Congreso y Ministerio Público: un enfrentamiento anunciado

Cuando a fines del siglo XVIII se estableció el principio de la división de poderes y se sentaron las bases de la democracia liberal quedó en claro que el principal árbitro de cualquier conflicto, o quien debía orientar a la Nación, era el Poder Ejecutivo. A tal punto que la categoría de jefe de Estado no se otorgó a la cabeza del poder Legislativo ni a la del Poder Judicial sino a quien gobierna, a quien rige los destinos del país. En el Perú esa persona es el presidente de la República.

Por eso creo que lo que estamos viendo como conflicto entre el sistema de Justicia –en especial uno de sus componentes fundamentales, el Ministerio Público– y el Congreso de la República no es causa sino consecuencia de un problema mayor: el de la ausencia total del gobierno, del poder Ejecutivo, de la presidenta de la República y de sus ministros en la orientación, el planteamiento de propuestas, en la potestad para definir el debate y, sobre todo, en plantear posición cuando se trata de alguna medida, propuesta de ley o fallo jurídico que pueda afectar a la marcha del Estado. Ese es el principal elemento que causa el enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Congreso a través de declaraciones y cruce de comunicados: la inexistencia de un árbitro, la ausencia de ministros en el debate –en este caso del ministro de Justicia–, la inexistencia de un jefe de Estado que, en medio del caos, simplemente tome posición. En ausencia de un poder orientador, el Ejecutivo, cada poder llena ese vacío planteando lo que quiere.

Cuando no existe ese rol el cruce de espadas entre los poderes termina siempre convertido en una crisis, tal y como lo vemos en estos días. Pero también hay otro problema en el Perú de estos días: la falsa creencia de que la realidad puede ser cambiada a punta de leyes. Y ese es otro de los problemas. Ya no hay discusión de políticas públicas ahora lo que hay es una discusión jurídica, pleitos de abogados que obviamente defienden las posiciones que les interesan o de sus clientes. Eso ha llevado a una juridización de las políticas públicas –con las consecuencias de exceso de protagonismo en aquellos que conforman el sistema de justicia, jueces, fiscales y procuradores– que ahora tenemos.

Somos un país invertebrado, sin instituciones. No hay reglas ni códigos permanentes en el tiempo, solo intereses que luchan por consolidarse en el poder. Como diría Cornelius Castoriadis, ese es el costo, al fin, del ascenso al poder, de la insignificancia.