Ahuyentando la inversión minera

Energiminas, medio especializado en minería, dio a conocer ayer en su portal web una noticia que causó zozobra en el sector, a pocos días del inicio de PERUMIN 35 (convención minera, la mayor de Latinoamérica, que se llevará a cabo en la blanca ciudad de Arequipa, en el recinto ferial de Cerro Juli). Según informó este medio, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estaría omitiendo pronunciarse con relación a los mineros informales que están ocupando concesiones asignadas a titulares mineros formales desde hace más de dos décadas.

La perjudicada sería la empresa minera Southern Peru, que a la fecha no se ha pronunciado para ratificar o desmentir la información. Tampoco lo ha hecho el Minem. Fuentes provenientes de la Dirección Regional de Minería de Apurímac confirman que Southern Peru interpuso acciones legales en defensa de su titularidad, solicitando la revocatoria de la inscripción, que han realizado los 63 ocupantes, en el Registro de Mineros Informales.

Las zonas invadidas corresponden a concesiones mineras vinculadas al proyecto Los Chancas, ubicado en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes (en Apurímac). El Minem, ante la demanda del titular, decidió –a través de la Dirección General de Formalización Minera– excluir a 31 de los 63 ocupantes. La pregunta se cae de madura: ¿por qué no actuó en el mismo sentido en contra de los otros 32 mineros ilegales que ocupan las concesiones de Southern Peru? Estos invasores cuentan con una protección especial que los faculta a continuar con su práctica ilegal que violenta el derecho legítimo del titular y pone en riesgo la credibilidad de la vigencia del Estado de derecho ante los inversionistas mineros internacionales. 

Las concesiones invadidas corresponden a uno de los mayores proyectos de cobre del país, denominado Los Chancas, cuyo desarrollo contribuirá a la generación de miles de puestos de trabajo. También se constituirá en una palanca para la construcción de un nuevo eje ferroviario que integrará los Andes del sur medio. No es poca cosa lo que está en juego, porque la construcción de una vía férrea solo se justifica en función de que exista un volumen de carga que no está en condiciones de alcanzar la minería ilegal.

Todo lo contrario, la minería ilegal no contribuye al desarrollo de las poblaciones altoandinas, porque no paga impuesto a la renta, no genera canon ni regalías mineras, no brinda protección ni reconoce los derechos laborales de los trabajadores que emplea, ni les otorga protección para su salud ante cualquier eventualidad de algún accidente. ¿El Minem no se ha percatado de ello?

De los informes anuales elaborados por la titular Southern Peru, los cuales se encuentran en las respectivas páginas web de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), encontramos que el desarrollo de Los Chancas representará una inversión de US$ 2,800 millones, y su proceso de exploración data de inicios del presente milenio. Es decir, Southern Peru ha invertido durante 20 años o más para determinar el volumen de mineral de cobre contenido en el yacimiento, y una vez ubicado se permite que un tercero lo invada sin más ni más.

Si el Minem no decide prontamente revocar la autorización que le otorgó el REINFO a esos 32 invasores quizás veremos definitivamente frustradas las esperanzas de mejora de la calidad de vida de los más de 400,000 compatriotas que habitan en una de las regiones más pobres del país.