Todos son corruptos, menos nosotros

El resultado de la última encuesta de la ONG Proética se parece a una avalancha antisistema. Derriba a todos los políticos y ex jefes de Estado (tres de ellos procesados por la justicia), termina con cualquier prestigio empresarial y demoniza al inversionista, hace puré de los últimos restos de credibilidad de los congresistas y confirma las malas impresiones del Poder Judicial. Luego de la encuesta de Proética solo parecen quedar en pie los ex ministros y funcionarios humalistas que se mueven alrededor de esta ONG.

Si a estos resultados le sumamos el hecho de que el mismo día en que el Ministerio Público archiva la investigación sobre lavado de activos contra Joaquín Ramírez —que salpicó a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori en la pasada elección—, se conoce que un fiscal ha decidido investigar a Keiko y a su esposo bajo la ley de organizaciones criminales por unas rifas en la pasada campaña electoral, el círculo parece cerrarse: hay una estrategia política alrededor de los temas de corrupción.

No vamos a discutir la confiabilidad de las encuestas. En el Perú hay encuestas para todos los gustos y para todas las estrategias. Lo relevante de estas informaciones es que, de una u otra manera, la novedad en la lucha anticorrupción no reside en las cuentas millonarias vinculadas a Alejandro Toledo y las respectivas declaraciones de Maiman, en los testimonios directos de Marcelo Odebrecht sobre los US$ 3 millones de dólares entregados a Nadine Heredia y Ollanta Humala, sino en esta especie de balanza que equipara los casos de los tres ex jefes de Estado procesados con las situaciones de Alan García y Keiko Fujimori.

Aquí no estamos para defender a nadie. Pero es evidente que más allá de algunas anotaciones de Odebrecht y la rápida reacción de una especie de “comisión política” en el Ministerio Público para iniciar una investigación el mismo día que archiva otra, no hay ningún argumento serio para sostener que Keiko y García están emparejados en despropósitos con Toledo y Humala. Sin embargo podría ser que, más allá de algunos disfuerzos en la encuesta de Proética, finalmente las percepciones de la gente avancen en ese sentido.

La única explicación de estas impresiones de la ciudadanía reside en la política y la estrategia. Durante quince años el antifujimorismo, que se ha convertido en un pesado establishment en el Estado, cementó una identidad en base a la lucha contra la corrupción. Alberto Fujimori y promociones enteras de generales fueron procesados y sentenciados por casos de corrupción, más allá de que al ex jefe de Estado no se le encontró una sola cuenta. Toledo, Humala, y también Kuczynski, ganaron elecciones respaldados por la estrategia anticorrupción de la izquierda.

Sin embargo el caso Lava Jato volteó dramáticamente la tortilla. Los ex jefes de Estado, las quintaesencia de la lucha anticorrupción, que levantaron flamas y espadas contra el fujimorato, hoy aparecen vinculados a cuentas millonarias. Si a esto le sumamos las posibles cuentas vinculadas a la pasada gestión edil de Villarán, el cuadro aparece completo. ¿Cómo se puede entonces seguir sustentando el establishment? Por allí aparece una anotación de Odebrecht y, entonces, se presenta la oportunidad de emparejar las cosas. Allí reside la estrategia.

Si la estratagema funciona es porque el fujimorismo y los sectores a los que se pretende comprometer en este equilibrio de la corrupción han renunciado a la política en el tema. No solo se trata de responder acusaciones, sino de pasar a la ofensiva: en realidad el caso Odebrecht es casi sinónimo de izquierda. ¿O no?

Víctor Andrés Ponce