Crisis de derechos

 

Cada vez que alguien quiere imponer algo sin recurrir a argumentos, saca de la manga algún “derecho”. Así acaba la discusión porque nos topamos con un dogma de fe: un derecho. Ya no es posible ningún debate porque los derechos, según algunos, son “sagrados, intangibles e irrenunciables”. Así que todo pasa por convertir cualquier capricho en “derecho” y ya está. En eso consiste gran parte del debate político.

Habrán notado que muchas sandeces se defienden últimamente apelando a algún “derecho”. Tanto la izquierda como la derecha son grandes inventores de derechos para hacer que sus causas resulten sacrosantas, invencibles e incluso “irrenunciables”. Tenemos una guerra de derechos de lo más alucinante. Y pretenden involucrar a los liberales en este pleito de manicomio, bajo el pretexto de que “un liberal tiene que defender los derechos”. Un momentito. Vayamos por partes. ¿Qué derechos?

Lo voy a decir de manera radical: el único derecho que existe es la libertad individual. Punto. Todo lo demás es puro cuento y politiquería barata. La libertad involucra una gran cantidad de derechos que se desprenden como ramas, incluyendo a la propiedad lícitamente lograda. No hay otra cosa que reclamarle al Estado más que libertad.

Las gollerías que los demagogos inventan como dádivas no son “derechos”, son solo gollerías que le cuestan caro al Estado o la empresa privada. Regalar dinero a los trabajadores bajo cualquier concepto cursi se convierte en un “derecho”, pero esto no es más que la perversión de los derechos y debería ser delito. Algún día, alguien con dos dedos de frente y mucho valor tendrá que eliminar ese desbarajuste de “derechos” que tiene maniatado al sector laboral.

La vida no es un derecho por ningún lado. Es solo una experiencia biológica natural sujeta a la naturaleza. No es el Estado quien nos da la vida para que sea un “derecho”. Desde que se le quitó al Estado monárquico la potestad de disponer de la vida de sus súbditos, pasando estos a la condición de ciudadanos libres, no hay razón para seguir invocando un “derecho a la vida”, pues ya no tiene sentido en una república gobernada por leyes. Hoy solo es parte de la demagogia.

El derecho del ciudadano es una condición que solo adquiere sentido en su relación con el poder del Estado, por lo que este debe reconocerle al ciudadano su autoridad. Más allá de este escenario no tiene ningún sentido andar invocando derechos. Por lo tanto, más allá del derecho a la libertad no hay nada, solo demagogia.

La lucha de los ciudadanos es y será siempre una lucha contra el poder del Estado. El ciudadano debe vigilar que el Estado no se tome atribuciones que pongan en riesgo su derecho a la libertad y a la prosperidad. Especialmente cuando toman medidas para darle bienestar a un grupo social. Regalar dádivas y convertirlas en “derechos” le carga más peso a los ciudadanos y atenta contra su progreso. Por eso es menester diferenciar lo que es un “derecho” en el sentido político liberal, y lo que es un “derecho” en la judicatura. Es decir, algo otorgado por el Estado como un beneficio.

Por desgracia, esta ha sido la manera más efectiva en que los demagogos populistas han conquistado a las masas. Regalar “derechos” a ciertos sectores, cuyo costo corre por cuenta de los contribuyentes o de las empresas privadas, es una de las fantasías más costosas de los políticos. Y la treta más peligrosa, porque siempre acaba en el déficit del presupuesto y la crisis económica.

También están los supuestos “derechos” invocados por quienes pretenden imponer su postura política, como el “derecho a comer saludable” o el “derecho a llevar su propia canchita al cine”. Hay toda una avalancha de estos “derechos” que solo son disparates demagógicos.

Ahora resulta que la ley que pretende prohibir la publicidad del Estado “atenta contra los derechos de los ciudadanos a ser informados”, a decir de un burócrata de la CIDH. El Estado tiene múltiples recursos para informar a los ciudadanos, empezando por el portal web de cada sector. Todo lo que hay que hacer es exigir que la información esté disponible de manera oportuna, veraz y completa. Con eso es más que suficiente para que el ciudadano interesado pueda acceder a la información. No hace falta que el Estado utilice canales privados para informar.