¿Hacia dónde apunta la estrategia presidencial?

No obstante que el presidente Martín Vizcarra ganó largamente en la coyuntura, planteando cuatro proyectos para reformar los sistemas de justicia y político, imponiendo  la manera y los plazos de aprobación de las iniciativas, el Perú sigue sumergido en una crisis política. Todo indica, pues, que los peruanos asistimos a un nuevo capítulo de una guerra con desenlace abierto. Cuando Vizcarra señaló que apoyaba el “sí” en las reformas del sistema de justicia, del financiamiento de los partidos, de la no reelección congresal, pero que planteaba el “no” en la bicameralidad, las cosas quedaron claras: la guerra continuaba. La no reelección congresal sin bicameralidad solo apuntaba a dispersar a la mayoría legislativa, a restarle incentivos para seguir en la bancada. Nada de reforma política, pues.

Si a esto le sumamos que se anuló el indulto a Alberto Fujimori y que un sector de la Fiscalía y el Poder Judicial busca judicializar a Keiko Fujimori a cualquier costo, el asunto parece evidente: para algunos la guerra termina con la eliminación del fujimorismo. El juicio a la cúpula de Fuerza Popular no es solo un asunto estrictamente legal, más allá de la necesidad de investigar el caso hasta el final. Aquí hay justicia selectiva y objetivos políticos; de lo contrario, ya se estaría procesando los casos de Toledo, Humala, PPK y Villarán, y se respetaría el principio constitucional de la presunción de inocencia y el debido proceso.

En este contexto, vale preguntarse, ¿cómo observa Vizcarra el desarrollo de la situación? Todo parece indicar que el núcleo marxista que rodea al jefe de Estado ha vendido la idea de que sin la judicialización extrema, Fuerza Popular podría contragolpear y terminar vacando a Vizcarra. Considerando la conducta errática de FP durante la administración PPK, semejante tesis puede parecer verosímil para cualquiera. Otra posibilidad es que el núcleo marxista de Palacio haya convencido al jefe de Estado de que hay que cruzar el Rubicón: es decir, cualquiera sea el desenlace de la coyuntura, Vizcarra debe seguir incrementando popularidad de manera que aumenten las posibilidades en el 2021.

Ninguna de las opciones que podría haber asumido Vizcarra parece afirmar la institucionalidad democrática. En democracia, cuando un líder político gana en la coyuntura y somete a sus rivales, organiza una salida a su favor, pero respetando las instituciones. El Ejecutivo, por el contrario, embriagado de popularidad, no solo ha polarizado el referéndum sino que ha solicitado la remoción del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sumándose a la histeria de un sector del país que pretende que la justicia no se encargue de los grandes casos de la megacorrupción.

¿Hacia dónde llevan la popularidad y el control de instituciones? Inevitablemente a un tipo de salida excepcional, a una salida autoritaria. Haber puesto a la democracia en esta situación, luego de aprobadas las reformas constitucionales, es de exclusiva responsabilidad de Vizcarra en el preciso momento en que la reconstrucción del norte no avanza, se desborda la ola criminal y la anemia sigue imparable.

Hoy todo ha comenzado a detenerse en el Perú. No solo avanza la desinstitucionalización de la democracia, sino que las inversiones de mediano y largo plazo se postergan. ¿Por qué Vizcarra se embarcaría en una salida de este tipo? La respuesta parece tener que ver con el viejo aserto marxista que “salvo el poder, todo es ilusión”. Y eso significa popularidad y control de instituciones para postular el 2021. No parece haber otra. Ojalá nos equivoquemos.