Precisando el triunfo de Vizcarra

Al presidente Vizcarra le falta conocer los usos y costumbres de la democracia: celebró el triunfo del referéndum con la boca de urna de Ipsos, pero en las democracias no hay algo parecido, porque los jefes de Estado deben esperar el pronunciamiento de la autoridad electoral. Vizcarra dio por cierto el 85% a favor del “sí, sí, sí, no”, obviando que un 25% de los electores no fue a votar. Más de cinco millones de ciudadanos no sufragaron, el mayor ausentismo electoral de la historia reciente. Y entonces el 85% ya no es tanto. ¿No es verdad?

En el Gobierno, en todo momento, se pretendió presentar los resultados del referéndum como un plebiscito a favor o en contra de Vizcarra. Sin embargo, a medida que pasen los días se aclararán las cosas y todos percibiremos que, en realidad, la gente votó en contra de Keiko Fujimori, el Congreso, Fuerza Popular, Apra y, de paso, en contra de toda la clase política. El voto en contra de la mayoría legislativa fue tan evidente que a los ciudadanos no les importó pulverizar la posibilidad de una reforma política. Se aprobó la estatización de las campañas electorales, excluyéndose a los privados y las empresas del financiamiento de la publicidad en radio y televisión. Se aprobó la continuidad del Legislativo unicameral, pero sin reelección congresal. Terrible.

Todo parece indicar que el presidente Vizcarra y los sectores marxistas que lo rodean apuntarán a convertir al Legislativo en un apéndice del Ejecutivo. Abonan a ese objetivo los siguientes factores: la fragilidad de una mayoría legislativa sin ideología ni programa, la extraña conversión del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, en oficialista (luego de haber sido el keikista más virulento de los últimos dos años), el encarcelamiento de la dirigencia de Fuerza Popular y el abrumador rechazo de la ciudadanía al fujimorismo.

Sin embargo, hay un elemento que los pretorianos que rodean a Vizcarra olvidan: a partir de hoy las acciones políticas no estarán orientadas hacia el triunfo en un referéndum. Poco a poco comenzará a ser evidente que se pretende controlar instituciones. Si en el Congreso se defiende la constitucionalidad, las cosas se aclararán con más rapidez. Por ejemplo, los ataques de IDL-Reporteros y las demás ONG anticapitalistas en contra de José Lecaros, presidente del Poder Judicial, y Pedro Chávarry, fiscal de la Nación, dejarán en evidencia que salvo el control todo es ilusión. El Ejecutivo que no gobierna, pero que se ha convertido en el gran legislador, enviará los proyectos de ley de desarrollo constitucional de las reformas, dejando en claro que busca controlar hasta el último detalle de la reformas constitucionales.

Pero hay algo más. Poco a poco Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Popular Cristiano (PPC) abandonarán la estrategia oficialista, que acompañan hasta hoy —quizá legítimamente— porque tratan de evitar que los yerros fujimoristas salpiquen sus estrategias hacia el 2021. Alfredo Barnechea de AP, César Acuña de APP y Alberto Beingolea del PPC van por la candidatura presidencial. ¿Por qué acompañarían una estrategia de control de instituciones que posibilite la reelección de Vizcarra? Por ejemplo, controlar el Tribunal Constitucional —al estilo de Evo Morales— es fundamental para interpretar la Constitución “señalando que Vizcarra puede postular el 2021 porque nunca fue elegido”.

¿A qué vamos? No es fácil establecer un britzkrieg de control de las instituciones luego del referéndum. Por ejemplo, parece evidente que los magistrados de las segundas instancias comenzarán a morigerar los arrestos carceleros de los jueces y fiscales vinculados a Gustavo Gorriti e IDL-Reporteros. Ojalá no nos equivoquemos.