Uri Landman
Aníbal, el ministro
Debería defender los intereses del Estado, y no solo los del presidente Castillo

Lo primero que se me venía a la mente cuando escuchaba el nombre Aníbal (Hannibal en Inglés) era el personaje interpretado por Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, creado por el novelista Thomas Harris. Hopkins interpreta de manera magistral a este personaje en El silencio de los inocentes, una actuación que le hizo ganar el premio Oscar. Años después regresó al personaje en Hannibal y finalmente en El dragón rojo. El personaje de Thomas Harris se basa en la historia del “Dr. Salazar”, un médico de nombre Alfredo Balli Treviño, que purgó una condena por 20 años en una prisión de Monterrey, Nuevo México.
El día de hoy el nombre Aníbal lo asocio a Aníbal Torres, el ministro de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Pedro Castillo. Desde que fue nombrado, el ministro Torres nos tiene acostumbrado a sus exabruptos con la prensa. Recordemos cuando llamó “muchachito tonto” al periodista Mario Bryce en una entrevista en donde se le preguntó sobre sus afirmaciones de un “supuesto” intento de golpe de Estado de Fuerza Popular, sin tener ninguna prueba. Y en la que además afirmó que “correrán ríos de sangre en el país, pero fracasarán”.
Recordemos también cuando salió a criticar al presidente del BCR, Julio Velarde, quien ha sido recientemente galardonado como “Banquero Central de las Américas 2022” por la revista internacional The Banker. Aquella vez, Torres manifestó “…Y eso es otra ignorancia absoluta. Solamente porque ese gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad.” Para luego invitarlo a dejar el cargo: “Si no le gusta lo que le digo, también tiene las puertas abiertas para irse. Por una persona no se muere la economía de un país”. Para bien del país, Velarde sigue siendo presidente del BCR.
Imagínense si en un país civilizado, el ministro de Justicia y “Derechos Humanos” se refiere de manera discriminatoria a un ciudadano, llamándolo “gordito” por su aspecto físico, ¿qué hubiera pasado? Estoy seguro de que ese ministro hubiera tenido que renunciar el mismo día. Pero en nuestro país seguimos con la misma persona a la cabeza del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En los últimos días, hemos sido testigos de la reunión de Torres con Eduardo Pachas, el abogado del presidente Castillo, luego de la cual el ministro Torres deslizó la posibilidad de “revisar el expediente” del procurador Daniel Soria (quien denunció al presidente Castillo ante la Fiscalía), ya que este procurador no cumpliría los requisitos. Al ser consultado, Pachas afirmó que se reunió con el ministro en vista de que este último es un catedrático renombrado y necesitaba recabar jurisprudencia para ejercer la defensa del presidente. ¿Será que el ministro Torres da asesorías legales personales dentro de su horario de trabajo? Tendríamos que recordarle al señor Torres que el ministro de Justicia defiende los intereses del Estado y no solo los del presidente Castillo, ya que para eso tiene un abogado defensor como Pachas.
En su confusión de roles, el ministro Torres, parece haber tomado la defensa legal de Castillo dentro de sus funciones. Pero más grave todavía es que pretenda manipular el texto de la Constitución, para defender a Castillo. Según Torres: “El artículo 117 de la Constitución no habla de acusación fiscal. Ahí quiere decir que no se puede acusar o iniciar indagación al Presidente durante el ejercicio de su función porque él debe dedicarse a cosas más interesantes para el país y no tiene que estar atendiendo cualquier denuncia”.
Al remitirnos al artículo 117 de la Constitución encontramos algo totalmente diferente: “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. En ningún lado dice que no puede ser investigado durante el ejercicio de sus funciones. Ya el presidente del Tribunal Constitucional ha aclarado que investigar es diferente a acusar.
Mientras la opinión pública está ocupada en todos estos escándalos, los comunistas siguen su plan de copar las instituciones del Estado y los diferentes niveles del poder. La semana pasada se realizó la primera reunión de prefectos regionales en Palacio de Gobierno, en donde el común denominador de los asistentes era pertenecer al Fenatep, el sindicato fundado por Castillo en 2017.
No olvidemos la frase de Lenin cuando dijo: “La revolución no se hace, sino que se organiza”. Hay que tener claro que los comunistas en el gobierno, siguen organizándose con su plan de destruir al país, ante la pasividad de la oposición.
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