Accionariado, adelanto social o canon comunal

Las propuestas para acabar con la conflictividad social en la mineria

Después de casi 15 años de alta conflictividad social en torno a frustrados proyectos mineros como el de Manhattan y Rio Blanco en Piura, Conga en Cajamarca o Tía María en Arequipa, las diferentes opciones ideológicas y políticas en el Perú parecen haber entrado en una franca reflexión y dejar atrás una absurda polarización entre “pro mineros” o “antimineros”. El eje de las proposiciones gira ahora en torno a la manera como se debe hacer partícipe a la comunidad y el entorno social de los proyectos mineros como una acción eficiente y eficaz de bajar la conflictividad social.

Hernando de Soto, desde una opción clásico liberal fue el primero en plantear una audaz propuesta, señalando que las empresas mineras deberían compartir con los pobladores hasta el 5% de las acciones a fin de alinear sus intereses con los de las empresas. La apuesta es que, una vez que los comuneros tengan acciones y disfruten anualmente de una parte de la renta generada, en ellas se creará un sentido de pertenencia de los proyectos y entonces sí querrán que se desarrollen las inversiones mineras.  

Pedro Pablo Kuczinski, ha propuesto un enfoque que denomina de “Adelanto Social”. La idea de PPK es que antes de la fase de explotación e incluso de realización de los estudios de impacto ambiental, el Estado, de común acuerdo con las corporaciones mineras y con participación de la población, realicen preventivamente una efectiva oferta de desarrollo como adelanto del Canon, promoviendo proyectos de desarrollo agrícola, de infraestructura, de riego y de mitigación ambiental, de tal manera que las comunidades ubicadas en el entorno de un proyecto vean anticipadamente los beneficios de la minería.

El propio Alan García, olvidando las tesis propuestas en “El Perro del Hortelano”, donde tuvo una actitud casi despectiva de las comunidades, ha replanteado su enfoque ofreciendo ahora el “Canon Comunal”, deducido de una parte del Canon Minero. En este planteamiento, la distribución del Canon no tendría solo tres niveles de distribución (Regional, Provincial y Local) sino aumentaría a un cuarto nivel, entregándose directamente dinero, constante y sonante a las comunidades donde se ubican los proyectos mineros.

Falta ahora saber cómo sería el marco normativo para la ejecución de estas propuestas desde la gestión del nuevo gobierno que surja de las elecciones del 2015. Surgen entonces algunas preguntas que se deberían responder: ¿Cómo sería viable la propuesta de Hernando de Soto de convertir en copropietarias de un proyecto minero a las comunidades en el caso hipotético de una drástica disminución de las ganancias a repartir? ¿No sería eso una bomba de tiempo? ¿Cómo se debería reglamentar la propuesta de PPK para que los montos del canon se adelanten en su ejecución y como se realizarían los cálculos en una situación fluctuante de los precios de los minerales para no generar expectativas que también terminen en nuevas formas de conflictividad social? ¿De qué manera y a quienes se entregaría el canon comunal que propone Alan García, si justamente, en muchos casos, los sectores que mayormente protestas frente a los proyectos mineros no son los que se encuentran más cerca de la mina, sino aquellos a quien les corresponde menores montos del canon y que se ubican en los espacios más lejanos a la mina? ¿No será solo una pose populista para captar votos?  

Seria pues pertinente una mayor precisión técnico-normativa de cada una de las propuestas, sobre todo pensado en aquellas comunidades y población donde se quiere generar una  nueva disposición positiva a la minería, aislando a los sectores ultras que se escudan detrás de un ecologismo fundamentalista.

Por: Neptalí Carpio