¿Ha terminado la guerra política?

Al margen de los enconos y enfrentamientos que continuarán, el otorgamiento de la confianza del Gabinete Martos y el alejamiento de Maximiliano Aguiar de la asesoría palaciega podrían indicar que la guerra política que se desató luego de las elecciones del 2016 –y que alcanzó el paroxismo con la convocatoria del referendo, la reforma a tontas y locas de nuestra Carta Política, y el cierre inconstitucional del Congreso– podría llegar a su fin, o quizá podría adquirir tonos e intensidades diferentes.

¿Por qué ensayamos esta tesis? El jefe de Estado, luego del referendo se convirtió en el principal animador de la guerra política y la confrontación, porque el conflicto le significaba popularidad sin mayores logros en gobernabilidad. Los yerros del Congreso habían sido de tal magnitud que golpear al enemigo declarado se convertía en fuente de apoyo y estabilidad. Ahora todo eso ha cambiado. La tragedia de la pandemia, los más de 50,000 muertos y la gravedad de la recesión no se pueden ocultar con estrategias de información ni desinformación. No hay relato que valga en cada región, departamento, provincia y distrito donde haya golpeado el covid. El fracaso del Estado es total, y esa situación afecta a la imagen presidencial.

El nuevo Congreso ha decidido hacer respetar sus fueros en el último año del periodo constitucional, en que el Ejecutivo no puede disolver la cámara legislativa. En este contexto, se produce el choque de poderes, el Gabinete Cateriano no alcanza la confianza y Aguiar se retira de Palacio. El Gabinete Martos consiguió la confianza con una abrumadora votación porque el nuevo Primer Ministro, sorprendentemente, actuó como un político en sus diálogos con Manuel Merino, presidente del Congreso.

¿Acaso un nuevo momento político con mayores diálogos y posibilidades de acuerdo? Todo parece indicar que sí, al margen de interpelaciones ministeriales puntuales. El Ejecutivo ahora sí se dedicará a gobernar, a luchar contra la pandemia y la recesión, habida cuenta que la obsesión por la popularidad parece que comienza a evaporarse. Y el Congreso se dedicará a legislar y a desarrollar control político.

Y en el Legislativo ahora emergerá el problema. La guerra política lo escondió todo, incluso el hecho de que existe un sector del Congreso –liderado por el Frente Amplio– que pretende desarmar el modelo económico, ladrillo por ladrillo. En la guerra política el Ejecutivo y el Congreso disputaban la aprobación del pueblo utilizando o radicalizando propuestas populistas. Cada poder tuvo su exabrupto: el Ejecutivo promulgó un decreto que establecía un control de precios indirectos de las pensiones educativas y el Congreso aprobó las leyes populistas de las AFP y de los peajes. De otro lado, la hemorragia de iniciativas colectivistas y comunistas, sorprendentemente, se quedaba en las comisiones.

Con la atenuación de la guerra política, el país debe recuperar la normalidad y volver a discutir y generar corrientes de opinión con respecto a las propuestas de los populistas, los demagogos y comunistas, que pretenden desarmar cada aspecto del modelo: control y rebaja de pensiones educativas, retiro del 100% de los fondos de las AFP, congelamiento de tasas de interés y pagos a los bancos y otros proyectos. Si se aprueban estas iniciativas los comunistas se estarían haciendo del poder real (estatizaciones) sin haber ganado una elección.

El fin o la atenuación de la guerra política, entonces, posibilita que los peruanos de buena voluntad contemplen el horizonte y divisen a la caballería comunista que avanza en silencio contra los logros institucionales, económicos y sociales logrados en las últimas tres décadas.