La “República plebiscitaria” del Perú

El presidente Martín Vizcarra fue elegido “presidente del Consejo para la Reforma de Justicia” en una reunión en la que participaron los titulares del Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y la Junta de Nacional de Justicia. Considerando que el presidente Vizcarra ha convertido al proyecto de reforma de justicia en sinónimo de reforma constitucional, de enfrentamientos con el Congreso y búsqueda de popularidad, no es descabellado considerar que las guerras ficticias entre Ejecutivo y Legislativo continuarán hasta el 2021.

El nombramiento de Vizcarra como presidente del Consejo de Reforma para la Justicia es extremadamente preocupante porque, de acuerdo a la tradición democrática y lo prescrito en nuestra Carta Política, el jefe de Estado debe permanecer lo más alejado posible del sistema de justicia. Las repúblicas que han sobrevivido en el tiempo han logrado esos activos institucionales no solo por el ejercicio del sufragio, sino también por la independencia de sus sistemas judiciales con respecto al Ejecutivo y a cualquier poder fáctico. Aquí reside una de las claves del equilibrio de poderes.

¿Cómo entender, pues, el protagonismo de Vizcarra con respecto al sistema judicial? Desde el referéndum pasado —y considerando las actuaciones de la comisiones Wagner y Tuesta, nombradas por el Ejecutivo—, la República peruana ha experimentado un proceso que, sin lugar a dudas, la empuja a convertirse en “una democracia plebiscitaria”. ¿Qué significa una afirmación de este tipo? Que las instituciones ya no funcionan según lo establecido en la Carta Política, sino de acuerdo a la formación de mayorías circunstanciales —muy cuestionables en su naturaleza—, basadas en los registros de determinadas encuestadoras.

Un ejemplo claro de este proceso se presentó en el referéndum pasado. El presidente Vizcarra planteó cuatro proyectos de ley, exigió que sean aprobados tal como fueron redactados en Palacio y puso plazos perentorios para ser sancionados. De lo contrario, el jefe de Estado procedía a plantear la cuestión de confianza y a disolver el Legislativo. El Congreso, para evitar una eventual disolución, se allanó a las demandas presidenciales. Este proceso se desarrolló no obstante que la Constitución le niega expresamente poder constituyente al Presidente, a tal extremo que ni siquiera puede observar una ley de reforma constitucional.

Al parecer el presidente Vizcarra ha encontrado en el enfrentamiento con el Legislativo el camino más expeditivo para afirmar su popularidad y evitar los cuestionamientos que surgen frente a los problemas del crecimiento, la reconstrucción del norte, la lucha contra la delincuencia, el combate a la anemia y otros asuntos vinculados a la gobernabilidad.

¿Hacia dónde vamos si las cosas siguen por ese camino? Un primer efecto evidentemente tiene que ver con la gobernabilidad. Es decir, ni el Ejecutivo ni el Legislativo se focalizarán en las reformas urgentes que necesita el Perú para relanzar el crecimiento y seguir reduciendo pobreza. Las únicas reformas que estarán en la mesa son aquellas que sirven para la popularidad y desatan enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo.

Pero quizá lo más grave de todo es que, inevitablemente, el camino plebiscitario termina empoderando a un caudillo como “el salvador de la República” y el “reformador de un sistema corrupto” sobre las instituciones establecidas en la Carta Política. Algo así ha pasado en todas las experiencias plebiscitarias en América Latina: desde Fujimori hasta Chávez, y todas las experiencias bolivarianas de la región.

Si las cosas siguen por este camino en algún momento las instituciones republicanas estarán tan débiles que aparecerá el caudillo que marcará el rumbo de la patria. Todos ya sabemos cómo termina esa historia: generalmente con un país devastado económica y socialmente, con décadas de retrocesos y el caudillo perseguido y encarcelado.

¿Acaso los peruanos estamos dispuestos a que nos roben la actual experiencia republicana?