Cuando no se aprende de los errores

Hay una gran diferencia entre redactar una moción de vacancia presidencial y, por otro lado, establecer contactos con políticos de diversas bancadas para convencerlos de la necesidad de vacar al presidente de la república. Lo primero implica voluntarismo o afán de figuración; lo segundo, buscar el convencimiento.

Convencidos de esto, por la fuerza de los indicios, o mejor aún por la convicción política de que debe hacerse, se procede a redactar la moción de vacancia multipartidariamente, sabiendo de antemano con cuántos votos se cuenta y a cuántos parlamentarios se debe atraer. En este proceso de sumarse a la causa se hace una labor personal y también mediática,  pues el apoyo de la opinión pública es fundamental.

Me entero por los diarios que un congresista ha empezado el proceso de recolección de firmas para la presentación de una nueva moción de vacancia presidencial. Hasta donde se presenta la noticia, parece que esta no ha sido consensuada con nadie y es producto simplemente de la iniciativa del parlamentario, Edward Málaga. No dudo de su buena voluntad, pero lamentablemente deviene en voluntarismo cuando no ve las consecuencias de sus actos y se empeña en una moción que, al igual que las dos primeras, que tuvieron un origen similar, compartirá su destino, fracasando y fortaleciendo así a Pedro Castillo, tanto en el ámbito local como internacional.

La complejidad de la política en estos días de crisis, conlleva a hacer varios esfuerzos en paralelo en jornadas de dedicación permanente, olvidándose de la semana de representación o el cierre de la legislatura. Estos esfuerzos tienen que ver con el desafuero de los llamados “niños” de Acción Popular, la destitución de Dina Boluarte, convertir en ley el proyecto que impide que sentenciados por asesinato postulen a la presidencia de la república y las denuncias constitucionales contra Pedro Castillo y sus ministros.

En el caso de estas últimas, la presentada por la Fiscal de la Nación es indiscutiblemente la más relevante. El Congreso de la República ha optado por el camino más largo y sinuoso, el jurídico procedimental que tiene que ver con el antejuicio político. Es aquí en donde, por la fuerza de los indicios, se debe hacer el máximo esfuerzo de convencimiento para optar por el camino del juicio político, el de la vacancia presidencial.

Librar al país de un sujeto cuyos actos continuos apuntan a que estaría liderando una organización criminal es imprescindible. Es, en definitiva, un acto patriótico en el que el Congreso, tal y como dice la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, tiene una responsabilidad “exclusiva y excluyente”.

Esperemos que los congresistas entiendan el rol histórico que les ha tocado desempeñar y actúen en ese sentido, liberando al país de una gavilla delincuencial que le está haciendo mucho daño.