Nuevo tiempo, pero tiempo nublado

Es evidente que la situación política ha cambiado radicalmente. El presidente Vizcarra y el Ejecutivo, en medio de las tendencias a la baja en popularidad, comienzan a pasar a la defensiva. ¿Peligroso para la gobernabilidad? Puede ser, si no hay grandeza y madurez política. Una nueva situación de vacancia presidencial abriría las puertas de lo desconocido, tal como sucedió en Venezuela, Bolivia, Ecuador y todas las democracias plebiscitarias.

Antes, algunas precisiones. Ya no estamos en los tiempos del referéndum, en que el presidente Vizcarra lideraba una mayoría promovida por los medios tradicionales para controlar instituciones, tal como sucedió en la Fiscalía de la Nación. Tampoco estamos en los días en que Gustavo Gorriti e IDL-Reporteros pretendían acallar las voces disidentes, las opiniones libres, colocando en los chats de la llamada “Botica” los retuits que hacían los congresistas fujimoristas de los tuits de los periodistas que discrepaban con la abrumadora mayoría de medios tradicionales. Eran tiempos en que los disidentes eran acusados de fujimoristas (la mayoría naranja se había convertido en “organización criminal”) y políticos, periodistas y empresarios tremolaban ante el avance pretoriano sobre las instituciones.

Si bien los resultados del referéndum bastardearon el sistema político, sobre todo con la no reelección congresal sin bicameralidad y la estatización de las campañas electorales; si bien las instituciones están desprestigiadas con la manipulación abierta del Ministerio Público, el intento de construir una República sigue en pie, con graves heridas pero avanza con firmeza hacia la quinta elección nacional sin interrupciones. Igualmente, la economía sigue expandiéndose, no obstante los problemas del Ejecutivo para abordar los asuntos de la gobernabilidad y la renuncia del Gobierno, del Congreso y de los políticos, a liderar las reformas que necesita el Perú para volver a crecer a tasas altas y seguir reduciendo pobreza como antes.

Por todas estas consideraciones hay espacio para el optimismo, para pensar en los equilibrios que se recuperan. Sin embargo, hay un peligro: que la ola anticorrupción, que parece volverse contra Palacio, termine destruyendo el actual intento de construcción republicana y genere las condiciones para la asamblea constituyente que pretenden convocar el Frente Amplio, Nuevo Perú, Gregorio Santos, Vladimir Cerrón, Walter Aduviri, entre otros anticapitalistas. De allí que los sectores opositores que empiezan a levantar vuelo necesitan actuar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse.

Cuando el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se prepara para enfrentar una interpelación por el acuerdo con Odebrecht, cuando Gorriti comienza a hacer el ridículo hablando de que Alan García es investigado VIP o que Barata protege al líder aprista, cuando la propia Keiko Fujimori se niega a declarar frente al fiscal Domingo Pérez restándole autoridad en la investigación, de una u otra manera, los sectores marxistas, caviares y anticapitalistas, que impulsaron esta brutal guerra de exterminio político de un sector, que criminalizaron la política a niveles extremos —tal como sucedió en los sistemas soviéticos—, empiezan a quedarse sin margen de maniobra.

En este contexto, los sectores apristas y fujimoristas tienen derecho a la legítima defensa política en contra de los pretorianos judiciales que transformaron el país en una comisaría y criminalizaron el espacio público hasta niveles jamás imaginados. De alguna manera, todos hemos descubierto que los comunistas cuando pueden encarcelar a sus rivales, lo hacen sin miramientos. La legítima defensa política, pues, se justifica en términos políticos e históricos. Lo que se no justifica es que por el afán de revancha se desate una nueva crisis de gobernabilidad y se impulse una nueva vacancia presidencial. Los republicanos estamos obligados a cargar a Vizcarra hasta el 2021. Después de esa fecha el hombre enfrentará los calvarios que ha organizado por voluntad propia.