¿Desafectos a la democracia?

El llamado Barómetro de las Américas –de LAPOP Lab, entidad de la Vanderbilt University, la agencia estadounidense USAID, otras universidades de ese país y oenegés asociadas– en su informe 2023, de reciente divulgación, muestra que el Perú es un país del continente con extremo decaimiento de la democracia, con uno de los menores porcentajes de ciudadanos que “están de acuerdo” con la democracia. También es un país en el que el nivel de “satisfacción” con la democracia decrece: de 21% el 2021 a 19% el 2023. Asimismo, es el último de 26 países de la región en la pregunta si los encuestados creen que su país “es una democracia”, percepción que cambia negativamente: de 66% el 2019 al 53% el 2023.

Hay en el informe más indicadores del deterioro de la percepción de democracia en el Perú y lo ubica en el extremo catastrófico del espectro regional. Pero el análisis del documento revela una inclinación ideológica, porque el estudio recogido en dicho informe parte de esta premisa: “Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. Una afirmación que induce claramente el sentido de la respuesta deseada a la indagación que sigue: “¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 1: nada - 7: mucho”.

Se atribuye a Winston Churchill la expresión “La democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando a todas las demás”. Cerró así opciones a debatir y protegió a la democracia con el aura del mal menor. Claro que la mencionó siendo él primer ministro y jefe de gobierno de una monarquía constitucional con una tradición de continuidad y estabilidad de régimen político por más de tres siglos. Lujo que se podía dar.

A continuación de esa premisa, el Barómetro de las Américas 2023 recoge, en un gráfico, las respuestas “entre 5 y 7 de la escala” donde la expresión de los 1535 peruanos encuestados sólo supera en un punto el 50% de acuerdo con dicha premisa; lo que claramente se interpreta como un muy alto desacuerdo ante la virtud de la democracia. Otro gráfico ubica al Perú entre los países con menor “apoyo a la democracia”, junto a Ecuador, Honduras, Surinam y Guatemala en el extremo de insatisfacción. En palabras sencillas: una mitad de los peruanos muestra desapego respecto de la democracia. Y como el mismo informe señala a continuación, el año 2023 sólo un 19% está satisfecho con el funcionamiento de la democracia.

Pero es necesario preguntar: ¿de qué democracia se trata? El informe registra datos del 2006 al 2023, es decir, respecto de 17 años del período de la historia reciente en que se ha querido instaurar en la conciencia de los peruanos un respeto y una adhesión incuestionables a la democracia; sin embargo, es, a la vez, el mismo tiempo en que la información muestra la percepción social del creciente y grave deterioro de la misma.

En el Barómetro… el Perú aparece como país en el que la “confianza en las elecciones” desciende: de 33% el 2021 a 22% el 2023; en el que la “confianza en el presidente” disminuye: de 21% el 2021 a 10% el 2023; también en el que la confianza acerca de que “el gobierno nacional hace lo correcto” decrece: de 34% el 2021 a 21% el 2023 y la confianza en el Congreso es menor todavía: de 12% el 2021 a 7% el 2023, asociado a la alta creencia en que en “momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el Congreso”: 45% el 2021 y 44% el 2023.

Todo eso está vinculado a la percepción de que a los gobernantes no les interesa mucho las opiniones “de gente como usted”: 33% el 2021 y 28% el 2023, lo que tiene su correlato en el bajísimo nivel de confianza de la población en los partidos políticos: 8% el 2021 y 7% el 2023.

Hay, pues, una inobjetable desafección de los peruanos con respecto a la democracia en que viven precisamente en los dos decenios cuando todos los discursos políticos han loado a la democracia y las vocerías de las fuerzas políticas se han reclamado sus adalides. Es imperativo retomar la pregunta: ¿de qué democracia se trata?, y la respuesta sólo puede ser una: se trata de una democracia fracasada. ¿Cómo así?

En el período en cuestión, que puede ser extendido desde el 2001 al momento presente, el Perú ha vivido bajo régimen democrático con el ordenamiento constitucional que es el segundo más prolongado de su historia republicana, regido por un modelo económico fructífero que alcanzó los niveles de crecimiento del PBI más elevados de la región en el primer decenio de este siglo y que consiguió disminuir la pobreza entre 2004 y 2015, durante un periodo de fuerte y sostenido crecimiento macroeconómico; la incidencia de la pobreza en el país se redujo en 63%; el promedio de la brecha de pobreza pasó del 22,1% el 2004 al 5,4% el 2015 y la severidad de la pobreza también se redujo significativamente durante el mismo periodo (registros ENAHO). Esta situación se deteriora desde entonces y se acentúa con el paso de los años, de manera que al iniciarse el decenio del 2020 se podía observar una retracción y, por ende, un nuevo crecimiento de la pobreza, aún cuando la percepción social databa que crecía la conformidad de los estratos sociales beneficiados por los programas estatales de apoyo.

En ese escenario, la desigualdad en la distribución del ingreso fue marcada en la percepción social de los peruanos como una fuerte injusticia redistributiva, generando la lectura de un aumento en la desigualdad social: “los ricos son cada vez más ricos y los pobres siguen siendo pobres”. Señal clara de ineficacia de la gestión estatal.

En paralelo, la gestión del Estado ingresó en una fase de crisis políticas sucesivas desde el 2016, sindicadas como crisis de legitimidad de gestión (y hasta crisis de legitimidad de origen de los gobiernos, según algunos), que dieron lugar a la precariedad de los gobernantes y de la representación parlamentaria decantando en la renuncia del presidente Kuczinsky, la sucesión de su vicepresidente Vizcarra, quien disolvió el Congreso, la vacancia del propio Vizcarra por el Legislativo que fue elegido durante su mandato, la sucesión trunca de Merino, la presidencia encargada a Sagasti, el turbulento gobierno de 500 días de Castillo y tras su frustrado golpe de estado la sucesión de Boluarte: seis mandatarios presidenciales y tres parlamentos en seis años.

La inestabilidad se permea a otras esferas del Estado, con la politización del control de magistrados fiscales y jueces a cargo, primero, del Consejo Nacional de la Magistratura sustituido por la Junta Nacional de Justicia, y con la prolongada y ardua pugna por el control del Ministerio Público cuando la entidad se erigía como un superpoder persecutor con agentes de poder fáctico involucrados. No se excluyen de esta situación el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, es notorio que en el ámbito parlamentario las sucesivas representaciones desde el 2019 desarrollaron formas de “convivencia” más o menos crispadas con los gobiernos de turno, albergando a grupos de interés con etiqueta partidaria que han hecho de la labor parlamentaria un dechado de acción prebendaria y clientelista que compromete en diferente grado a todas las fuerzas parlamentarias.

En resumen, el panorama del Perú en el período 2006-2023 que interesa al Barómetro… es el de un crecimiento económico que alivió la pobreza, pero dejó intocada la desigualdad en la distribución de ingresos; el déficit de legitimidad y la precariedad de los gobernantes con mala gestión; la presencia creciente en el parlamento de representaciones de intereses sin visión de país y el deterioro de instituciones de defensa de la legalidad. No puede sorprender, entonces, que una mitad cuando menos de los peruanos se muestre desafecta con la democracia que perciben y con los actores en el poder.

Lo sublevante es que quienes más resienten el escenario omitan por entero mencionar a los responsables, menos todavía se consideran entre ellos. No obstante, hay que señalar con claridad que el período en que se produce y se manifiesta la actual situación es, precisamente, el que (como otros observadores) hemos llamado la República Caviar, que germinó con el interinato de Valentín Paniagua, floreció con el gobierno de Alejandro Toledo, prosiguió con el de Ollanta Humala, pervivió con el de Pedro Pablo Kuczinsky y alcanzó su cenit con el de Martín Vizcarra, encontrando luego refugio en el de Pedro Castillo y en el actual.

En ningún momento la cofradía de progresistas conocidos como caviares ha conseguido un caudal electoral que la encumbre en el poder y sin embargo ha gobernado por interpósita persona el Perú durante casi un cuarto de siglo, logrando pactos parlamentarios, fraguando apoyos externos, “hojas de ruta”, ingresando al Ejecutivo por techos y ventanas, negociando mutuas indulgencias. Un listado de ministros y altos funcionarios de las administraciones de ese tiempo plagadas de caviares releva de presentar otras pruebas. Ni la gestión de Alan García se libró y ahí tenía sus “rincones” la clique caviar.

La verdad sea dicha. Si hay un deterioro grave de la democracia en el Perú, es el que corresponde al resultado de la rapiña caviar que ha instrumentado el concepto, lo ha desvirtuado con sus trapacerías y hoy nos lo refriega en el rostro como un trapo maloliente que, desde luego, repugna a los peruanos. Lo que hay, pues, es el deterioro corroído del paradigma caviar de la democracia, “su” democracia, a cuyo redil arrean masas de electores sin el menor sentido de ciudadanía. Queda por saber si conseguirán hacerlo otra vez.