Conquistar la confianza nacional

La presidenta electa ya recibió las credenciales que formalizan su elección, y el próximo 28 de julio asumirá el mando de la Nación. El procedimiento constitucional avanza y la transferencia del poder se encuentra encaminada. Sin embargo, la ceremonia y la investidura no bastarán para resolver el problema central que el proceso electoral deja al nuevo Gobierno: una legitimidad debilitada y una sociedad profundamente dividida.

La legitimidad es el reconocimiento social del derecho a gobernar. No se confunde con la legalidad, aunque la necesita. La legalidad nace del cumplimiento de las normas, de la proclamación electoral y de la juramentación constitucional. La legitimidad supone aceptación, confianza y convicción ciudadana de que el poder será ejercido en beneficio de todos. Una credencial acredita jurídicamente; no reconcilia políticamente. La legitimidad no se entrega en una ceremonia: se construye mediante decisiones y conductas.

El Perú llega a esta transición después de una elección muy estrecha, precedida por deficiencias, controversias, impugnaciones y denuncias de irregularidades que erosionaron la confianza pública. El país quedó prácticamente dividido en dos, algo que siempre sucede en las segundas vueltas pero no con el sentimiento encarnizado de sectarismo y desunión. La fragmentación de la primera vuelta mostró que ninguno de los proyectos políticos contaba con la adhesión nacional suficiente. La presidenta electa tiene, por tanto, legitimidad jurídica de origen, pero recibe también la obligación política de ampliar y fortalecer esa legitimidad mediante el ejercicio de un gobierno efectivo y unitario.

Ese debe ser el sentido del mensaje del 28 de julio. No corresponde un discurso triunfalista ni la celebración de la derrota de la mitad del país. Corresponde reconocer la fractura, comprender las razones de la desconfianza y convocar a los peruanos a construir un suelo común. Gobernar para todos no puede ser una frase protocolar: debe ser una forma verificable de organizar el poder.

El primer gesto será la composición del gabinete. Un Consejo de Ministros plural, capaz y honesto demostraría que el Estado no será administrado como propiedad de un partido, de un círculo familiar o de un grupo económico. La pluralidad no significa improvisación ni reparto de cuotas. Significa incorporar personas competentes, procedentes de distintas experiencias y sensibilidades democráticas, unidas por un programa de emergencia nacional y por una conducta ética irreprochable.

La honestidad debe ser una condición no negociable. La lucha contra la corrupción comienza con los nombramientos. Cada designación enviará una señal: o el nuevo gobierno rompe con las prácticas que degradaron al Ejecutivo y al actual Congreso o confirma que todo continuará igual. La transparencia de los antecedentes, la prevención de conflictos de intereses, la rendición de cuentas y la exclusión de personas seriamente comprometidas con redes de corrupción constituirían gestos inmediatos de autoridad moral. Para convocar al país a combatir la corrupción, el gobierno debe comenzar por limpiar la propia casa.

El segundo gran compromiso es la seguridad de la población. El artículo 44 de la Constitución establece entre los deberes primordiales del Estado la protección a la población de las amenazas contra su seguridad. Ese mandato ha adquirido una urgencia dramática. La expansión de la criminalidad, las extorsiones y el miedo cotidiano revelan un Estado que no está cumpliendo adecuadamente su obligación esencial. Recuperar la legitimidad exige demostrar que la autoridad democrática puede proteger sin abusar, actuar con firmeza dentro de la ley y coordinar eficazmente a la Policía, la justicia, el Ministerio Público, los gobiernos locales y las políticas sociales de prevención.

Honestidad y seguridad pueden convertirse en los dos primeros consensos nacionales. No importa por quién votó cada peruano: todos necesitan un Estado que no robe y que no los abandone frente al crimen. Sobre esos acuerdos básicos puede comenzar la reunificación del país.

El voto de confianza decisivo no será el del Parlamento. Será el que la población otorgue o retire cada día. Ese voto social no se obtiene por decreto, consigna o propaganda. Se gana con transparencia, eficacia, respeto a las libertades y resultados que mejoren la vida cotidiana de todos.

El nuevo Gobierno recibe el poder legal, pero tiene que conquistar la confianza nacional. El 28 de julio debe marcar el inicio de esa recuperación. Si la presidenta convoca sin excluir, designa sin premiar lealtades y gobierna sin confundir autoridad con imposición, recuperará la legitimidad como la condición para que el Perú vuelva a creer en sí mismo.