CVR: 21 años de un fracaso

Pasó agosto y con ese mes se fue al rincón del olvido el 21 aniversario de la presentación del Informe Final de la que fuera Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La prensa nacional no registra noticia sobre el tema; en las redes sociales alguna pálida referencia conmemorativa desde oenegés y colectivos minúsculos, más un seminario desapercibido en el LUM (Lugar de la Memoria). Tampoco hay referencia resaltante en la opinión pública.

Se confirma como una realidad la opinión mayoritaria recogida por la encuesta del IEP (Instituto de Estudios Peruanos) difundida hace un año, en agosto del 2023, señalando la marcada indiferencia social respecto de ese documento y la entidad que lo alumbró. La consulta a 1207 personas entrevistadas por vía telefónica en 438 distritos de 151 provincias en 24 departamentos del país arrojó datos muy significativos. El 61% declaró que no conoce o no ha escuchado hablar de la CVR; sólo 38% reconoció lo opuesto. Los datos de la encuesta son puntillosos. Por segmentos de población, para Lima Metropolitana sólo un 43% declaró tener conocimiento; 39% en el Perú urbano y únicamente 28% en el Perú rural. Por macrozonas 68% desconocía a la CVR en el Norte; 66% en el Centro; 58% en el Sur; 61% en el Oriente. Por sexo 53% de hombres tampoco conocían a la entidad, como el 68% de mujeres. Por rangos de edad ese desconocimiento alcanzaba al 85% de los individuos de 18 a 24 años, a 69% de los ubicados en el intervalo de 25 a 39, y a 47% de 40 años a más; sólo en este último segmento era mayoría de 51% la proporción de quienes sí conocían a la CVR o habían escuchado de ella. Por nivel socioeconómico en los NSE A/B conocían de la CVR un 62%, en tanto la desconocían el 57% del NSE C y el 71% de los NSE D/E.

Más relevante en los resultados de la encuesta era la identificación ideológica registrada para los consultados: 38% de los que habían conocido o escuchado hablar de la CVR se declaraba de centro y en la misma proporción de derecha, 37% se declaraba de izquierda; por el contrario, 62% de quienes no conocían ni habían oído hablar de la CVR se identificaban como de izquierda, un punto más que los identificados como de centro y dos puntos por encima de los identificados como de derecha.

Sin embargo, los datos cimeros de la encuesta se centran en que el 42% de las personas que conocen o han escuchado hablar de la CVR indica que su opinión sobre su labor es negativa; solamente un 26% indicó que es positiva y 23% la consideró ni positiva ni negativa, señal de indiferencia valorativa. Resalta todavía más que mayorías del 38% en los NSE A/B, de 39% en el NSE C y de 47% en los NSE D/E opinen que la labor de la CVR fue negativa; sobre todo si se relaciona con que, de éstos. quienes la consideraron negativa, el 47% se identificaba de izquierda, el 34% de centro y el 39% de derecha: más descrédito merecía la CVR entre los NSE marcadamente «populares» y entre personas de las izquierdas.

Lo que revela esa información de hace un año –y la omisión en los medios de comunicación lo confirma ahora– es que han fracasado en su cometido los apóstoles de la CVR que quisieron convertir su Informe y la narrativa ideológica generada por el mismo, en una «memoria social» predominante y en la «verdadera historia» de la agresión subversiva que enfrentó el estado peruano en los dos últimos decenios del siglo XX. El Informe de la CVR y la propia entidad no han calado en las mentes de las mayorías nacionales; el activismo que todavía enarbola esa «memoria» es asunto de ínfimas minorías sin gravitación social y tampoco política.

La cuestión que surge en este punto es por qué la CVR y su Informe no han tenido éxito en conformar un «imaginario social» difundido y favorable a su visión del proceso histórico. No es, ciertamente por falta de empeño. Autores del Informe de la CVR y adherentes a su enfoque han bregado por incluir en diversos espacios su punto de vista: como una doctrina en textos para la educación escolar, en profusión de escritos del ámbito universitario y hasta en las escuelas de perfeccionamiento de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Añádase la recurrente opinión y el testimonio que han poblado por años páginas e imágenes en medios de comunicación.

En otro lugar he señalado que ha sido suficientemente establecido en distintos medios y tiempos el cúmulo de errores estructurales del Informe Final de la CVR en lo concerniente a la explicación del «conflicto armado interno», en su apreciación de «los factores que hicieron posible la violencia», inclusive por los propios actores subversivos; y también que ha sido con solvencia cuestionado su «balance cuantitativo» de las víctimas ocasionadas por la agresión subversiva, y se ha informado sobre la distorsión «antropologista» en los temas de exclusión social y racismo. Pero el sesgo ideológico impreso en dicho Informe, especialmente sobre la presunta actuación «terrorista» organizada desde el Estado, es la base fundamental de la posverdad erigida al respecto; lo que no es consistente con los hallazgos de la encuesta mencionada, a 20 años después. Por eso he sostenido y me ratifico en que habría que hacer un trabajo de «ingeniería inversa» en el Informe, partiendo de sus conclusiones hacia sus premisas para desbrozar sus inconsistencias y falacias. Es un esfuerzo pendiente, singularmente en cuanto a la discriminación y exclusión por motivos étnico-culturales y raciales que habrían estado a la base de la actuación estatal contrasubversiva.

El integrante de la CVR y quien fuera su eminencia gris, Carlos Iván Degregori, señaló en un escrito posterior al Informe: Desigualdades persistentes y construcción de un país pluricultural. Reflexiones a partir del trabajo de la CVR, que cito: «Una de las cifras más impactantes que ha producido la CVR es aquella que señala que el 75% de víctimas mortales del conflicto tenían el quechua como idioma materno. Si la violencia hubiera tenido en todo el país la misma intensidad que tuvo en Ayacucho, hubieran muerto 1.2 millones de peruano; 300,000 de ellos en Lima». Una extrapolación artificiosa que quiere omitir el hecho de que las acciones armadas de subversión y contrasubversión se han producido en áreas territoriales con numerosa población quechua-hablante: el dato demográfico (o etnográfico, si se quiere) elevado a una especulación insostenible de «racismo» sobre la que se ha pretendido erigir la idea engañosa de la existencia de «dos perúes» inconexos o muy débilmente relacionados en el mismo territorio nacional; lo que es claramente falso a la luz de la observación de las sociedades regionales del Perú en buena parte dominadas por sus propios poderes locales.

El fiasco de la argumentación desarrollada a partir del Informe de la CVR emerge ahora al conocerse análisis reveladores de situaciones que el enfoque «antropologista» de la CVR ignoró; por ejemplo, el estudio de Valérie Robin Azevedo: De los secretos de guerra y sus revelaciones en el posconflicto peruano. La otra cara de la memoria en los Andes, publicado por el IEP en 2023, mostrando que los «pueblos originarios» de los Andes, esos «excluidos» que fueron «víctimas del período de la violencia» eran actores interesados en aspectos sustantivos del conflicto como un medio para dirimir (y resolver) añejas pendencias locales.

Tengo la convicción de que el batacazo expositivo y difusor de la «memoria» elaborada por la CVR tiene raíz en el discurso empleado, que no está dirigido a los peruanos que considera víctimas de «la violencia»; no entendió que en los poblados del «Perú profundo» las gentes se conocen y bastante bien, y cada quién sabe el comportamiento de sus vecinos en cada momento del proceso subversivo. De ahí los «secretos públicos» que esas poblaciones guardan ocultando su participación en uno u otro bando (a veces también en uno y luego en el otro bando) en contienda, y que ahora estudios de campo hacen aflorar con mensajes justificatorios derribando la falacia de «los hondos y mortales desencuentros» entre el Estado y las poblaciones andinas. Colijo que para una mayoría de ellos el Informe de la CVR presenta una visión urbana preñada de ajenidad y distancia social que se disfraza de discurso antropológico. Esta valoración estaría a la base de las opiniones de los encuestados por el IEP, sobre todo los jóvenes de 18 a 24 años que en un 85% desconocen a la entidad y su producto; el escueto 28% en el Perú rural que declara conocer o haber escuchado hablar de la CVR; y que únicamente el 47% de los que se identificaban de izquierda valoren positivamente la labor de la CVR.

Requiere un espacio bastante mayor al de este artículo avanzar en la apreciación de las razones por las cuales la CVR y su Informe revelan un esfuerzo fracasado por imponer una versión sesgada y muy inexacta del período de violencia subversiva vivido en el Perú los dos últimos decenios del siglo XX. A los 21 años de su publicación no ha conseguido convertirse en un referente realmente valioso para la historia reciente de nuestro país, aunque sigue enarbolado como cimiento de la narrativa y posverdad que el activismo progresista –propiamente caviar– no puede evitar que se desmigaje en secuelas que son, a veces literalmente, repeticiones carentes de análisis, como los textos publicados por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) en una serie pomposamente designada Cuadernos para la memoria histórica: una con base en hechos inconsistentes que quiere pasar por verdad histórica.

Colofón: la historiadora canadiense Cynthia E. Milton es autora del libro Los buenos militares. Contramemorias, cultura y derechos humanos, recientemente editado por el IEP. A propósito, el 2 de junio pasado, entrevistada para el diario La República, expresa sin ambages una opinión: «…me percaté de que la CVR no había tenido éxito en convertirse en la versión oficial del pasado del conflicto armado». El 27 de agosto el historiador Manuel Burga, director del LUM entrevista a la Dra. Milton y en el diálogo insiste en presentar la existencia de lo que llama una competencia entre dos memorias: «la memoria heroica y salvadora» de los militares y «la memoria de los derechos humanos con auge durante el período de la justicia transicional», mientras ella enfatiza que, en su opinión, los militares peruanos no incurren en negacionismo. Escuchar esta última entrevista trajo a mi mente el recuerdo de lo que afirma José Carlos Agüero en su libro Los rendidos. Sobre el don de perdonar, asimismo publicado por el IEP, cuestionando con rudeza a esa justicia transicional como expresión de un negociado del victimismo y de los derechos humanos.