¿Empezó la disolución de la República?

La actual experiencia republicana –que acumuló cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones– parece haber llegado al borde mismo del abismo. Al cierre de esta edición, el Congreso había sancionado una reforma constitucional que eliminaba el antejuicio del jefe de Estado, de los ministros, de los congresistas, de los fiscales supremos, de los vocales supremos y de los miembros del Tribunal Constitucional, entre otros. 

En un solo acto el Perú se convertía en una república sin las protecciones ni contrapesos que se crearon a lo largo de siglos de experiencias republicanas en la historia universal. Todo entonces depende de las correlaciones políticas, de los humores de las mayorías circunstanciales, para que un congresista, un jefe de Estado, un fiscal supremo, un vocal supremo pueda continuar en el cargo y culminar su periodo constitucional. De una u otra manera se abre el espacio para la disolución de la república y la instauración del caos y la anarquía, que suelen desatar las dictaduras de las mayorías. O para contemporizar con los discursos de hoy: cualquier sistema de corrupción estará en condiciones de neutralizar la acción de las instituciones tutelares.

Pero, ¿cómo es posible que la actual experiencia republicana, que había acumulado cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones, llegara a esta situación? A nuestro entender el único responsable es el sector de la sociedad que empujó al Ejecutivo y al presidente Vizcarra a desarrollar una “supuesta reforma política contra la corrupción”, sin establecer la condición básica, sine qua non, de todas las reformas constitucionales que perduran en el tiempo: el consenso político.

Por esa falta de acuerdo político se disolvió el Congreso pasado, invocando argumentos que no contempla la Carta Política. Y si bien la disolución fue consagrada por el Tribunal Constitucional, con argumentos discutibles, a nuestro entender –tal como lo sostuvimos reiteradamente–, solo basta invocar la preeminencia de las mayorías circunstanciales –registradas en encuestas– sobre la Carta Política para que se desate el reino de las correlaciones y las maniobras sobre las instituciones. Las repúblicas que han sobrevivido en la historia son las que respetaron fielmente los procedimientos constitucionales y consideraron que los plazos constitucionales de las instituciones eran el fondo y la forma de la Constitución.

Antes de la eliminación del antejuicio constitucional de todos los funcionarios, elegidos y no elegidos, de la República, el presidente Vizcarra y un sector de la sociedad arrinconaron al Legislativo por haber aprobado una fórmula de acotación de la inmunidad parlamentaria, que hoy aparece largamente más racional y prudente que lo acordado. El acuerdo iba a ser sometido a referendo.

De una u otra manera el jefe de Estado pretendió reeditar el escenario político previo a la convocatoria del referendo y del cierre del Legislativo pasado, en medio de una pandemia que ha causado más de 10,000 muertos –según las cifras oficiales– y una recesión que destruirá más del 15% del PBI y arrojará a cerca de cuatro millones de peruanos debajo de la línea de pobreza (que llegará a afectar a cerca del 30% de la población peruana). Ante el imprudente desafío del jefe de Estado al nuevo Congreso, recientemente elegido a iniciativa suya, la asamblea política de legisladores respondió con un acto de guerra: eliminó al antejuicio para todos. A más gestos irresponsables de un lado, más irresponsabilidad del otro.

En otras palabras, el Perú está en una virtual guerra civil sin balas, en la que los ejércitos en combate son los dos poderes del Estado elegidos por sufragio. Al cierre de esta edición también estaba por aprobarse la prohibición de postular a un cargo de elección de los sentenciados en primera instancia, no obstante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que no se pueden prohibir los derechos políticos de los ciudadanos sin sentencia firme de por medio, porque se trata de una violación de DD.HH.

En otras palabras, el sector de la izquierda que ha fomentado la guerra política y la exclusión de determinados sectores políticos comenzaba a salirse con su objetivo: la virtual disolución de la actual experiencia republicana. A estas alturas los “pueblos y mayorías” –que suele invocar el presidente Vizcarra– comenzarán a pedir a gritos orden, ante el desorden general de los poderes constitucionales, en el preciso momento en que la pandemia sigue causando muertes y la recesión aumenta la pobreza. Es hora de reflexionar. Es hora de pactar sin ganadores ni vencidos. No es tarde.