Agricultores en pobreza. ¿Por qué?

A principios de esta semana, se dio a conocer que existen 2.2 millones de unidades de predios agrícolas, de las cuales el 97% corresponden a agricultores familiares que se encuentran en situación de pobreza. La pregunta que surge es: ¿por qué se encuentran en esa situación? Y la respuesta es el fracaso histórico de las políticas que implementó el general Juan Velasco Alvarado, que descapitalizó el campo y sumió en la pobreza a millones de campesinos, principalmente a quienes se asentaban en las zonas más altas de la serranía.

La Reforma Agraria de 1969 liquidó la estructura productiva, parceló el campo en unidades que inicialmente fueron de 200 hectáreas y, posteriormente, con la profundización de la reforma se otorgaron extensiones de 50 hectáreas. Lo sucedido, luego de más de 55 años de reforma, ha representado una catástrofe social, económica y también política.

Las unidades productivas de entonces fueron parceladas, se rompió la estructura productiva y los profesionales que administraban el campo y lograban rentabilidades adecuadas, principalmente en la costa, en la práctica fueron expulsados de sus centros de trabajo y migraron para llevar su conocimiento a otros países. Los nuevos propietarios de la tierra no fueron capacitados o terminaron siendo presas de quienes negociaron con el poder de turno para obtener las mayores ventajas posibles y mantenerse en los cargos directivos de organizaciones como las SAIS (Sociedades Agrícolas de Interés Social), pomposo nombre que nunca cumplió con representar el interés social que anunciaba su denominación.

Cierto es que la parcelación tuvo como objetivo evitar lo que algunos cientistas sociales denominaron una revolución a la cubana para lo cual fomentaron que un mayor número de personas se conviertan en propietarios. Sin embargo, los resultados fueron adversos. Con el paso de los años, los ex jornaleros o peones que recibieron la tierra la sucedieron a sus herederos, quienes subdividieron el campo una y otra vez hasta conformar los millones de unidades de predios agrícolas. Una extensión de terreno tan pequeña dificulta conformar una unidad productiva rentable y, lo peor es que lo más probable es que esto continúe. En este escenario, pierde el país porque disponiendo de terrenos que podrían ser fértiles y generar riqueza, terminan convirtiéndose en lugares improductivos donde se confina injustamente a la situación de pobreza y extrema pobreza a millones de compatriotas. Y pierden los propietarios o poseedores de las tierras, porque no logran evitar la pobreza intergeneracional y su perspectiva de futuro no es hacia una mejora sino todo lo contrario, a profundizar su actual situación.

Más allá del diagnóstico, lo cierto es que la única vía de solución es la asociatividad, el arrendamiento o la compra de las tierras para volver a conformar unidades productivas eficientes y, por lo tanto, rentables, como lo son las actuales empresas agroindustriales, la región Ica es un ejemplo de ello.

También, hasta el 24 de junio de 1969 –Día del Campesino– coexistieron diversas unidades agropecuarias. Las costeras fueron las más competitivas para la época y, principalmente en la sierra, hubo haciendas que mantuvieron bajo condiciones de semi feudalidad a su personal. Eso cambió, pero la crisis económica que se generó en el campo fue tan profunda que el Perú, el país de la papa, tuvo que importar este tubérculo originario en la segunda mitad de la década de los años ochenta. La profundización de la crisis económica y social tuvo una respuesta política brutal que fue aprovechada por los grupos terroristas.

No obstante esta realidad histórica, es lamentable que personajes comprometidos con el asesinato de miembros de la Policía Nacional en 2004 sigan reivindicando una revolución que trajo más hambre y miseria de la que quiso solucionar.

¡La clase política nacional habrá aprendido la lección!