  En la sesión de la Comisión de Salud del Congreso el 15 de enero 2021, la embajadora Esther Astete Rodríguez indicó que habían realizado coordinaciones para que se aceleren los trámites del acuerdo firmado entre el Estado peruano y el laboratorio chino Sinopharm para la compra del primer lote de vacunas, pese a que en diversos medios se cuestionaba su adquisición por su precio significativamente mayor, US$72.5 la dosis, en comparación con otros fabricantes. 

El 22 de enero del 2021 a la ministra de Relaciones Exteriores le aplican una dosis de la vacuna de Sinopharm en forma irregular, sin ser voluntaria de los ensayos clínicos llevados a cabo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o ser trabajadora de salud de la primera línea de lucha contra la pandemia. En su descargo, por el procedimiento de vacunación en el que incurrió y ante el Congreso de la República en oportunidad posterior, indicó que lo hizo con conocimiento del presidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, hecho que fue negado por el propio presidente. Una situación similar ocurriría con la ministra de salud Pilar Mazzetti Soler, con el expresidente Martín Vizcarra y otros servidores públicos de diversas instancias del Estado y otros ciudadanos ajenos a la administración pública, quienes también recibieron la vacuna de Sinopharm desde el año 2020 y que denotaría acuerdos irregulares para garantizar su compra. Este proceder fue revelado en los medios entre el 11 y el 14 de febrero de 2021.

Las deshonestas prácticas administrativas –abuso de poder y aprovechamiento del cargo– de servidores públicos, son una constante a lo largo de la historia del Perú, con un marco institucional débil y un sistema de justicia asimétrico, que no protege a cabalidad los derechos ciudadanos y en el que se priorizan los intereses particulares, ha conducido a formas de gobierno autoritarias o populistas y, sobre todo, irresponsables y desvergonzadas. Todo ello ha conllevado a la deslegitimación de la figura de la autoridad en todas sus instancias, con la manifestación en la conducta ciudadana del desacato a las medidas tendientes al fomento de la disciplina social, por ejemplo, para la contención del Covid, afectando las normas de convivencia social, entre otras, y con grave daño a la débil cohesión social de la sociedad peruana.

Mientras estos actos irregulares ocurrían en los más altos niveles de la gestión pública, la ciudadanía y las expresiones de interés político representativo se preparaban para participar en los comicios generales del 11 de abril del 2021. Los electores –los pocos que asistieron al acto cívico– con el vivo recuerdo inmediato de haber sido testigos de la defenestración de cuatro presidentes entre el 15 de marzo de 2018 y el 17 de noviembre del 2020, asistieron a las mesas electorales en el país, para ejercer su derecho ciudadano. Sin embargo, la crisis de gobernabilidad solo expresaba la profunda ausencia de representación legítima y la pulverización del sistema de partidos políticos, fenómeno socio político que se agudizó por la clamorosa incompetencia y conductas impropias de las más altas autoridades, fenómeno que se remonta a décadas atrás.    

Sobre el telón de fondo de una gravísima crisis sanitaria y socio económica, la desconfianza y el hartazgo de la ciudadanía, respecto a la clase dirigente (¿?), fue impulsado por las inconductas de los propios dirigentes políticos en el Ejecutivo y en el Legislativo. En el primer caso, por el aprovechamiento irregular de las vacunas para uso personal y, en el segundo, por la inconsistencias y devaneos en materia de decisiones económicas y la persistencia de las actitudes confrontacionales. Este escenario coadyuvó a develar y a mostrar las miserias de un estado de espaldas a los derechos ciudadanos, con una clase política que actúa en función de sus propios intereses.  El 15 de marzo del 2020, cuando se dispone la inmovilización social y la cuarentena, se evidencian múltiples carencias esenciales para combatir el Covid 19, tales como -camas UCI, oxígeno medicinal y limitadas capacidades resolutivas en todos los niveles de la atención en el sistema de salud del estado, junto al colapso de los hospitales y centros de atención. Los resultados, poco visibles pero reales, terminaron siendo la instalación en el imaginario popular de una creciente desconfianza, incompetencia y hartazgo de la clase política. 

A lo anterior se sumó, sucesivamente, la incapacidad de las autoridades para adoptar medidas urgentes a la altura de las exigencias de la crisis. Se ignoró al sector privado, pese a los ofrecimientos de colaboración, igualmente se eludió la contribución de las fuerzas armadas, se dilataron las tratativas para formalizar contratos con laboratorios para la adquisición de vacunas, se insistió en utilizar pruebas de antígeno y anticuerpos(1), eludiéndose la utilización de pruebas moleculares, se dispusieron cuarentenas sin mayor  lógica social, dejándose de lado las propuestas de los cercos epidemiológicos, se afectó seriamente la cadena de pagos y se precipitó el cierre de actividades económicas y la quiebra de cientos de miles de empresas, con el consiguiente corolario de la pérdida de empleos. Si este panorama pudiera resumirse, en una palabra, no sería otra que frustración. Y la frustración en política bien puede llevar a un salto al vacío, a patear el tablero. 

El 11 de abril del 2011 el electorado tuvo una oferta variopinta compuesta por 18 candidatos, que cubrió todo el espectro político desde la izquierda, el centro y la derecha, en otros términos, desde radicales, moderados y conservadores. Pocos partidos de trayectoria, entre ellos Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, participaron en este proceso. Muchos, sino la mayoría, son identificados como “vientres de alquiler” y poco o nada tienen que ver con ser parte de un sistema político. Si bien las confrontaciones y debates fueron de escaso nivel, los ejes principales apuntaron a la defensa de la economía social de mercado, expresión del neoliberalismo, según las posturas radicales, y a la vigencia o no de la Constitución de 1993, proponiéndose su reemplazo por otro pacto social, luego de un referendo. 

Lo que no ocurrió fue un debate en base a programas, ideas y propuestas concretas de cómo revertir la crisis sanitaria, económica y social, reducir y eliminar la pobreza, generar empleo y beneficios sociales, asegurando y brindando seguridad jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras para beneficio de la Nación y la lucha frontal contra la corrupción, salvo el partido Renovación Popular que sí elevó esta propuesta. Ninguna de estas ideas fuerza marcaron el proceso, el debate programático, en esencia, no existió y tampoco le interesó a la mayoría de los electores. Por cierto, el “debate” organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y transmitido por canales de TV abierta obedeció a un formato que tampoco permitió el sustento confrontacionales de las propuestas. Más bien, los candidatos lucieron como facilitadores de un producto o bien, para uso ciudadano.

Para las elecciones del 2021 el padrón electoral registró 24.5 millones de electores hábiles, es decir todos ellos ciudadanos en condición de expresar su preferencia por alguno de los 18 candidatos. Efectuados los cómputos de las mesas electorales, el profesor Pedro Castillo Terrones, del partido Perú Libre, resultó ser el candidato más votado en la primera ronda electoral con 2.69 millones de votos, equivalentes al 10.9% de los electores. La segunda votación la obtuvo la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 1.89 millones de votos, con un porcentaje de 7.6% de los electores. Los dos candidatos más votados, en términos porcentuales, representan apenas el 18,5% de los electores hábiles del país y el total de votos que obtuvieron las dos candidaturas fue de 4.58 millones, que restados del padrón de electores hábiles muestra que 20 millones de ciudadanos distribuyeron sus votos entre los otros 16 candidatos, en los votos en blanco o nulos, o bien no asistieron al acto electoral. Esta es la foto más sintética de los resultados electorales.   

El resultado de los votos alcanzados por el candidato Pedro Castillo Terrones para los observadores y analistas, ha sido un registro atípico de una tendencia que no se explica por los argumentos y la línea del programa del partido Perú Libre. Esta observación expresa que no se ha tratado de un voto programático y sí, más bien, de un voto de protesta, de indignación contra la clase política y sus dirigentes tradicionales. Ha sido la manifestación del hartazgo y decepción, no precisamente de un voto ideológico y sí de protesta, de negación y rechazo al desempeño de los liderazgos políticos y no solo por la defenestración de cuatro presidentes, en un cortísimo periodo. El voto de indignación también ha sido impulsado por las acusaciones en giro en el Ministerio Público contra expresidentes como Alejandro Toledo Manrique, -próximo a ser extraditado junto a su esposa y con arresto domiciliario en los Estados Unidos- Pedro Pablo Kuczynski Godard, -con detención en su domicilio en el Perú-, y Martin Vizcarra Cornejo, acusado por la Fiscalía Anticorrupción y ahora también inhabilitado por 10 años por el Congreso para ejercer cargos públicos. Situaciones que se suman a la carcelería del expresidente Alberto Fujimori Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad.   

En el otro extremo, los votos obtenidos por Keiko Fujimori Higuchi, distante del primero por 3.3%, y en números absolutos por 804,138 votos, revela la presencia en el recuerdo del elector, principalmente, en los sectores socio económicos urbanos y rurales C, D y E, el rechazo a lo que fue el gobierno de su progenitor. Se han incubado también en el imaginario popular(2) la corrupción y los excesos de ese gobierno, sumándose ello la larga investigación que realiza el Ministerio Público contra Keiko Fujimori Higuchi, además de las imágenes de ésta ingresando a las prisiones preventivas solicitadas por el Fiscal José Domingo Pérez, todo ello con una exposición mediática permanente y sistemática. Esa combinación de hechos ha deteriorado la imagen electoral de la candidata.      

Con relación al segundo acto electoral, previsto para el 6 de junio próximo, aún no se puede ni se debe anunciar quién obtendrá el triunfo. Lo cierto es que los sectores C, D, y E son los más golpeados por la crisis socio sanitaria del Covid 19 y por el perverso correlato de la crisis económica. La primera ha ocasionado cientos de fallecidos y la económica ha sumido en la miseria y el desempleo a miles de familias. Los desengañados y frustrados, por razones obvias, que lo perdieron todo y los que nunca tuvieron nada, bien podrían dar un salto al vacío, si no predomina la sensatez y la responsabilidad ciudadana. 

1 Las pruebas de anticuerpos buscan anticuerpos producidos por el sistema inmune como respuesta a una amenaza. Los anticuerpos pueden tardar días o semanas en desarrollarse tras una infección, estas pruebas conocidas como serológicas, análisis de sangre o prueba de serología, se usan para saber si un paciente tuvo Covid-19, pero no para diagnosticarlo. La FDA señala que las pruebas de diagnóstico sirven para detectar una infección activa de coronavirus y saber si una persona necesita aislarse de otras para no propagar la enfermedad. Existen dos tipos de prueba de diagnóstico: las pruebas RT-PCR, conocidas como prueba molecular, detectan el material genético del virus y las pruebas de antígenos, que detectan proteínas específicas del virus.

2 Conjunto de representaciones con las que se explica el mundo y/o el entorno social, pero que no necesariamente están contrastadas. La veracidad de estas formas son presunciones, salvo que se verifiquen empíricamente o se comprueben con hechos fehacientes.