El vía crucis de los Humala

Para la mayoría del país ha sido evidente que la Fiscalía y el juez Concepción Carhuancho actuaron de manera desproporcionada al incautar la vivienda familiar de los Humala, sobre todo considerando que la casa estaba embargada (no se podía disponer de ella) y que no existía la respectiva acusación fiscal. ¿Por qué Carhuancho se ensañaría con Ollanta, Nadine y sus hijos? La respuesta está en el fenómeno de la judicialización política que, unas semanas atrás, desencadenó la peor crisis de gobernabilidad de los últimos 17 años.

Pero, ¿qué es la judicialización de la política? La judicialización de la política es un software que se patentó cuando Nadine Heredia estaba en la cumbre del poder. La Megacomisión Tejada y un grupo de periodistas que hoy lamentan la situación de los Humala fueron los creadores de esta terrible deformación en la democracia. En la judicialización casi nunca existe la correspondiente acusación fiscal, como sucede en cualquier democracia. Todo es preliminar, todo se convierte en un press release. Cada acto del magistrado o de la autoridad se convierte en una bomba mediática con objeto de demonizar y arrinconar al rival.

Al ex presidente García, por ejemplo, se le dijo que era “candidato de los narcos” por haber otorgado 5,000 gracias presidenciales. Sin embargo el caso de los narcoindultos fue una reverenda mentira: se judicializaron 16 casos y solo se sentenció en base a uno. No obstante, García fue destruido electoralmente por los periodistas de Nadine. Después de las elecciones nacionales, el motor de la judicialización de la política se trasladó a la Fiscalía, y allí estamos.

Ningún peruano de buena voluntad, ningún demócrata, puede aprobar el maltrato injustificado a la familia Humala. Es más, es hora de que en el Perú surja un movimiento para limpiar a la Fiscalía y el Poder Judicial de fiscales y jueces que solo actúan para la foto, al margen de cualquier responsabilidad con la justicia. Pero solo puede existir autoridad ante la comunidad política si actuamos con sindéresis: para reclamar contra las arbitrariedades de los Humala también se debió haber criticado (no aplaudido) los allanamientos de los locales de Fuerza Popular. Es la única manera posible de ser escuchados.

En ese contexto, el fiscal Domingo Pérez llevó la demonización del adversario político a otro nivel, perfeccionando el software nadinista de la judicialización. Los locales allanados del fujimorismo fueron el preludio de la renuncia de PPK y también del escarnio contra los Humala. En la judicialización, el fiscal allanador o el juez carcelero es endiosado por los mismos periodistas que hoy asumen el papel de plañideras de los Humala.

El argumento en contra de los allanamientos de los locales de Fuerza Popular y el despojo de la vivienda familiar de los Humala es el mismo: son legales, pero la ley y las instituciones han sido estirados como goma para demoler al rival. En el caso de los Humala, la resolución del Tribunal Constitucional que estableció la libertad de ambos no podía afectar el aura de juez maldito de Carhuancho porque podría estar en juego una carrera política. Entonces vino la venganza irreflexiva contra la familia Humala, sin importar los niños que crecen en su seno, y sin que nadie se pregunte por qué se demora tanto la acusación fiscal.

Es hora de que todos reflexionemos. Los enemigos políticos de los Humala deberían levantar la voz demostrando grandeza y voluntad de construir una cultura política diferente y quienes todavía pretenden jugar a los rasputines de bolsillo, detrás de la oficina de un fiscal, deberían asumir conciencia de que no se debe bastardear las instituciones porque, tarde o temprano, el mal se vuelve contra uno.