Tiempo nublado en democracia

La solicitud de detención provisional de la cúpula de Fuerza Popular del fiscal Domingo Pérez y la voluntad de encarcelar del juez Richard Concepción Carhuancho no solo avanzan a contracorriente de las sentencias del Tribunal Constitucional y las salas de segunda instancia del Poder Judicial, que ordenan respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia y el debido proceso, sino que —más allá de las voluntades— son actos de política pura que, de una u otra manera, comprometen la gobernabilidad.

Luego de la renuncia de Francesco Petrozzi ha quedado en absoluta evidencia que la intención de detener provisionalmente a Keiko Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular solo busca la división de la mayoría legislativa. No es asunto judicial, es político. ¿Por qué? Los implicados en el caso Villarán, por ejemplo, que recibieron aportes de Odebrecht ejerciendo funciones en el Estado, se pasean por Lima con los manos en los bolsillos y silbando. No pretendemos decir que ellos deberían pasar por las mismas horcas caudinas de Pérez, solo hacemos notar el contraste para revelar la naturaleza del acto político contra Fuerza Popular. Nada más ajeno a lo nuestro que reparar injusticias exigiendo otras.

Ahora bien, ¿que se busca con la detención de la dirigencia fuerzapopularista? El propio Petrozzi lo dijo lanzando una flecha contra la presencia de Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación. El objetivo es dividir a la mayoría legislativa para controlar instituciones (no para emprender reformas). Si logran una nueva fractura de Fuerza Popular, un sector del país —la llamada izquierda caviar (marxistas sin partido)— avanzará a controlar la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y otras entidades claves. El núcleo marxista que rodea a Vizcarra y que promueve la judicialización de la política —mientras niega su presencia en Palacio— organiza este tipo de salidas.

Sin embargo, la idea de eliminar al adversario —que promueve el núcleo marxista, cabalgando sobre las encuestas de Ipsos— es extremadamente peligrosa no solo para la democracia, el crecimiento y las inversiones, sino también para el propio Vizcarra. El jefe de Estado parece haberse embarcado en una estrategia cesarista (el caudillo que gobierna por encima de las instituciones con el apoyo de las muchedumbres) sin evaluar correctamente qué fuerzas está desatando. Ni las Fuerzas Armadas ni el empresariado acompañarán extremos ni salidas excepcionales. Y el apoyo popular de las encuestas es una ola que, en días u horas, puede volverse contra las surfistas que corren sobre ellas de manera irresponsable.

Se viene un tiempo nublado en la democracia. El declive del fujimorismo desatará una derecha al estilo Bolsonaro (conservadora en extremo, pero absolutamente procapitalista), liderada por generales trejos, con cicatrices de varias guerras y que saben cómo moler a los rompehuesos de la izquierda. El Perú se polariza en extremo, al margen de un eventual cierre del Legislativo o de un adelanto electoral, y los resultados de las batallas que se avecinan son absolutamente inesperados. Casi no hay espacio para el librepensador, para las equidistancias ni para los centros, y los electores serán empujados a los extremos.

Un dato que refuerza esta aproximación. El 15 de noviembre las iglesias evangélicas y las bases de la Iglesia católica organizarán una de las marchas más grandes de nuestra historia. Pero esta vez con “Mis hijos no te metas” politizará su programa, incluso llamará a votar cuatro veces “no” en el referéndum. Todo se convertirá, se afirma, en una especie de plebiscito sobre “la ideología de género”  de la administración Vizcarra. Ah, por si acaso, este movimiento ha ganado la mayoría de referéndums que se han convocado en América Latina.

Si la reconstrucción no avanza, si sigue el desborde de la ola criminal, si la anemia no se detiene, ¿la ola no puede volverse en contra de Vizcarra? Es casi conocido que en este tipo de guerras en democracia no hay ganadores ni vencidos. Todo triunfo es efímero como una pompa de jabón. Triste.