Los enemigos de la reactivación económica

No obstante que el Ejecutivo destinará cerca de 12% del PBI a los planes de reactivación, y no obstante también que el endeudamiento público crecerá con cierta irresponsabilidad, en el 2020 el Perú se convertirá en uno de los centros mundiales con la mayor explosión de infecciones del Covid-19, y tendrá una recesión que se tragará hasta un 15% del PBI y aumentará la pobreza en más de tres millones de peruanos, que se sumarán a los seis millones que padecen esta tragedia. En otras palabras, retrocederemos una década en cuanto al progreso social y económico.

¿Estos resultados solo se explican por la pandemia? No se puede negar que el virus es el principal responsable, pero la gravedad de la recesión y del aumento de pobreza –por encima del promedio mundial– solo serán responsabilidad del Ejecutivo, sobre todo considerando los enormes recursos fiscales que maneja el Estado. Quizá las cifras hablen por sí solas. La comparación de los números en rojo de nuestro país con la caída del PBI del planeta y los resultados de Chile y Colombia nos mostrarán una instantánea general de las cosas.

Sin embargo, y contra cualquier pronóstico, hay sectores en el país, dentro y fuera del Gobierno, a los cuáles no les interesa la economía. Creen que es un factor más de la realidad, que se puede relegar o postergar, sobre todo en medio del fracaso de la estrategia de contención del Covid-19. En el Ejecutivo las cosas pueden explicarse por ineficiencias, por profesionales ideologizados sin ningún contacto con la realidad. Pero también se pueden entender las cosas desde una teoría conspirativa que calza perfectamente con los sectores antimineros y anti inversión, que buscan detener el crecimiento para legitimar sus propuestas colectivistas. 

Ya sea por ineficiencias o conspiraciones, el resultado puede ser el mismo: la destrucción del sector privado, que posibilitó reducir pobreza del 60% de la población a solo 20%, triplicar el PBI y llenar las arcas fiscales que hoy los burócratas dispendian. Por ejemplo, los radicales antimineros y anti inversión –que buscan detener la producción de cobre nacional para favorecer a los especuladores mundiales de este metal– se oponen a la reactivación de las minas en defensa de “supuestas estrategias sanitarias para contener el Covid-19”. Lo mismo pasa con respecto a las empresas con alta intensidad de capital, como las agroexportadoras. Se trata de detener la producción en defensa de “criterios sanitarios”. La destrucción del sector privado siempre fue la antesala de las estatizaciones. ¿O no?

Pero lo sorprendente es la conducta de la élite política. En el Ejecutivo, el sector Salud –es decir, el Ministerio que dicta las políticas que explican el fracaso en la contención de la pandemia– es el que debe dar el okey a los protocolos sanitarios para que las empresas vuelvan a producir. La idea de contratar médicos por cada mil trabajadores es digna de un capítulo de la historia universal de la desubicación. Los burócratas quieren convertir a las empresas en centros médicos, en clínicas. Hay compañías que contratan hasta 30,000 trabajadores por campaña en el agro. En otras palabras, ¿deben tener 30 médicos? Ni siquiera hay médicos. Se están importando galenos de Cuba, donde estudian apenas cinco años. Pero lo más grave de todo es que los protocolos sanitarios excluyen a las pequeñas empresas y sociedades informales. El resultado será más informalidad y más pandemia.

En este contexto, la teoría conspirativa adquiere verosimilitud. Los colectivistas han encontrado en la pandemia y en la recesión los argumentos perfectos para desmontar el modelo económico. Allí también están las arremetidas controlistas en educación, medicinas y bancos. En cualquier caso, el controlismo y el agravamiento de la recesión parecen ser las tenazas de la estrategia colectivista.