Entre el choque final y el acuerdo

El mensaje del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sobre la coyuntura ha tenido las más diversas lecturas. Algunos prefieren subrayar —en el discurso leído— la invocación al presidente Vizcarra a corregir lo registrado en los audios, en los que se compromete a suspender la licencia de Tía María y también alienta una medida radical. Quienes ven este árbol señalan que el titular del Congreso ha hecho una declaración de guerra. Otros prefieren resaltar el llamado al entendimiento y la mano extendida que le deja Olaechea al jefe de Estado para dialogar. Cada uno ve el árbol que le interesa, pero de una u otra manera, olvidamos el bosque. En este caso, los intereses de la República.

Es evidente que el presidente del Congreso no podía dejar de mencionar el terrible asunto de los audios, sobre todo porque en el sur del país y otras zonas se ha desencadenado una espiral de violencia y conflicto. Tenía que hacerlo. Era su deber como representante de otro poder del Estado, sobre todo cuando su mensaje estaba impregnado de la idea o el espíritu de la defensa de la Constitución a cualquier precio. ¿Por qué la invocación a restaurar la autoridad del Estado democrático debería ser vista como una virtual declaratoria de guerra?

La política tiene la virtud de convertir lo imposible en posible. Por ejemplo, el presidente Vizcarra podría rectificar los errores de los audios sin necesidad de desdecirse, sin necesidad de hacer un mea culpa en público. ¿Cómo? Decretando el estado de emergencia en todo el Corredor Minero del Sur para restablecer el principio de autoridad del Estado democrático y evitar el desborde social o la llamada bolivianización. ¿Acaso no estaríamos ante una manera magistral de rectificar un error?

Pero lo más interesante del mensaje de Olaechea es el llamado al acuerdo, a la posibilidad de una salida política conversada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Quienes prefieren ver un determinado árbol subrayan el hecho de que lo más seguro es que el Congreso archivará el proyecto del adelanto general de elecciones. Ante esta situación, solo proponen la cuestión de confianza y el cierre del Congreso; ambas medidas absolutamente inconstitucionales y que permitirían formar una mayoría viable en el Legislativo a favor de la vacancia.

Todas estas cuestiones hoy forman parte del análisis porque la correlación política entre el oficialismo y la oposición ha variado significativamente desde el referendo pasado. Hoy no hay un Vizcarra ni un Ejecutivo que arrasa, ni un Legislativo obligado a retroceder para evitar el cierre. El presidente Vizcarra, luego de los audios de Arequipa, es un jefe de Estado cuya autoridad se erosiona con el paso de las horas y los días. Imaginar un jefe de Estado que fuerza la Constitución para cerrar el Congreso ya no parece posible.

Por todas estas consideraciones, ha nacido un momento excepcional para el arte de la política, para evitar que continúe el desangramiento institucional y político que ha comenzado a liquidar la actual experiencia republicana y tres décadas de economía de mercado. Si el presidente Vizcarra acepta que en la política también se debe retroceder, tal como lo ha venido haciendo el Legislativo, entonces todo es posible. Desde un gabinete de unidad nacional, una agenda de reformas para relanzar el modelo económico y social, y una clara política para acabar con el envilecimiento de la judicialización del espacio público.

Cuando una sociedad se desangra institucional y políticamente tiene dos posibilidades: o se destruye o echa mano de la política para reinventarse. Que Dios ilumine a los actores porque en el camino de la guerra nadie ganará, solo quienes levantan la bandera con la hoz y el martillo.