Al terrorismo se le derrota

Lo que está sucediendo en el país es responsabilidad directa de las huestes terroristas que asolaron el Perú en los años ochenta. Ellos motivaron el asesinato de más de 70,000 personas humildes, civiles y uniformados. Estos últimos fueron quienes enfrentaron la subversión, arriesgando sus vidas, quedando entre sus filas a miles de huérfanos, viudas y mutilados. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú recibieron el encargo de la sociedad de acabar con el flagelo de la subversión, de la insania de masacrar poblados enteros, de atacar la propiedad pública y privada, tal como lo han hecho ayer al incendiar parte de la fábrica del Grupo Gloria.

¿Cuál es el resultado de esas acciones terroristas? Afectar la cadena productiva, perjudicando a los ganaderos y a las familias que consumen sus productos. ¿Por qué lo hacen? Porque el comunismo busca agudizar las contradicciones que existen en todas las sociedades, pero que se resuelven de manera civilizada y no empleando la violencia.

Las bandas criminales de izquierda nunca creyeron en el orden democrático ni el Estado de derecho; ellos quieren el poder absoluto, sin equilibrio de poderes, por eso mienten, distorsionan los acontecimientos históricos. Para los agentes del terror las vidas de miles, cientos de miles o millones de personas no valen nada, son “el costo social de la revolución” que, como se ha constatado durante el Gobierno de Pedro Castillo, son el costo para ocultar la corrupción más desembozada en perjuicio del erario nacional.

Hoy, la presidente Dina Boluarte personifica a la nación y su principal responsabilidad es brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos. Sin embargo, todos los ciudadanos es una gama que involucra tanto a los pacíficos y honestos –que contribuyen con el financiamiento del aparato estatal que le brinda seguridad–, como a los delincuentes comunes o a los terroristas. Entre estos, Boluarte tiene que definir a quién prioriza, si a los delincuentes o a los ciudadanos de bien, a quienes les asiste un mayor derecho por ser mayoría, rechazar los actos de violencia y reconocer la legitimidad de su mandato constitucional más allá de coincidencias o divergencias. Ahora ella es la responsable de recuperar el orden y la tranquilidad, así como de preservar el Estado de Derecho que los violentistas desean dinamitar.

La presidente Boluarte sabe que las fuerzas del orden están capacitadas y dispuestas a pacificar el país, restablecer la seguridad y fomentar la cohesión social necesaria para reemprender el desarrollo económico que hace posible generar puestos de trabajo y reducir la pobreza, pero requieren estar proveídos de las herramientas legales para actuar como corresponde. Existen riesgos, ciertamente, pero no se asume una responsabilidad de la talla de una magistratura nacional si no se tiene el coraje necesario para actuar en favor del país.

Si la delincuencia terrorista hoy ha segado la vida de algunas personas, no se detendrá hasta tratar de lograr su objetivo de capturar el poder. El ataque a los aeropuertos por parte de la subversión tiene por objetivo impedir que las fuerzas del Estado de derecho pacifiquen el país. El bloqueo de las carreteras busca cercar las principales ciudades para que haya carestía, inflación e insatisfacción ciudadana para sumar más adeptos a sus demenciales acciones.

¿Requiere mayor explicación? Si está con el Perú, señora Presidenta ¡demuéstrelo ya!