El TC en el candelero

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda planteada por el Colegio de Abogados de la Libertad, que establecía la prescripción de las deudas tributarias de acuerdo a la normatividad vigente durante la declaración de las obligaciones y exigía que se cumpliera el principio de la no retroactividad de las normas. La mencionada demanda fue planteada en contraposición con el Decreto Legislativo 1421 que modifica los plazos de la prescripción.

Se habla de una deuda que sobrepasa los S/ 10,000 millones y, al margen de cualquier criterio, es evidente que las empresas afectadas terminarán en el CIADI exigiendo que se cumplan los principios de legalidad en el país. Y es posible que todas ellas ganen en sus demandas. De allí la naturaleza absolutamente polémica de la decisión del TC. Sin embargo, una de las cosas que empieza a preocupar en extremo es la alta ideologización del máximo tribunal encargado de administrar justicia constitucional. En la mañana de ese día, antes de la decisión del TC, el jefe de Estado se pronunció en contra de la demanda señalada. Y la presidenta del TC, Marianella Ledesma, señaló que “las grandes empresas deben pagar sus impuestos como lo hacen todos los contribuyentes”.

En un país en donde el 80% de los ingresos del Estado provienen de las grandes empresas y el 85% de los pagos en impuesto a la renta son solventados por 40 corporaciones, semejantes pronunciamientos solo pueden responder a una alta ideologización en las instituciones. En realidad, el sector privado para la olla del Perú, como se dice. 

Sin embargo, otro de los hechos que salta al primer golpe de vista es que el Congreso anterior y el actual, simplemente, se han hecho de la vista gorda con respecto al control constitucional que deben desarrollar sobre este decreto legislativo y otros. Y si el Congreso se inhibe de ejercer sus funciones, entonces, todas las cosas se recargan sobre el TC.

Unos días atrás el propio TC enfrentó una encrucijada que resolvió –gracias a Dios– de manera apropiada. El Ejecutivo presentó una cautelar para detener el proceso de vacancia por incapacidad moral. ¿Qué hubiese sucedido si el TC establecía que no procedía el proceso de vacancia? En primer lugar, se habría convertido al jefe de Estado en un funcionario blindado ante el cielo y la tierra por cualquier inconducta. Es decir, cualquiera sean los despropósitos morales el jefe de Estado habría permanecido en el cargo hasta el fin de su mandato. La Constitución habría sido alterada en sus posibilidades mínimas de control político. Y, en segundo lugar –es nuestra apreciación– una abrumadora mayoría del Legislativo hubiese reaccionado virulentamente desconociendo el acuerdo del TC y vacando al jefe de Estado. Hoy, sabe Dios, la institucionalidad republicana estaría hecha trizas con las Fuerzas Armadas como factor deliberante. Nadie hubiese ganado. Cualquier victoria habría durado horas, quizá semanas.

El TC entonces actuó con sabiduría en el caso de la vacancia. Hoy, pese a la peor crisis republicana de la reciente historia, las instituciones siguen en pie. Con respecto al TC, pues, unas empiezan a ser de cal y otras de arena.

De allí la enorme importancia de aferrarse a la Constitución y las instituciones en épocas de tumulto y guerra política. Únicamente esa decisión de actuar dentro de la Carta Política puede salvarnos de escenarios devastadores. En ese contexto, comienza a ser una verdadera locura pretender negarle a este Legislativo la facultad de elegir a los seis nuevos integrantes del TC. A reflexionar y buscar salidas.