Guerra y paz entre Ejecutivo y Legislativo

Las decisiones de la Comisión de Fiscalización del Congreso de investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), a las encuestadoras, y el discurso presidencial del 28 de julio pasado —en el que se planteó el adelanto general de elecciones— revelan que no prosperan los esfuerzos de Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, para buscar una salida conversada a la crisis. Igualmente, la respuesta del presidente Vizcarra, señalando que semejantes decisiones solo confirman la existencia de un “Congreso obstruccionista” y el respaldo abierto a la movilización callejera en contra del Legislativo, indican que el jefe de Estado solo confirma que va por el choque institucional.

Terrible para la República, para los seis millones de peruanos pobres y, sobre todo, devastador para el propio Vizcarra, quien parece encaminarse a los suplicios que han padecido todos los autócratas en el Perú. Y los extremos de la polarización —tanto la exacerbada voluntad de fiscalizar del Legislativo como el intento de organizar la movilización callejera— parecen adquirir autonomía de las propuestas dialogantes, de los intentos de una salida conversada.

Es evidente que si en las próximas horas los extremos de la polarización imponen sus lógicas la primera responsabilidad será del presidente Vizcarra por haberse negado a esa reunión a solas, cara a cara, como suelen hacer los líderes republicanos en situaciones límites. Y paradójicamente la reunión a solas no era una invocación en contra de Vizcarra, sino plenamente a su favor, sobre todo porque la complicada situación del jefe de Estado lo amerita.

Es increíble cómo la élite del establishment, algunos medios de comunicación y, sobre todo, el llamado sector caviar, han promovido esta guerra con la idea de controlar instituciones y sacar del juego político a los opositores, a través de un sistema de justicia politizado y parcializado. Es increíble la falta de Perú, la falta de República y la falta de compasión por los pobres, que irán de mal en peor.

En medio de esta situación los psicosociales se multiplican al infinito, sobre todo los relacionados con un supuesto control de la Diviac de la policía sobre los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y con un plan operativo para garantizar el cierre del Congreso. En realidad, estos psicosociales solo apuntan a minar la moral de los congresistas que tendrán la responsabilidad de formar la mayoría que rechace el proyecto de adelantar las elecciones.

Sin embargo, no se necesita ser un genio para percibir la desesperación oficialista. Ninguno de los planes propuestos luego del 28 de julio para mangonear al Congreso —tal como venía sucediendo desde el referendo pasado— parece haber funcionado. En el Legislativo hay una mayoría republicana sólida, y todo indica que el Ejecutivo solo se quedará con las dos bancadas comunistas y los agrupados en la llamada bancada liberal. 

En este contexto, el presidente Vizcarra parece perder los papeles, respaldando indirectamente movilizaciones callejeras y participando de un escenario revolucionario de toma del poder sin la menor justificación. En realidad el jefe de Estado tiene el respaldo de todo el Perú para gobernar —desde el Congreso, los gobernadores regionales, los empresarios y la élite en general—, pero no quiere hacerlo. Vizcarra teme la administración nacional. Quiere gloria política sin gobernar, pese a estar en la cumbre del poder. Absurdo.