Encapsular el escándalo Lava Jato

Las ondas expansivas del caso Lava Jato siguen dilatándose y, de una u otra manera, derribando todas las paredes levantadas por el establishment político organizado en el Perú en los últimos quince años. El caso de la ex alcaldesa Susana Villarán solo parece ser la punta de un iceberg. Del intento de judicializar a Keiko Fujimori se pasa a las delaciones premiadas de Garreta, que habla de US$ 3 millones para la campaña de Villarán, en medio de allanamientos de domicilios y oficinas.

Hoy todo puede suceder en el Perú. Desde una poderosa movilización ciudadana en contra del sistema político y la clase política, hasta un bloqueo de la gobernabilidad. Sin embargo, una vez más —a costa de convertirnos en una voz solitaria en medio de la hinchada antifujimorista— la mayoría legislativa asumirá la principal responsabilidad y se jugará su futuro político en la manera cómo se enfrente el huracán que parece avecinarse.

Por ejemplo, cualquier tipo de crisis que se presente de ninguna manera debería terminar en un adelanto de elecciones. Es decir, la Carta Política establece una línea de sucesión presidencial y un periodo político que deben cumplirse si es que pretendemos consolidar esta democracia que avanza hacia su quinta elección sin interrupciones. Si se asume ese criterio constitucional y democrático, cualquier elucubración sobre vacancia o disolución adquiere un sentido diferente.

¿A qué fuerza le conviene que el periodo constitucional se cumpla a pie juntillas? Es incuestionable que al fujimorismo, porque aparecería como garante de la democracia y, sobre todo, porque le conviene largamente en términos políticos. Luego de haber desmontado el intento de judicializar a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular —que desarrollaban un sector de fiscales, medios y periodistas— mediante una audaz sobrerreacción política, los días pasan y va quedando claro que todo fue una patraña antifujimorista contra Keiko para tapar las oscuridades de todos los dioses antinaranjas: desde Toledo y Humala hasta Villarán. ¿A quién le conviene que todos ellos sean procesados y sentenciados? Pues al fujimorismo. ¿O no? Es quizá la manera segura de ganar una elección nacional.

Para que algo así suceda se tiene que cumplir el plazo constitucional. Y para que la democracia funcione hasta el 2021, pese a todas sus heridas, se necesita encapsular el caso Lava Jato y todas sus consecuencias, de manera que la justicia se encargue de los procesos y la política se ocupe de la gobernabilidad.

¿Cómo se logra encapsular un fenómeno político de tantas consecuencias? ¿Acaso no es caer en la ingenuidad política? Puede ser. Pero la buena política se construye con ese tipo de apuestas. Por ejemplo, la mayoría legislativa debería empoderar al Gabinete Aráoz para que la administración continúe su labor nacional, se desarrolle un paquete mínimo de reformas, se aborde el tema de la reconstrucción del norte, se relancen proyectos mineros y se enfrente la estrategia antisistema en el sur. ¿Qué podría demandar el fujimorismo a cambio de esta apuesta? La cosa parece simple: el retiro de los ministros de la izquierda caviar que fomentaron el clima de judicialización y enfrentamiento que ha abierto esta agresiva Caja de Pandora.

Estamos ante una paradoja. En medio de la peor crisis política de la democracia de los últimos quince años, en medio del desmoronamiento de la mayoría de la clase política, podría existir un acuerdo de gobernabilidad entre Ejecutivo y Legislativo. El motivo es que el establishment, que fue a la guerra total, hoy salta en astillas y se desmorona. Un solo ejemplo: los medios antifujimoristas han perdido todo el poder e influencia que tenían, debido a la pasión de periodistas inexpertos.