Dejar atrás el populismo y el uso del Estado como botín

Durante los últimos años de inestabilidad política y sucesivas vacancias presidenciales el país ha normalizado un régimen hibrido. En él conviven una economía estable con inflación baja, moneda sólida, un exitoso BCR y apertura comercial, con el progresivo eclipse del MEF, la institucionalidad y la meritocracia, más el populismo congresal con leyes que perforan el equilibrio fiscal o protegen, directa o indirectamente, el crimen organizado. Dada la fragmentación electoral, el 2026 podría prolongarse el régimen hibrido actual porque no es fácil desmontarlo, o porque puede suceder que el presidente electo no cuente con mayoría propia en el Congreso o que elijamos un mandatario disruptivo o uno poco capaz. En el 2026 nos jugamos el futuro. El electorado tiene la última palabra.

Algunos consideran que bastaría con que algún candidato no tan malo como Castillo o Boluarte gane la elección del 2026 y logre fluir los cinco años sin hacer mucho daño adicional. Bajo esta lógica, a partir del 2031 podríamos recuperar el rumbo, hacer las reformas y volver a crecer sostenidamente. Es curioso que se suponga que lo que no seríamos capaces de hacer en el 2026, elegir bien, sí lo podríamos hacer en el 2031. Esta apuesta puede resultar peligrosa. Veamos porqué.

Lado A. La economía resiste por el buen manejo del BCR y porque los términos de intercambio y los precios de los minerales que exportamos están en un récord histórico, generándose buenos ingresos fiscales transitorios. Lado B. La abundancia de ingresos y recursos presupuestales propicia el populismo legislativo, sirve para que los gobiernos subnacionales festinen ingentes recursos para obras sin que las brechas sociales se reduzcan, al mismo tiempo que los altísimos precios del oro potencian el auge de la minería ilegal y su penetración en los poderes del Estado. Suponer que, tras la aprobación de 101 leyes con S/36,000 millones de costo fiscal futuro, la fortaleza de la macroeconomía podrá soportar 5 años adicionales de desmadre populista y captura del poder por las economías ilegales, parece iluso. Por el contrario, se perfila la necesidad de un ajuste fiscal al inicio del próximo gobierno.

Se ha normalizado un modo de gobernar que persiste pese a la falta de resultados. Ante cada crisis que llega a las primeras planas, se declaran emergencias, se cambian autoridades o el nombre de las entidades responsables, o se dictan leyes ad hoc. Poco tiempo después la prensa y el gobierno olvidan el tema y todo sigue igual.

Los políticos están habituados a salir del paso con promesas vacías en vez de atacar la raíz de los problemas para resolverlos, aunque hacerlo demande muchos años y el esfuerzo de varios gobiernos sucesivos. La ciudadanía puede rechazar de plano este modus operandi, marcar un quiebre, y exigir gestión por resultados con rendición de cuentas.

Las cuerdas separadas, el piloto automático y el chorreo fueron los componentes de la narrativa dominante en la primera década del siglo. La pobreza se redujo gracias al crecimiento sostenido y a programas sociales de alivio, pero el chorreo no funcionó y la informalidad no cedió. La informalidad predominante viene a ser una forma efectiva de redistribución de facto al margen de los canales oficiales y las leyes formales. Además, el chorreo no es posible cuando la capacidad del Estado para gestionar el gasto público es nula.

Esto sintoniza con la captura del botín del Estado por los gobernantes de turno, encubierta en el reparto descentralizado de enormes recursos a los gobiernos subnacionales, que se traduce en obras de servicios básicos abandonadas o paralizadas. El ideal descentralizador ha terminado sirviendo para institucionalizar el saqueo del Estado a nivel regional y local.

Los malos manejos no se limitan a los gobiernos subnacionales. Se han extendido a entidades estatales como EsSalud, Petroperú, INPE, Provias, y a sectores clave como Salud y Transportes, por citar algunos.

Concluyamos. Un líder político debe generar esperanza e irradiar optimismo para que las fortalezas de los peruanos alcancen su potencial. Pero ello no basta. Necesita estar dotado de una gran dosis de realismo y know-how y acompañado por un excelente equipo de gobierno.

Un país tan rico en recursos mineros, agrarios y pesqueros como el nuestro necesita atraer inversión privada, promover asociaciones publico privadas y desarrollar capital humano y capital físico para crecer a tasas superiores al 7% por año, de manera sostenida por décadas.

El equilibrio fiscal es necesario, pero no suficiente. Es indispensable reformar la gestión pública, corregir la descentralización y reformatearla, y castigar las malas prácticas del Estado botín. Los problemas nacionales no se resuelven solos. Se necesita adoptar políticas de Estado blindadas constitucionalmente contra la injerencia política, y ejecutarlas sin pausas durante varios gobiernos sucesivos, con recursos, capacidades y meritocracia.