Congreso gesta perjuicio a pensionistas estatales

Desde los primeros días de diciembre del año pasado, los congresistas Hernando Guerra García (de la bancada de Fuerza Popular) y Guillermo Tacuri (de Perú Libre) ingresaron sendos proyectos de ley (PL) para modificar la Ley de Generación Eficiente de Energía (Ley N° 28832), bajo el argumento de beneficiar a las mypes con una disminución del costo del servicio de electricidad. 

El concepto utilizado –un tema técnico, que dudo que ambos proponentes conozcan siquiera someramente– es disminuir el límite de capacidad (potencia) que define a los dos grandes grupos de consumo que establece la ley: usuarios regulados y clientes libres. Estos últimos tienen la posibilidad de contratar el suministro (potencia y energía) tanto con generadores (productores) como con distribuidores (caso Enel Distribución, Luz del Sur, Hidrandina, por ejemplo). 

A la fecha, la frontera de potencia que divide a los dos grupos es de 250 KW, todos aquellos que contraten hasta esta capacidad lo hacen a tarifa regulada por Osinergmin. Los PL proponen bajar el valor hasta 60 KW, en otras palabras, aumentar la cantidad de clientes del mercado libre. El argumento, como se suele decir de manera coloquial, “suena a verdad”, pues hoy el costo medio regulado es 52% superior al del mercado libre. 

Hay que precisar que la compra de potencia y energía es uno de los tres rubros que intervienen en el costo. Los otros dos son transmisión y distribución. Cuando se hace una evaluación integral la diferencia se reduce a 46%, que sigue siendo importante. 

Lo que no se menciona es que estas diferencias de precios son coyunturales, consecuencia de una sobrecapacidad de oferta eficiente (de bajo costo). A pesar del modesto crecimiento económico, esa oferta no durará más allá de mediados del 2024, momento en el cual los consumidores no podrán volver inmediatamente al sistema regulado porque la ley los obliga a estar tres años en el mercado libre.  Y todo el beneficio obtenido se perderá en un santiamén.

Una segunda consecuencia, de prosperar el despropósito, es la afectación del Fondo Consolidado de Reservas (FCR). Es decir, el fondo de los pensionistas estatales, que es el propietario del 85.71% de las acciones de Electroperu. El tercer perjudicado será el holding estatal Fonafe, propietario del 14.29% de las acciones de la eléctrica estatal, y cuyos recursos se utilizan para el equilibrio del Presupuesto General de la República. 

El perjuicio se explica por dos razones: 1) a Electroperu se le obligó compulsivamente en el 2011 a comprar 486 megavatios (MW) a un precio promedio ponderado que a marzo de este año ascendió a US$ 70.93 por megavatiohora (US$/MWH). Hoy, tiene un excedente de 97 MW que se verá obligado a vender a un promedio de mercado de US$ 40 por MWh, perdiendo S/69.8 millones por año; y 2) la generadora estatal le ha vendido obligatoriamente suministro al precio que compró a las distribuidoras estatales, las que perderán clientes porque los comercializadores ofrecerán en el mercado precios del orden de  US$ 40 por MWh y se quedarán con una capacidad contratada que deberán honrar. Por cada MW pagarán S/ 325,000 al año, a pesar de no usarlo, que serán cifras en contra de los resultados esperados por Fonafe

Siendo un tema complejo, es indispensable la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo al FCR y el Fonafe.  Deberá explicárselo a la bancada de Fuerza Popular para que tomen la decisión de apoyar o no la propuesta de su vocero, Guerra García. Se requiere un debate técnico, no el facilismo de hacer sumas y restas que parecen tener sentido económico.