¡Alto a violencia antiminera!

¿En qué sociedad civilizada se ve a una turba masacrar salvajemente a un policía?             

La violencia irracional que los antimineros han desatado en Arequipa y el Valle del Tambo, secundados por turbas de delincuentes y desadaptados (con universitarios de por medio), debe tener responsables ya mismo. Es inadmisible que el gobierno haya dejado que las cosas lleguen hasta este punto; porque lo que se ha visto en las últimas horas en este segundo "Arequipazo" es que no hay autoridad, no hay Estado, no hay ley. ¿En qué sociedad civilizada se ve a una turba de subnormales masacrar a un policía? Ergo, somos unos incivilizados y unas bestias, ¡por hacerlo y por permitirlo! Los dirigentes que han promovido toda esta violencia tienen que ir presos, sin vacilaciones y con toda la ley encima de ellos. Y si hay un juez corrupto o blandengue que los libera, pues que también se vaya preso por cómplice. No se puede sentar un precedente tan nefasto para el país: el que promueve, gesta y permite la violencia, se va a la cárcel. 

Pero no hemos llegado a esto de un momento a otro, ni por una repentina indignación ambiental. Acá hay una responsabilidad que toca —en un orden de cosas muy claro— a dirigentes, políticos, funcionarios, congresistas y hasta presidentes. Por culpa, agitación y omisión, por supuesto. En primera línea, junto a los que han delinquido en las calles contra gente inocente y contra policías, están los que azuzan a la turba. Ahí están, por ejemplo, Pepe Julio "Lentejón" Gutiérrez, Gerónimo López, Felipe Dominguez, Jorge del Carpio y los alcaldes de Islay, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra. Esos han promovido toda la violencia que se ha visto en estos cincuenta y tantos días en Arequipa, previo envenenamiento ideológico a las masas con el discurso ruin de que la mina los va a matar. ¡Han boicoteado sostenidamente el diálogo y han llevado a la gente al descontrol! Y que el cura Arana no se haga el desentendido, que sobre su discurso también recae toda esta ola antiminera que ha terminado desbordándose contra gente inocente. ¡Su partido debe perder la inscripción en el JNE ya que es un claro promotor, agitador y reivindicador de esto que ha terminado violentando civiles inocentes! Y que Arana no diga ahora que no sabía, ni de oídas, del perverso empachamiento con lentejas de su subordinado político, Pepe Julio, quien trabaja —o trabajaba, no nos queda clara la temporalidad— partidariamente para él. 

Al Estado (o los gobiernos de los últimos años) le toca también culpa por no defender nuestra historia de país minero, por no hacer trabajo de campo (operadores políticos que este gobierno no tiene) evangelizando a la población: por ejemplo, según el IPE, por cada puesto de trabajo directo que crea la minería, se genera nueve empleos en los demás sectores de la economía. Que en los últimos 15 años la inversión ha sido cuantiosa en las regiones, en clara ventaja con Lima. Que el trabajo también ha aumentado, que los ingresos han crecido más para los pobres. Que en la zona rural también ha llegado el progreso. Lo que intenta decir Vargas Llosa en un reciente artículo, pero con cifras de verdad, que están en el MEF o, por último, pídanselas al IPE.

Toda esta asonada es, en suma, la lucha más cruenta que lidera la izquierda por tirarse abajo el modelo económico. Al cierre de estas líneas, me llega información desde Arequipa que alerta la posible prolongación de esta huelga antiminera. Ya deberían tener los del gobierno, por cierto, el cálculo de lo que está costando este paro: clases paralizadas, comercios cerrados, viviendas asaltadas, muertos, heridos, personas atrapadas en sus casas. Hay que monetizarlo todo esto y pasarle la factura a los agitadores que, para ese momento, deberían estar en sus celdas.

Lo siguiente es ponerle pausa a Tía María. Entre el primer y el segundo EIA, se dejó avanzar mucho el discurso antiminero. Durante el gobierno de García no se avanzó en comunicar las bondades del proyecto porque entonces todo era boicoteado por Ollanta Humala y sus ideas velasquistas, hace tan solo cinco años. Está claro que, así digan que hoy Humala desea que Tía María vaya, el discurso mañoso y retrógrado que aireó el 2011 prendió tanto en las masas que, en el 2015, le devuelven la algarada con un peligroso costo que lo pagamos todos los peruanos. Y aquí Southern también tiene responsabilidad por haber tratado el asunto con impericia y, queda claro, por no haberle dado importancia a la población que convive con el proyecto. Mucha burocracia, mucho Estado y mucho EIA, pero poca o nula comunicación con quienes tienen en su historia (por sus padres y abuelos) un pésimo recuerdo de lo que fueron las prácticas de antaño de la Southern, cuando ésta fue abanderada de la mala minería del siglo XX. Esto demuestra, también, que no supieron ganarse a la población y, con todo lo ocurrido, les va a costar el triple de esfuerzo convencerlos de cuánto puede cambiarles la vida esta Tía María.

Por Jaime Chincha Ravines
15 - May - 2015