García, el político

La solicitud de asilo de Alan García a Uruguay, simplemente, ha modificado el escenario político. Debido a esa solicitud, es la primera vez que la ofensiva política lanzada por una pétrea coalición mediática, las ONG de corte anticapitalista y las derechas e izquierdas que gobernaron con Toledo, Humala y Villarán, ha tenido que detenerse. Desde los llamados CNM audios y el mensaje presidencial en que Martín Vizcarra anunció la convocatoria al referéndum, este bloque político (el llamado establishment) desarrolló una ofensiva política sin precedentes, ante el enorme vacío político que dejaron los errores acumulados por Fuerza Popular. Una mayoría política y legislativa que sumó tal cantidad de yerros que se convirtió en una minoría rechazada.

En este escenario, la unanimidad mediática construyó un enemigo común: el fujiaprismo. Como en esa época negra en que los judíos eran el origen de todos los males de Alemania, el fujiaprismo se ha convertido en la síntesis de “la corrupción” y el mal gobierno. Y no obstante que los promotores del linchamiento estuvieron en el poder con PPK y ahora con Vizcarra. Bueno esa ofensiva, ese blitzkrieg político que desorganizó a la mayoría legislativa y pretende controlar la Fiscalía de la Nación ha sido detenida, al menos por el momento.

García, un político con escuela, entendió que la decisión de judicializarlo —sobre todo luego de las declaraciones de Odebrecht y Barata que lo exculpaban— era un acto político y respondió con otro hecho de la misma naturaleza. Hoy el Gobierno de Vizcarra, los medios de comunicación y todos los sectores del establishment de los últimos 20 años están obligados a demostrar que no hay persecución política. Algo extremadamente complicado, sobre todo considerando que la Convención sobre el Asilo protege a los políticos de mayorías que los pretenden linchar o de turbas que ejercen violencia (el ex presidente del Congreso, Luis Alva Castro, acaba de ser atacado por una turba comunista). Las cosas, pues, se han complicado para todos.

¿Cuáles son las consecuencias del acto político de García? Es evidente que el Estado uruguayo puede aceptar o rechazar el asilo solicitado. Pero una cosa sí parece segura: que en caso de negar ese requerimiento se tomará el tiempo necesario para analizar las cosas. Y eso es todo lo que necesita una estrategia democrática que pretende preservar las instituciones del control del poder. Por ejemplo, hoy todos los ataques y presiones que buscan remover a Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación solo confirmarán la tesis de que en el Perú existe persecución política. Por lo tanto, lo más probable es que Chávarry se consolide cada vez más.

De otro lado el asilo de García envía un mensaje poderoso a los jueces y fiscales de las instancias superiores, a los magistrados del TC y a los periodistas que todavía quieren seguir en la profesión luego de superada esta terrible coyuntura: los fiscales y jueces carceleros violan la presunción de inocencia, arrasan principios elementales del debido proceso y empiezan a convertir al Perú en una “republiqueta”, en donde se aplica una justicia selectiva, solo a los adversarios de un sector político. En este contexto parece verosímil que las instancias superiores del sistema de justicia aceleren la excarcelación de Keiko Fujimori y los dirigentes de Fuerza Popular.

El asilo político de García también envía un mensaje a los políticos democráticos sobre qué hacer cuando surge una mayoría —alentada por los medios y las encuestadoras— que pretende linchar a la minoría al margen de las leyes e instituciones. En cualquier caso, García ha vuelto a demostrar la enorme importancia de la política, y sobre lo que significa hacer política en tiempos nublados.