Alberto Fujimori tiene autoridad para opinar

Las recientes declaraciones del expresidente Alberto Fujimori causaron revuelo entre sus opositores, entre quienes quieren verlo morir en la cárcel por crímenes que no cometió. Izquierdistas y socialistas, en sus pretensiones de controlar y someter todo lo que tienen a su alcance, niegan el indulto otorgado, una prerrogativa presidencial amparada en la Constitución. Por presión de los titulares periodísticos ha dejado de ser una institución respetada, sagrada, inamovible, libre de cualquier intento destructivo. 

Fujimori está facultado para ofrecer al país las opiniones que crea conveniente. No es cualquier vecino, fue el presidente que valientemente desmontó el aparato socialista heredado de la dictadura velasquista, que ni el segundo gobierno de Fernando Belaunde ni el primero de Alan García se atrevieron a derrumbar. Por la audacia única y tal vez irrepetible, las corrientes socialistas e izquierdistas lo atacan con la extraña complicidad de ciertos sectores “bien vestidos y bien hablados”.

Lo consideran enemigo porque les arrebató a los comunistas las bases populares; porque con Fujimori la derecha popular alcanzó niveles nunca antes experimentados en el país. Aumentaron notablemente los mercadillos, los pequeños y medianos agricultores, los emporios comerciales, los emprendimientos industriales y toda clase de servicios a disposición de clientes cada vez más exigentes. 

Un Fujimori comprometido con la estabilidad política ha dicho que Fuerza Popular y el fujimorismo apoyan la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia hasta el 2026. Colocándose en el lado correcto de la historia, acata la sucesión constitucional. Aún cuando no nos guste Boluarte, su presencia en el Gobierno debería continuar. Sin embargo, a pesar de las arremetidas en su contra, las intenciones de vacarla no son materializadas por ahora.

Una mayoría de ciudadanos ha aprendido a convivir dentro de las leyes y la Constitución. Aunque también existe desinterés ciudadano por quien gobierna, sea del extremo izquierdista o derechista. El caso de Pedro Castillo lo demuestra. Por cuchipandas, ciertos personajillos fueron cómplices del efímero gobierno del Movadef. 

Dina Boluarte, durante la última campaña electoral, se entregó entera contra la candidatura de Keiko Fujimori. Recuerden su singular y tan descarada alocución durante el debate presidencial realizado en Cajamarca. Se mostró tal cual. No obstante, ahora es presidenta constitucional. El “voto ciudadano”, aunque este haya sido alterado, se respeta. Así duela, no existe otra salida para mantener la gobernabilidad y estabilidad nacional. Basta de arremetidas antidemocráticas protagonizadas por Martín Vizcarra y la progresía aliada de ciertos medios de comunicación. No más intentos golpistas provenientes de izquierdistas y senderistas intentando perpetuar en el poder a otros Castillo.

Entonces, repetimos, las opiniones de Fujimori tendrían que ser tomadas con atención por los resultados de su gestión contra el avance terrorista y el desastre económico heredado de la dictadura velasquista. Los mezquinos y odiadores son incapaces de reconocer los logros alcanzados en los noventa. Lamentablemente, los hijos de la prosperidad no conocen la historia. Por la Constitución de 1993 la pobreza de la población se redujo de 60% a 20%. Las oportunidades de los jóvenes se multiplicaron y las cifras económicas dejaron de escribirse con tinta roja. 

Fujimori, entregado en cuerpo y alma, hará política hasta su último suspiro. Tiene autoridad de sobra. Sus pensamientos giran alrededor de su país. Solo las mentes estrechas no entienden esa rara e incomprensible condición humana. Su libertad, como cualquier otro ciudadano, no puede estar condicionada a sus dichos y desplazamientos. ¿Qué clase de indulto, entonces, se estaría protegiendo?