¿Aquí no pasa nada?

El VRAEM –valle entre los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en ceja de selva del centro del Perú– es un territorio que abarca 69 distritos y 5 departamentos: Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. Está dividido en dos zonas: de intervención, con 100,000 pobladores; y de influencia, con 400,000. El 88% de la población rural es pobre y 58% se encuentra en pobreza extrema, subsistiendo de la producción de hoja de coca, café y cacao. 

Hoy el VRAEM sigue siendo una de las zonas abandonadas del Perú, con un Estado ausente, una población que decrece por la mala alimentación, la baja esperanza de vida y las migraciones. Pero el principal problema es el choque entre grupos armados: Sendero Luminoso, el Militarizado Partido Comunista (MPCP), los narcotraficantes y las fuerzas del orden.

En este escenario se planificó la guerrilla armada desde los años sesenta, y entre 1980 y el 2000 el terrorismo atacó a las localidades más pobres y vulnerables, muchas de las cuales fueron aniquiladas. En los años noventa se inició el terrorismo urbano, que culmina con la captura de Abimael Guzmán, pero no se liquidó al terrorismo. 

En enero de 2021 Francisco Sagasti, entonces presidente del Perú, informó que el camarada Raúl, Jorge Quispe Palomino, segundo al mando del MPCP, fue abatido por el ejército en el VRAEM, manifestando que “su fallecimiento fue ocultado para no desmoralizar a los terroristas”. Fue un comentario ampliamente criticado. Pero tres meses más tarde se produjo un atentado en el que fallecieron 16 pobladores de la localidad de San Miguel en el distrito de Vizcatán, incluyendo a 2 niños, por impactos con fusiles AKM y Galil.

El MPCP se atribuyó ese ataque terrorista y la Camarada Vilma encabezó una campaña en redes evidenciando su apoyo a Perú Libre. Ante los hechos, Sagasti dijo que buscaría responsables, sin resultados a la fecha. La misión de observadores electorales de la OEA restó importancia al problema; el proceso electoral continuó y 15 días después Castillo fue elegido. 

Hoy siguen registrándose asesinatos sistemáticos de dirigentes comunales, indígenas y campesinos. Tras la matanza de San Miguel, se han encontrado al menos 10 cadáveres en Vizcatán. Pero seguimos creyendo que son hechos aislados, sin medir la magnitud del terrorismo político.

En un escenario adverso, el 11 de agosto las Fuerzas Armadas llevaron a cabo la Operación Patriota, importante operativo militar para terminar con los remanentes terroristas. Incursionaron en la zona de Vizcatán, atacando los campamentos del MPCP e incautando armamento y sistemas de comunicación, así como importante información. Pero los pobladores siguen padeciendo sin que los peruanos asuman la verdadera tragedia de ese Perú profundo.

Estos hechos demuestran que la Comisión de la Verdad CVR estuvo muy lejos de cerrar este lamentable capítulo de nuestra historia. Se concentró en los derechos humanos de los subversivos, autores de matanzas y actos deleznables, para luego liberar a estos senderistas asesinos de pobladores pobres y de comunidades asháninkas exterminadas sin piedad por considerarlos pueblos atrasados. 

La CVR (basada en 23,969 reportes) reconoce 70,000 muertos y atribuye el 37% a las fuerzas del orden, sin precisar el número de terroristas o pobladores. Se critica a las FF.AA. por muchos hechos, como las “«levas» como mecanismo de alistamiento militar a niños entre 15 y 17 años”, equiparándolos con el secuestro de “pioneritos” por parte de Sendero, entrenados y convertidos a los 12 años en la “principal fuerza armada” del terrorismo. Todo esto resulta contradictorio.

Hoy la violencia política continúa. Antauro Humala hace campaña con amenazas: “Estos imbéciles del Congreso, con ese poder putrefacto, dan pena, igual que el Poder Judicial, igual que el Ejecutivo de la Republiqueta”. Tenemos peligrosos personajes como Guillermo Bermejo, unos nuevos y otros que regresan. El Perú necesita una coalición con candidatos preparados para gobernar con principios, valores y habilidades. Solo así podrá salir adelante el país.