Un hilo sostiene al acuerdo con Odebrecht

El gobierno de Vizcarra, la coalición de medios tradicionales y los sectores vinculados a los gobiernos de Toledo, Humala, PPK y Villarán, tenían que apostar, como se dice, sí o sí, por la firma del acuerdo con Odebrecht. No había otra forma de culminar todas las energías y esfuerzos consumidos en el referéndum, la judicialización de la oposición y los puntos ganados en popularidad. Si se había logrado “gobernabilidad”, respaldo ciudadano y control de instituciones (Congreso y Fiscalía) con la “ola anticorrupción”, ¿por qué extraña razón había que aflojar al momento de lanzar la estocada final? Así sucedió, pues.

Ahora bien, todos sabemos en el fondo que el acuerdo con Odebrecht tiene un objetivo principal: mantener la hoguera “anticorrupción”, consolidando el encarcelamiento de la dirigencia de Fuerza Popular, luchar para apresar a Alan García y jalar la pita hacia Lourdes Flores para que todos aparezcan salpicados, sobre todo la derecha. Allí reside el objetivo principal del acuerdo. No hay lugar a dudas. Mientras esto sucede, en la práctica, Toledo, Humala, PPK y Villarán —es decir, quienes gobernaron y firmaron contratos— silban con las manos en los bolsillos.

¿Es sostenible semejante situación? Difícil. La resistencia de Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación (previa a su renuncia) ha posibilitado que la información del Ministerio Público —que antes solo se dirigía contra la oposición y era administrada por IDL-Reporteros— hoy se democratice y pueda ser empleada contra todos los sectores. Por ejemplo, ya sabemos que hay un operador político y judicial que funge de periodista (extremadamente peligroso para la profesión) y que se atrevió a grabar a Hamilton Castro, ex jefe del caso Lava Jato. Igualmente sabemos que un colaborador eficaz del llamado Club de la Construcción ha informado “que entregó dinero a PPK en presencia de Vizcarra durante la pasada campaña electoral”. Y que cuando Vizcarra estuvo en el Ministerio de Transportes se otorgaron contratos a la empresa que supuestamente donó dinero a la campaña de PPK.

En otras palabras, Vizcarra enfrenta los mismos problemas por los que se indaga a Keiko y se pretende investigar a Lourdes Flores. Si el acuerdo con Odebrecht solo busca mantener la judicialización de la oposición, ¿cómo así se va sostener en el tiempo? Parece complicado, sobre todo considerando los cuestionamientos a la reparación civil de US$ 180 millones de dólares a pagar en 15 años con que se regala a la compañía brasileña.

No, el futuro del acuerdo aparece sombrío. ¿Por qué, entonces, se firmó contra viento y marea? La respuesta es la desesperación. Todo el tinglado con que se bastardeó la Carta Política (no reelección sin bicameralidad, estatización de las campañas electorales y una reforma de la justicia con menos autonomía de los magistrados), la judicialización y encarcelamiento de la oposición y la popularidad ganada comenzaron con el asunto de Odebrecht. Hay, pues, que mantener la ola. Ese es el juego de los aventureros y de los sectores que pretenden investigaciones selectivas. El gran problema es que si el acuerdo procede hoy es porque Vizcarra todavía tiene popularidad. Pero ese respaldo ha comenzado a caerse con rapidez, incluso, a mayor velocidad que el registrado por las encuestadoras amigas.

Cuando la popularidad caiga también parece que caerá el acuerdo con Odebrecht. Y quienes alentaron la “ola anticorrupción” contemplarán cómo esa misma ola se vuelve en contra de ellos. Y el Perú asistirá a una nueva etapa de retaliaciones. Trágico y triste resultado al que siempre se llega con el triunfo de la antipolítica.