Pandemia y recesión sin política. Con algo de guerra.

Si bien la carta que los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia (acreditados en el Perú) han enviado al presidente del Congreso, Rafael Merino, expresando preocupación por la ley N° 31018, que congela el cobro de peajes durante el estado de emergencia, merece una crítica frontal por incumplir el protocolo diplomático –que obliga a tramitar a través de la Cancillería–, sí revela la tensión silenciosa en las relaciones Ejecutivo - Legislativo.

El Congreso empieza a ser desbordado por un ala populista, que propone controles de precios e intenta desmontar el régimen constitucional y el modelo económico. Y en ese camino, los demagogos proponen leyes que violan la Constitución y los tratados internacionales, y que colocan al Perú al borde del abismo. Una de esas normas es la que suspende temporalmente el cobro de peajes. Las cosas son tan graves que los embajadores se saltaron todos los protocolos diplomáticos y tratados, y convirtieron a nuestro país en una especie de “colonia del siglo XXI”. Pero es evidente que lo hicieron con la anuencia del Ejecutivo. No había otra manera.

El Ejecutivo comienza a devolver el vuelto por las humillaciones recibidas con las insistencias del Congreso en la ley sobre el sistema privado de pensiones –que posibilita retirar el 25% de las cuentas individuales– y la norma que congela el cobro de peajes. Habida cuenta la lógica populista, no queda claro cuál es el motivo de las oposiciones de Palacio. ¿Celos en la nueva disputa por las popularidades? Pero lo que sí está claro es que el vuelto del Ejecutivo se explica porque es la primera vez que la Casa de Pizarro cedió frente al Legislativo desde que el presidente Vizcarra comenzará un blitzkrieg político, con el último referendo.

Que esta guerra silenciosa entre el Ejecutivo y el Legislativo haya pasado inadvertida se explica porque el Congreso decidió otorgar la confianza al Gabinete Zevallos. Pero lo hizo no porque haya existido una convergencia de políticas públicas, sino porque los viejos zorros de Acción Popular y Alianza para el Progreso llegaron a la conclusión de que negar la confianza era crear el pretexto preciso para que el Ejecutivo construyera un nuevo relato para eludir su responsabilidad en la pandemia y la recesión.

Como se aprecia, entre el Ejecutivo y el Legislativo hay tensión, una guerra silenciosa, muy controlada, pero sobre todo cálculo político. Si bien todo indica que el Congreso ganará en este pulseo –siempre y cuando el ala populista no desborde el hemiciclo– es lamentable que en el Perú las élites no se puedan poner de acuerdo ni siquiera en una pandemia que causa muertos, sufrimiento y recesión, y que aumenta el número de pobres.

Al no existir acuerdos ni entendimientos, solo se trata del interregno de las clásicas guerras que organiza la política peruana, más allá de que los actores sean diferentes. En cualquier caso, la administración Vizcarra comienza a dejar en claro que la guerra es la esencia de su naturaleza.