¡Chantaje y extorsión en el Corredor Minero del Sur!

La administración Castillo ha renunciado a restaurar el orden público y el Estado de derecho en las provincias del corredor minero del sur, la zona estratégica donde se produce alrededor del 50% del cobre nacional. En la práctica, el Gobierno de Castillo ha entregado esta zona, de suma importancia para el país y considerada como un "activo crítico nacional", a algunos grupos que, aunque pequeños y muy activos, utilizan las demandas de las comunidades para beneficio propio.

Ante de continuar  vale reconocer que en la zona existe una conflictividad compleja, y que  la responsabilidad es absolutamente del Estado y de los sucesivos gobiernos, entre ellos el de Pedro Castillo. Es en ese contexto en el que personajes con ambiciones políticas o económicas se arrogan la representación de las demandas comunales y pervierten los conflictos sociales. 

El corredor minero del sur (zona que se extiende por Cusco, Apurímac y Arequipa, entre otros) se ha convertido en un ejemplo de la perversión de la conflictividad social. Repetimos, existe una compleja conflictividad social; sin embargo, el origen es la inercia o ineficiencia de un Estado que recibe pero no da.

La provincia de Chumbivilcas solo ha gastado alrededor de S/ 30 millones debsoles de los más de S/62 millones para la ejecución de proyectos. ¿Eso acaso no es ineficiencia? En este contexto de alta conflictividad surgen personajes que agudizan las contradicciones y radicalizan sus acciones contra las inversiones mineras con el único fin de obtener réditos económicos.

Son casos particulares, pero pervierten y contaminan las legítimas protestas de las comunidades. En algunos casos son asesores-abogados y en otras autoridades comunales que si bien son elegidas degeneran las demandas y los argumentos. Así sucedió en Chumbivilcas con el Frente de Defensa, que mantuvo bloqueado el corredor por casi 30 días.

El caso actual es el de Ccapacmarca, cuya comunidad mantiene un bloqueo de la carretera contra la empresa Las Bambas. Resulta que algunos de los líderes y dirigentes que promueven el paro, que se mantiene por casi 15 días, han sido acusados de delitos gruesos, como extorsión a empresas mineras. Apurímac, la región, pierde al día S/ 1.5 millones de regalías mineras.

La administración Castillo, como decimos arriba también, ha dejado el corredor a merced de las comunidades; pero sobre todo de algunos líderes que pervierten los conflictos sociales. Castillo olvida que  según la ley, el corredor minero es un activo crítico nacional, incluso nombrado como "primero", tanto como las centrales térmicas. Por ende, es inadmisible que se paralicen las operaciones de las empresas mineras en el corredor minero; más cuando la libra de cobre está por encima de US$ 3.90.

¿Para restituir el orden en el corredor minero es necesaria la fuerza? No. Hace falta la legitimidad, hacer cumplir la ley y sobre todo persuadir a las comunidades. Pero además hace falta la acción ejecutiva del Estado. Eficiencia y eficacia. Castillo puede hacerlo si orienta su Gobierno hacia la solución de los conflictos, a abrir más minas y no cerrarlas; pero para ello es necesario un liderazgo que ahora no tiene. Ojalá cambie.