¿Colaborador eficaz o libreto eficaz?

Los mismos que antes solicitaron firmas buscando la continuidad de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, hoy buscan firmas para destituir al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sostienen que como el presidente Martín Vizcarra no asistió a su nombramiento, Chávarry es una amenaza para la reforma judicial. El empeño de los solicitantes va de la mano con una intensa campaña organizada por un sector de la prensa vinculada al antifujimorismo y antiaprismo. Y tal vez vinculada también al ex fiscal Sánchez, convertido por ese sector en la esencia pura de la honestidad peruana.

El colmo de la situación lo representa el Instituto de Defensa Legal (IDL), que ha llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pretendiendo que la Corte, como si fuéramos un virreinato, decida quién debe ser el fiscal de la Nación.

Ese sector no dice una sola palabra sobre el juez supremo César San Martín, quien hizo uso de su posición como magistrado en una conversación telefónica registrada con quien fuera presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, ahora el “cabecilla II” y supuesto jefe de la organización criminal denominada “Los cuellos blancos” (según el informe Nº 01-05-2018-MP-FN, dirigido a Pablo Sánchez). Tampoco se ha pronunciado sobre el nuevo tratamiento a las investigaciones del caso Lava Jato, impulsado por el fiscal Chávarry y respaldado por la mayoría de reconocidos juristas. La nueva estrategia afecta la condición de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y de todas las constructoras consorciadas con Odebrecht. Es decir, porque hay cárcel de por medio, se desprestigia al carcelero y se enturbia todo lo que se pueda.

Por eso, cae a pelo ese informe Nº 01-05-2018-MP-FN, elaborado por Sandra Castro —Fiscal Provincial del Primer Despacho de FECOR-Callao— dirigido a Pablo Sánchez, fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal de Lima. Allí, la fiscal señala que Chávarry y otros son parte de la organización criminal “Los cuellos blancos”, dando cuenta de los audios publicados por IDL-Reporteros y testimonios del colaborador eficaz Nº FPCC1308-2018, pero sin adjuntar otras pruebas.

Según el “colaborador”, la intención de la organización criminal es controlar tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público (MP), percatándose de que sería “por intermedio de Pedro Chávarry”. Punto. No hay más. Es decir, solo porque el “colaborador” se “percató”, el fiscal Chávarry es parte de una red criminal. Y ya sabemos cómo se maneja a los colaboradores en el Perú. ¿Se acuerdan de Matilde Pinchi Pinchi? Solo por su dicho, siguiendo un libreto, culpables e inocentes terminaron presos, enfermos y hasta muertos.

El “informe” sirve para los titulares de las primeras planas de los medios de comunicación vinculados al sector que, abierta e indebidamente, buscaba la reelección de Sánchez como fiscal de la Nación. Sirve para destruir la figura de Chávarry, elegido por la junta de fiscales, porque la reelección no se considera en el colegiado del MP. Ese sector opuesto a Chávarry no ha cuestionado, por ejemplo, cómo así fugó Toledo; ni tampoco cómo se manejaron los fiscales que tenían a su cargo el caso Odebrecht durante la gestión de Sánchez, con tanto tiempo perdido y sin resultados hasta ahora concretos.

Si el fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal de Lima utiliza el “informe” y los dichos del “colaborador” sin análisis e investigaciones exhaustivas, diríamos que Sánchez quiere seguir siendo la cabeza del MP. Y así como en el informe de la fiscal Castro se usan las condicionales “habría” y “podría” (porque no muestra pruebas ni argumentaciones sólidas), así también diríamos que quienes buscan firmas para destituir a Chávarry, estarían tratando de encubrir a los corruptos que pertenecen a su facción.