Nuevos fiscales para desjudicializar la política

La crisis de la República no solo se explica por la guerra Ejecutivo-Legislativo, sino también por la extrema judicialización de la política. El debate político e ideológico —que alimenta a las sociedades abiertas— ha sido reemplazado por la denuncia y judicialización del adversario. Este proceso tuvo su primer capítulo en las guerras del Legislativo contra el Ejecutivo. Más tarde, la Fiscalía de la Nación, ejercida en ese entonces por Pablo Sánchez, se convirtió en el espolón contra de la mayoría legislativa, bajo la no disimulada influencia y conducción de Gustavo Gorriti e IDL.

Uno puede discrepar alrededor del balance y del nivel de responsabilidades de los actores. En la polarización los extremos no descansan. Sin embargo, nadie podrá desconocer que la judicialización de la política peruana es una de las más cruentas de la región latinoamericana. No hay nada parecido, excepto en la Venezuela de Maduro. Igualmente, nadie negará que el Ministerio Público se ha convertido en una de las puntas de lanza de esta situación. Hoy los fiscales del Perú no acusan —como manda la Constitución—- sino que encarcelan con investigaciones preliminares y recovecos procesales (igual que en los ex sistemas soviéticos).

Desde la gestión de Pablo Sánchez, el Ministerio Público ha entrado en un franco proceso de deterioro institucional. Uno igualmente puede estar a favor o en contra de la campaña de demolición contra Pedro Chávarry en la Fiscalía de la Nación, antes de su renuncia, pero lo que no se puede negar es que un fiscal provincial, Domingo Pérez, y otro superior, Rafael Vela, lideraron la guerra contra el máximo magistrado del Ministerio Público (MP), bajo la conducción de Gorriti e IDL, el apoyo de los medios de comunicación tradicional y el liderazgo político de Vizcarra. El hecho de que la Junta de Fiscales de Supremos no cesara a los dos mencionados fiscales de un solo plumazo, como se dice, en una institución altamente jerarquizada (casi como las organizaciones castrenses), revela que las guerras de facciones han terminado liquidando la institucionalidad del máximo organismo del MP. Durante las guerras contra Chávarry la señora Zoraida Ávalos, en su calidad de jefa de la Oficina de Control del MP, no dijo nada frente a las audacias de Pérez. Hoy como Fiscal de la Nación, ¿qué podría decir frente al accionar de un sector de fiscales politizados manejados sin rubores por IDL?

La señora Ávalos guardó silencio durante las guerras contra Chávarry e hizo lo mismo cuando el bloque vizcarrista impulsó, contra viento y marea, los acuerdos con Odebrecht. Sin embargo, hoy reaparece para abrir una investigación preliminar contra cinco congresistas de Fuerza Popular por haber cobrado gastos de representación cuando estaban de viaje en el exterior. ¡Allí está la judicialización política con nombres y apellidos, con mayúsculas y minúsculas! El fiscal de la Nación convierte un asunto administrativo en un tema penal. Barbarie pura que alimentará portadas y reportajes y que lanzará humo para que el Ejecutivo y el Gabinete Del Solar evite responsabilidades frente a la gobernabilidad. Pero, ¡oh sorpresa!, lo mismo parece haber sucedido con los congresistas Mercedes Aráoz, César Villanueva, Alberto de Belaunde, Daniel Salaverry y Maritza Glave. El FN entonces está obligado, por un mínimo de decoro, a abrir investigaciones preliminares a los mencionados parlamentarios y, de esta manera, el Congreso se convertirá en un pasillo judicial por voluntad de Gorriti e IDL. Resultado: gobernabilidad y reformas fuera de la agenda.

Por todas estas consideraciones la nueva Junta Nacional de Justicia tiene un primer deber ineludible: licenciar a toda la Junta de Fiscales Supremos para que el Ministerio Público recupere la autoridad y legitimidad que ha acumulado en dos décadas de democracia. Es lo mínimo que puede suceder.